Este artículo enfoca la historia de la fiscalidad peruana en los últimos 42 años (periodo 1970-2011), y enfatiza sus lecciones sobre el lado tributario y descubre que mucho de lo sostenido respecto a lo supuestamente bajo o reducido de su presión no es observado en los hechos. La presión tributaria del sector público no financiero (que incorpora toda carga que coincide con la definición económica –no legal-local– de un impuesto o tributo) el año pasado alcanzó el 23,8 por ciento del PBI. Un valor mucho mayor al que comúnmente se maneja y que solo incluye ciertas cargas tributarias. Aquí se enfocan tanto hechos estilizados poco discutidos (como que la proporción de ingresos tributarios no provenientes de cargas impuestas por el Gobierno Central es creciente, así como su presión sobre la producción e ingresos locales) cuanto la lección de que una porción significativa de la recaudación de tributos y de los niveles de presión tributaria observada resultan altamente sensibles a la evolución de los términos de intercambio y precios externos que enfrentamos.

Charla que nos informa respecto a como se realizarán las fiscalizaciones tributarias en tiempos Digitales.

Memoria para optar al título de periodista

Como sabemos el estado peruano obtiene ingresos para ejercer su soberanía a través de la recaudación de impuestos principalmente. Es labor de SUNAT vigilar por el correcto cumplimiento de esta obligación y de concientizar a la población de lo mismo. Al respecto se cuenta con estadísticos que avalan la existencia de contribuyentes que evaden impuestos, siendo esto una problemática que debilita la recaudación y atenta con el bienestar de todos. Para ello, se detectó la oportunidad de diseñar un programa de fiscalización para reducir la evasión de impuestos, siendo esto aplicable en los profesionales de la salud, pues son un segmento del cual se espera mejorar su contribución mensual. Los objetivos planteados fueron determinar el incremento patrimonial no justificado, realizar el cruce de información con otras entidades públicas y privadas, implantar acciones de fiscalización en donde intervengan empresas, instituciones y personas a fin de detectar ingresos no declarados. Adicionalmente se propondrá celebrar convenios con lugares estratégicos a fin de mantener a la población informada. La investigación fue descriptivo – analítico, teniendo como instrumentos la observación y encuesta. Como resultados trascendió la falta de información de estas personas, quienes manifestaron desconocer la obligación de llevado de libros o la obligación de emitir recibo de honorarios por todos los ingresos percibidos, entre otros. Finalmente se detectó que existe una real y urgente necesidad de implementar un programa de fiscalización en los profesionales de salud afectos a renta de cuarta categoría, esto influiría positivamente en cifras incrementando el ingreso por recaudación de impuestos. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El proyecto de memoria que a continuación van a leer contiene una visión práctica y descriptiva de las atribuciones y funciones que cotidianamente cumple una institución como es la Dirección del Trabajo, muchas veces desconocida por las personas a las cuales se resguarda con el ejercicio de sus funciones, incluidos aquellos que, aún cuando nos encontramos relacionados con ella a través del ejercicio profesional, desconocemos en concreto cómo funcionan los procedimientos establecidos por las distintas normativas laborales vigentes, y en los cuales la Dirección del Trabajo tiene un papel fundamental. A pesar de tener un papel tan importante, el perfil o imagen que comúnmente que se tiene de la Dirección se encuentra a años luz de lo que realmente es, ya que al igual que el Derecho del Trabajo, esta institución se va adecuando a los cambios sociales que se producen en nuestro país, siempre en la defensa de los trabajadores y de la normativa laboral vigente. Compuesta por personas que tienen clara la función que cumplen día a día en nuestra sociedad, la Dirección del Trabajo ha intentado mantenerse al tanto de todos los cambios que se producen en la vida laboral de los trabajadores, preocupándose que éstos se desenvuelvan en las mejores condiciones posibles, a fin de que nuestro país cuente con una fuerza laboral que se desarrolle acorde con el crecimiento que se espera del mismo, más aún si consideramos nuestro actual escenario político y económico, en el cual progresivamente se materializan sueños de integración con el resto del mundo.

