TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN / Angulo Humeres, Armando, [Parte I], Hernández Gálvez, Manuel Jesús, [Parte II] / La relación entre el Estado y sus ciudadanos, en el ámbito tributario, se refleja en cómo éstos últimos aportan, a través del pago de los respectivos impuestos, para la consecución de objetivos comunes de índole general, como pueden ser, entre otros, corregir externalidades negativas, proveer bienes púbicos o redistribuir la riqueza1. Dentro de los métodos que se utilizan para efectos de determinar el cuantum del aporte que cada ciudadano debe proveer para la persecución de estos fines, está el de la autodeterminación de la obligación tributaria, mecanismo mediante el cual, es el ciudadano (propiamente contribuyente en esta faceta) quién determina y declara ante el organismo recaudador el monto a enterar en arcas fiscales (sin perjuicio de que hay casos en que el contribuyente solicita devolución de impuestos). Es en virtud de esta autodeterminación de la obligación tributaria, que el legislador otorgó diversas facultades al ente encargado de fiscalizar en este ámbito, específicamente el Servicio de Impuestos Internos (en adelante el Servicio), quien debe velar por el correcto cumplimiento de las disposiciones tributarias tanto principales como accesorias, y determinar, en definitiva, si lo declarado por los contribuyentes se ajusta a su realidad económica. Así, como señala Evans, (2010, p.20), el poder tributario existe radicado en el Estado aun antes de que se materialice su ejercicio. Dentro de estas facultades de fiscalización otorgadas por el legislador, y para efectos de iniciar procesos de auditoría tributaria, en los cuales el Servicio recopila antecedentes de los contribuyentes para efectos de compararlos con la información que posee en sus sistemas o la proporcionada por terceros, está el denominado “requerimiento de antecedentes”. El requerimiento de antecedentes, como medio de fiscalización propiamente tal, fue introducido al artículo 59 del Código Tributario2, contenido en el artículo 1° del Decreto Ley N° 830 de 1974 (en adelante Código Tributario), por la Ley N°20.420, de fecha 19 de febrero de 2010. Sin embargo, cabe señalar que esta introducción normativa en el Código Tributario dice relación sólo con los impuestos a la renta, ya que, en materia del Impuesto al Valor Agregado, se consagró este medio de fiscalización en el artículo único de la Ley N°18.320, de fecha 17 de julio de 1984. Este medio de fiscalización, no obstante su vital importancia en los procesos de auditoría que realiza a diario el Servicio de Impuestos Internos, genera inconvenientes prácticos que dan lugar al desarrollo del presente trabajo.