Magíster en Gestión para la Globalización / El objetivo de esta tesis es desarrollar un plan de negocios destinado a evaluar la conveniencia comercial del proyecto denominado Legal Advisor Chile. Este emprendimiento consiste en una compañía de servicios jurídicos con sede en Santiago, diseñada para satisfacer las necesidades de personas tanto naturales como jurídicas que no residen en Chile y que requieren la ejecución de una actividad, trámite o gestión legal dentro del territorio de la república. Hoy en día, nuestro país es considerando en el plano internacional como uno de los países más abiertos en términos comerciales y, a consecuencia de ello, se ha incrementado la cantidad de servicios que tienden a satisfacer necesidades más allá de nuestras fronteras. Resulta atractivo satisfacer las necesidades que tienen los potenciales clientes que residen fuera del territorio de la república que deben realizar diversas gestiones de índole jurídica en nuestro país. El interés que ha despertado Chile en el extranjero se ha visto reflejado en el quehacer diario de las distintas oficinas consulares con que cuenta nuestro país en el exterior. Sin ser ambiciosos, es posible acceder a un interesante mercado en los dos grupos objetivos seleccionados para este plan. Estos grupos son: a) los chilenos que residen en el exterior y que mantienen vínculos de diversa índole con Chile y que requieren la ejecución de uno o más servicios jurídicos en nuestro país, y b) los extranjeros que tengan la intención de hacer negocios o inversiones en Chile y que diariamente se acercan a las diversas oficinas consulares chilenas en el exterior requiriendo información de cómo ejecutar dichas gestiones dentro del territorio de nuestra república. Se ha delimitado el público objetivo en 114 mil personas, cuyo mercado se valora en no menos de US$11,4 millones anuales. La compañía se focalizará en seis tipos de servicios de acuerdo a las necesidades señaladas por los consultados en las encuestas efectuadas a potenciales clientes, esto son: mandatos judiciales, legalización de documentos, elaboración de contratos, constitución de sociedades, tramitación de posesiones efectivas y la representación ante tribunales de justicia y servicios públicos. El contacto de los clientes se realizará a distancia por medio de la utilización de tecnología existente en un moderno portal web que permita no sólo el contacto, sino que también realizar el pago y el seguimiento de los servicios que se contratan con la compañía. De esta manera, la compañía agrega valor al entregar un servicio profesional de alta calidad, el que se acomoda a estándares internacionales, sin limitaciones de fronteras ni de idiomas y con un compromiso fundado en el conocimiento del negocio y en la experiencia de trabajo multicultural e internacional. Con un horizonte de evaluación de seis años, el capital inicial requerido asciende a US$85 mil y se estima que el payback se produzca al tercer año de funcionamiento. El Valor Presente Neto Total de este negocio asciende a los US$177 mil y la TIR es de un 93%. Los principales riesgos están dados especialmente por la variable Cantidad de Prestaciones . Para abordar esta variable y otros riesgos-, se ha elaborado una estrategia de promociones que permita, por un lado crear sólidas relaciones con los clientes y, por otro, lograr un expedito flujo de información con los consulados. De esta manera, se promoverá el conocimiento de la compañía entre potenciales nuevos clientes. Gracias a las características de la compañía, la que está orientada a la prestación de servicios, sumada a una moderada inversión inicial, se permitirá el desarrollo de este emprendimiento, sin necesidad de adquirir financiamiento externo, lo que trasciende en que el dominio o propiedad de Legal Advisor Chile permanecerá en su integridad en los socios fundadores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta monografía pretende responder a la duda de si el postulante, egresado de Derecho que realiza su práctica en las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) tiene alguna responsabilidad civil por su actividad, especialmente por perjuicios provocados a los patrocinados, y en caso de ser afirmativa esta respuesta averiguar de qué tipo es y bajo qué condiciones se presenta. Para realizar su estudio, el autor se introduce en el tema de la Asistencia Jurídica como derecho y los modos en que se garantiza, deteniéndose en las CAJ como institución y en los postulantes, tomando en cuenta especialmente a las relaciones jurídicas que nacen con la respectiva Corporación y con los otros sujetos, especialmente los patrocinados. Se detiene el estudio en descubrir qué características tiene esta relación y cuáles son los instrumentos actuales para que los derechos de uno y otro puedan ser efectivamente resguardados, poniendo énfasis en la responsabilidad civil que pudiese surgir de esta relación. Luego de esto, se identificaron problemas relativos a la situación jurídica del postulante y se analizaron las soluciones que se han ideado. Finalmente, se ha querido hacer una propuesta propia de solución a esto. El diagnóstico que se ha hecho en este trabajo es que hay poca preocupación acerca de la situación jurídica de los postulantes y en especial de su responsabilidad civil por los daños que pudieran provocar por su labor, especialmente a los patrocinados que defienden. Las soluciones que se han propuesto para la asistencia judicial suelen desdeñar el papel de los egresados, sin considerar que la práctica es también el lugar para el correcto entrenamiento de la técnica jurídica por parte de los futuros abogados. La propuesta correcta, a juicio del autor, es incorporar la responsabilidad civil como elemento que permita salvaguardar los derechos de los patrocinados y a la vez incentivar el correcto desempeño de los egresados de Derecho en su práctica. Palabras clave: postulantes, responsabilidad civil, práctica forense, asistencia jurídica, formación profesional, relaciones jurídicas.