Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto estudiar críticamente el tratamiento que el Estado chileno ha dado a su obligación de asegurar el derecho a la defensa jurídica a todas las personas, en términos de igualdad y no discriminación, a través de un análisis sistemático de la normativa internacional, constitucional, legal y administrativa relevante, y adicionalmente, presentar una mirada general y panorámica de los modelos comparados, para así determinar en qué medida el Estado chileno cumple con sus deberes en esta materia y cómo podría mejorar las deficiencias halladas. Para ello, se analizarán primeramente las disposiciones pertinentes de los tratados generales de derechos humanos, proponiendo una sistematización de los temas específicos que sobre la materia han sido presentados por la jurisprudencia y la doctrina. El mismo examen se hará respecto de la normativa constitucional y su interpretación dogmática. Posteriormente, se revisará con cierto detalle el diseño y el funcionamiento de los principales mecanismos y órganos de asistencia y defensa jurídica que el Estado chileno otorga a los justiciables. En particular, se analizará el privilegio de pobreza, los abogados de turno, el sistema de defensa penal pública en el proceso penal actual y las Corporaciones de Asistencia Judicial. Además de este tratamiento diferenciado, se presentará una explicación en perspectiva histórica de la actividad estatal en esta materia. El siguiente capítulo presentará una visión global (y por lo tanto muy general) acerca de la asistencia y defensa jurídica del Estado a las personas en el derecho comparado. Se presentarán tres modelos teóricos de ayuda legal (judicare, staff y mixto) y se aterrizarán esos lineamientos a tres sistemas nacionales correspondientes a Italia, Estados Unidos y el Reino Unido. Con estos antecedentes, se pasará a presentar las conclusiones generales del estudio, y se enumerarán propuestas de mejora. Previo a todo esto, un capítulo inicial introducirá los problemas y temáticas a desarrollar.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo de memoria es exponer aquella dimensión del derecho fundamental del igualitario Acceso a la justicia, en lo relacionado con la garantía de los ciudadanos a contar con una defensa letrada. A través de esta investigación, se propone un análisis al texto de constitucional y a los actuales agentes encargados de la asistencia jurídica, examinando el estado actual de la organización de este sistema subsidiario y la forma en que estos mecanismos de asistencia profesional son dispuestos para materializar efectivamente la igualdad técnica de las partes en las diversas formas de enjuiciamiento. Es importante señalar que estos sistemas de asistencia judicial están basados en dos principios básicos; el del debido proceso y el de subsidiariedad. El primero de ellos se relaciona con esta garantía en el acceso necesario a la participación de un profesional que pueda hacerse cargo de la defensa de los intereses de los particulares, de manera tal que las alegaciones y pretensiones que se hagan frente a la autoridad puedan ser respaldadas por un profesional y así poder traducir estas pretensiones en un lenguaje jurídico y en una estrategia procesal adecuada. El principio de la subsidiariedad estatal esta vinculado, en este aspecto, en la necesidad de otorgar esta defensa letrada en aquellos casos en los que no pueda asumirse directamente el costo económico por los particulares que acceden al sistema. Lo anterior significa finalmente que el Estado debe organizar un sistema lo suficientemente amplio para cubrir las necesidades del público que no está en condiciones de pagar las prestaciones privadas de un abogado y ,de esta manera, se genera la obligación de organizar un mecanismo eficiente para responder a esta necesidad pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El estudio del nuevo sistema de defensa penal pública se ha formulado de la siguiente manera: En el capítulo I bajo el título " La defensa", se presenta esta institución, se conocen sus antecedentes históricos y las acepciones del derecho de defensa como garantía constitucional y como garantía del proceso. Se distingue la defensa privada de la defensa pública, examinando la organización del servicio público de defensa y las funciones del defensor de oficio. En el capítulo II titulado "La defensa en el proceso penal chileno y la defensa pública en el ordenamiento jurídico internacional" se analizan los principios rectores de la defensa en el proceso penal, también recogidos en los tratados internacionales: la igualdad entre las partes, la presunción de inocencia, el principio de congruencia, el derecho a un debido proceso, el derecho a la publicidad del proceso y cómo estos principios son protegidos en el actual proceso penal chileno y en el sistema latinoamericano. En el capítulo III "Defensa técnica y servicio de defensa pública" se precisa la naturaleza de la defensa técnica y su relevancia, las funciones del abogado defensor y las distinciones existentes entre la asistencia jurídica gratuita, la asistencia pública y privada y la normativa legal vigente, que provee de defensa jurídica a todos aquellos imputados o acusados que en el curso de un proceso se vean privados de un defensor de confianza. En el capítulo IV "La defensa en Chile", se analiza desde un enfoque normativo y jurisprudencial al titular de la garantía de defensa y el ejercicio de su derecho en el marco legal vigente. Se formulan las consideraciones y los objetivos de la reforma procesal penal y las principales diferencias entre el proceso penal actual y el proceso penal reformado. El capítulo V denominado "La defensa en la reforma procesal penal" se analiza en profundidad al titular del derecho de defensa, sus derechos, facultades y garantías en el proceso penal reformado. Se aborda los sujetos procesales en la etapa de instrucción como parte de la estructura del procedimiento ordinario por delitos de acción penal pública y cómo se respetan en ella, los derechos y garantías del imputado principalmente durante la investigación y actividades probatorias como en las medidas cautelares de carácter personal. Se sistematiza el proceso y el ejercicio de la defensa en las etapas de formalización de la instrucción, en las llamadas salidas alternativas y procedimientos abreviados, en el juicio oral, en el derecho a recurrir del fallo, para concluir este capítulo con el análisis del proyecto de ley de Defensoría Penal Pública, que regula su organización y funcionamiento.

