Durante el conflicto armado interno se perpetraron diversos crímenes que acentuaron los problemas estructurales que históricamente imperaban en nuestro país. El Estado Peruano no se encontraba consolidado y su atención no estaba destinada a solucionar las problemáticas sociales. De esa forma, los crímenes cometidos principalmente contra la población civil continuaron impunes. Por lo tanto, los roles asignados dentro de la sociedad generaron que las mujeres1 , durante el conflicto, sean consideradas débiles y fueran utilizadas como estrategias de guerra para atacar y advertir al oponente hombre. Gran parte de ellas se caracterizaban por vivir en comunidades ubicadas en la sierra sur del país, zonas excluidas, pobres y alejadas de la capital, como la provincia de Huamanga, lo que generó que sus reclamos y denuncias, ante los delitos perpetrados, no fueran parte de la agenda estatal. Si bien, durante su búsqueda de justicia, fue necesario que las víctimas del conflicto cuenten con servicios de asistencial legal gratuita, a fin de ser asesoradas y patrocinadas legal y gratuitamente, el Estado no priorizó su atención. De ese modo, la necesidad y urgencia de su implementación no fue relevante durante este periodo. En ese sentido, la presente investigación busca conocer cuáles son las limitaciones actuales de los servicios públicos de asistencia legal gratuita de las mujeres de Huamanga tras los crímenes perpetrados durante el conflicto armado interno. De ese modo, se indaga sobre la efectividad de estos servicios, después de 20 años de ocurridos estos hechos, a través de los testimonios brindados por diversas mujeres, víctimas de este periodo, que señalan los obstáculos con las que han contado para acceder a ellos.