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene como objeto principal analizar, desde la perspectiva sociojurídica, la relación que existe entre la práctica y desarrollo de las Unidades de Justicia Vecinal, dependientes del Ministerio de Justicia; y su contribución en el acceso a la justicia. Para cumplir con dicho fin, parte con un análisis general del panorama del acceso a la justicia en el país (I), luego se aboca al estudio de las necesidades jurídicos y sociales que justificaron la instauración de dichas Unidades (II), posteriormente se explicarán los fundamentos procesales orgánicos y funcionales de las Unidades (III), para en un cuarto capítulo efectuar un análisis crítico de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) en el marco del Programa de Unidades de Justicia Vecinal (IV), y finalmente formulamos un balance de la actividad efectiva y productos alcanzados por esta Política Pública, a partir de casos reales (V).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto estudiar críticamente el tratamiento que el Estado chileno ha dado a su obligación de asegurar el derecho a la defensa jurídica a todas las personas, en términos de igualdad y no discriminación, a través de un análisis sistemático de la normativa internacional, constitucional, legal y administrativa relevante, y adicionalmente, presentar una mirada general y panorámica de los modelos comparados, para así determinar en qué medida el Estado chileno cumple con sus deberes en esta materia y cómo podría mejorar las deficiencias halladas. Para ello, se analizarán primeramente las disposiciones pertinentes de los tratados generales de derechos humanos, proponiendo una sistematización de los temas específicos que sobre la materia han sido presentados por la jurisprudencia y la doctrina. El mismo examen se hará respecto de la normativa constitucional y su interpretación dogmática. Posteriormente, se revisará con cierto detalle el diseño y el funcionamiento de los principales mecanismos y órganos de asistencia y defensa jurídica que el Estado chileno otorga a los justiciables. En particular, se analizará el privilegio de pobreza, los abogados de turno, el sistema de defensa penal pública en el proceso penal actual y las Corporaciones de Asistencia Judicial. Además de este tratamiento diferenciado, se presentará una explicación en perspectiva histórica de la actividad estatal en esta materia. El siguiente capítulo presentará una visión global (y por lo tanto muy general) acerca de la asistencia y defensa jurídica del Estado a las personas en el derecho comparado. Se presentarán tres modelos teóricos de ayuda legal (judicare, staff y mixto) y se aterrizarán esos lineamientos a tres sistemas nacionales correspondientes a Italia, Estados Unidos y el Reino Unido. Con estos antecedentes, se pasará a presentar las conclusiones generales del estudio, y se enumerarán propuestas de mejora. Previo a todo esto, un capítulo inicial introducirá los problemas y temáticas a desarrollar.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo de memoria es exponer aquella dimensión del derecho fundamental del igualitario Acceso a la justicia, en lo relacionado con la garantía de los ciudadanos a contar con una defensa letrada. A través de esta investigación, se propone un análisis al texto de constitucional y a los actuales agentes encargados de la asistencia jurídica, examinando el estado actual de la organización de este sistema subsidiario y la forma en que estos mecanismos de asistencia profesional son dispuestos para materializar efectivamente la igualdad técnica de las partes en las diversas formas de enjuiciamiento. Es importante señalar que estos sistemas de asistencia judicial están basados en dos principios básicos; el del debido proceso y el de subsidiariedad. El primero de ellos se relaciona con esta garantía en el acceso necesario a la participación de un profesional que pueda hacerse cargo de la defensa de los intereses de los particulares, de manera tal que las alegaciones y pretensiones que se hagan frente a la autoridad puedan ser respaldadas por un profesional y así poder traducir estas pretensiones en un lenguaje jurídico y en una estrategia procesal adecuada. El principio de la subsidiariedad estatal esta vinculado, en este aspecto, en la necesidad de otorgar esta defensa letrada en aquellos casos en los que no pueda asumirse directamente el costo económico por los particulares que acceden al sistema. Lo anterior significa finalmente que el Estado debe organizar un sistema lo suficientemente amplio para cubrir las necesidades del público que no está en condiciones de pagar las prestaciones privadas de un abogado y ,de esta manera, se genera la obligación de organizar un mecanismo eficiente para responder a esta necesidad pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La necesidad de implementar una justicia vecinal de pequeña cuantía, de pequeños conflictos, cercana a la gente (especialmente los más postergados) es incontrovertible e imperiosa, sin embargo, pese a ser un tema ampliamente debatido desde hace mucho años no ha encontrado cauce suficiente y satisfactorio que permita contar con una decisión final sobre su implementación. Podemos decir con certeza que, hasta hoy, no existe una decisión sobre cómo enfrentar esta demanda. Más aún, es posible decir que no existen datos empíricos suficientes que permitan respaldar la necesidad de contar con una herramienta jurisdiccional, que signifique la instalación de juzgados, jueces, procedimientos, etc.