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014 / La presente memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene por objeto proporcionar al lector un estudio sistematizado sobre el derecho a defensa estipulado en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su aplicación en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el periodo de los años 2004 a 2012. Posteriormente, utilizando esta base, la comparamos con la legislación y alguna jurisprudencia chilena, para conocer la aplicación e interpretación de este derecho en nuestro ordenamiento jurídico. La metodología empleada es la siguiente: a) recopilación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, extraída desde la página de internet oficial del tribunal de los años 2004 al 2012 y la selección de fallos atingentes; b) confección de extractos de las sentencias seleccionada; c) análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la materia; d) investigación de legislación nacional ordinaria y especial relativa al derecho a defensa; e) recopilación de cierta jurisprudencia nacional relacionada con la materia; f) comparación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana con la legislación y jurisprudencia nacional; y g) conclusiones del estudio. El trabajo busca contribuir con un tema poco estudiado como es el derecho a defensa y su análisis a partir de las sentencias de la Corte IDH y su relación con la legislación y jurisprudencia nacional, con el objeto de determinar si nuestro ordenamiento se enmarca dentro de las normas y jurisprudencia del derecho internacional de los DDHH, de forma de contribuir al análisis de nuestro sistema en pos del respeto y aseguramiento de los DDHH

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación que se presenta a continuación tuvo como objetivo determinar si el derecho a defensa y al debido proceso han sido respetados durante la aplicación de medidas disciplinarias, en la fase de ejecución de sanciones, a los adultos condenados a penas privativas de libertad en Chile. Para este efecto, el marco teórico se construyó a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la respectiva normativa nacional referente al sistema penitenciario. El marco teórico fue analizado en función de la práctica, en particular, las medidas disciplinarias aplicadas por Gendarmería de Chile. Para lo último, se solicitó información sobre los procedimientos de aplicación de sanciones disciplinarias en dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana, esto es, el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur y el Centro de Orientación Femenina. El estudio concluye revelando que en el procedimiento y aplicación de sanciones administrativas se han presentado una serie de falencias, tanto a nivel normativo como práctico, en relación a las obligaciones internacionales contraídas por Chile. Por lo anterior, se finaliza presentando una serie de propuestas que tienen como objeto final, contribuir a erradicar las incongruencias del actual sistema penitenciario. Esperamos que el presente estudio permita una reflexión y base para la modificación del actual sistema de medidas disciplinarias así como el mejoramiento de estándares -tanto de derechos humanos como procesales-, ya que estas medidas también tienen por objetivo la rehabilitación y reinserción de las personas adultas condenadas a penas privativas de libertad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo trata sobre el origen, fundamento, sentido y alcance del artículo 61 de la ley N°20.000, según el cual se establece que a los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados a cualquier título en la Administración del Estado les estará prohibido ejercer la defensa o representación de personas imputadas por delitos contemplados en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, so pena de ser sancionados con la destitución del cargo, la cesación del contrato u otra medida disciplinaria dependiendo de la gravedad de la conducta que se le atribuye al imputado patrocinado o representado. Dicha norma encuentra su origen y fundamento en la política criminal de corte represivo- preventivo sobre control de drogas imperante en el mundo, la cual, además de haber generado distintos instrumentos internacionales sobre la materia, ha ejercido una influencia sustancial sobre el ordenamiento jurídico chileno. En ese sentido, intentaremos dilucidar si el precepto en comento se ajusta o no a lo dispuesto en nuestra Carta Fundamental, toda vez que su aplicación implica la restricción de ciertos derechos y libertades fundamentales consagrados por nuestra Constitución.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar la implementación de la Ley Nº21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales. Su rol en la prevención de la victimización secundaria en Chile y en el Derecho Comparado, y los conflictos de dicha implementación en relación al derecho de defensa del imputado. Para lograrlo, en un primer capítulo se contextualiza al lector respecto a las problemáticas previas que dan cuenta de la necesidad de crear un método de prevención de la victimización secundaria, mediante el análisis de lo que significa que los niños, niñas y adolescentes, sean “víctimas especialmente vulnerables de delito”. A continuación, se expone un catálogo de derechos de los cuales son titulares en función de la protección especial que les ha sido otorgada por diferentes estándares internacionales, ya sea por su calidad de víctima, como de niño, niña o adolescente. Ultimando con la descripción de algunas de las consideraciones relevantes respecto al testimonio del menor de edad, con énfasis en la teoría del hechizo y el proceso de develación. Con estas herramientas, en un segundo capítulo se describe la entrevista video-grabada como método de prevención de la victimización secundaria, exponiendo las diversas formas en las cuales se ha llevado a cabo su incorporación probatoria al Juicio Oral, en Chile y en el Derecho Comparado. Finalizando con el estudio del conflicto que surge a partir de su implementación debido a la colisión de derechos entre el niño, niña y adolescente víctima de delitos sexuales y el derecho de defensa del imputado.