En estas instrucciones impartidas a sus propios funcionarios, la Dirección del Trabajo se manifiesta sobre la aplicación práctica de las atribuciones y competencias que la ley le confiere, siendo de especial interés su análisis, puesto que constituye la base de actuación de sus funcionarios

Plantea demostrar que la fiscalización ambiental desarrollada por el OEFA en el periodo comprendido entre finales del año 2012 e inicios del año 2016 logró equilibrar la protección ambiental con la inversión privada. Para tal efecto, dicha fiscalización se caracterizó por un enfoque que privilegió la subsanación voluntaria de las infracciones, la remediación ambiental, el dictado de medidas correctivas y el incentivo voluntario al cumplimiento y sobrecumplimiento de las obligaciones ambientales, dejando el aspecto meramente punitivo —la imposición de sanciones— como el último recurso, la ultima ratio. En ese objetivo, en el Capítulo I se abordan conceptos que nos permitirán comprender la naturaleza de la potestad sancionadora que ejerce el OEFA. Así, se aborda lo referido al poder punitivo del Estado, su extensión en el ámbito penal y administrativo y el entendimiento jurídico que se tiene sobre la potestad sancionadora de la Administración Pública, destacando las tres manifestaciones de esta: la que se ejerce sobre los administrados, la disciplinaria que se ejerce sobre los servidores civiles y el régimen de la responsabilidad administrativa funcional. En el Capítulo II se explican los principios de legalidad y tipicidad, debido procedimiento, razonabilidad (proporcionalidad y gradualidad) y predictibilidad, que son aquellos respecto de los cuales el OEFA ha prestado especial atención a efectos de ofrecer a la ciudadanía procedimientos de supervisión y de fiscalización que cumplan los estándares más altos respecto del derecho de defensa y del debido procedimiento. El Capítulo III narra el contexto en el que se desarrolla la fiscalización ambiental del OEFA, que es el de la gestión ambiental. En este sentido, se explica lo que es la gestión ambiental, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y los cinco subsistemas funcionales que conforman dicho sistema, siendo uno de ellos el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), que es el subsistema funcional en el que el OEFA ejerce su potestad sancionadora. En el Capítulo IV se explica cómo se desarrollaba la fiscalización ambiental antes de la creación del OEFA, se mencionan los compromisos asumidos en materia de fiscalización ambiental en el Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre Perú y Estados Unidos de América el año 2006 y cómo, en cumplimiento de estos compromisos, se crea el OEFA el año 2008 con la dación del Decreto Legislativo Nº 1013, norma que crea al Ministerio del Ambiente. Posteriormente, en el Capítulo V, se mencionan las competencias generales del OEFA, las competencias específicas de sus tres direcciones de línea y las competencias en materia de supervisión directa que el OEFA ha venido asumiendo desde el año 2010 hasta julio del 2016: minería, energía (electricidad e hidrocarburos), pesquería, diversos rubros de la industria manufacturera, lo relativo a la moratoria para el ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados (OVM) y la supervisión a las consultoras ambientales que tienen la obligación de estar inscritas en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). En el Capítulo VI se desarrolla lo que se conoce como el “macroproceso” de la fiscalización ambiental, el cual comprende las acciones de evaluación de la calidad ambiental de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto o actividad económica, de supervisión directa de las obligaciones ambientales de las empresas, de fiscalización y sanción ─tramitación de procedimientos sancionadores─ y de aplicación de incentivos. El Capítulo VII explica cómo entre los últimos meses del año 2012 y los primeros meses del año 2016 se fortaleció el espacio normativo de la fiscalización ambiental a través de la dación de leyes, decretos supremos y resoluciones del Consejo Directivo y de la Presidencia del Consejo Directivo del OEFA que establecieron un conjunto normativo coherente y uniforme que ha permitido el ejercicio de una fiscalización ambiental eficiente y eficaz. En el Capítulo VIII se explica cómo, en el periodo materia de análisis (entre finales del año 2012 e inicios del 2016), las tipificaciones de infracciones y escalas de sanciones aprobadas por el OEFA cumplen con los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad, proporcionalidad y gradualidad. En el Capítulo IX se explica de qué manera se ha fortalecido en los últimos años el derecho de defensa de los administrados, tanto respecto de la actividad de supervisión como en el marco de un procedimiento sancionador. El Capítulo X aborda lo referido a la subsanación voluntaria de los hallazgos de menor trascendencia, los incentivos introducidos en la metodología utilizada para el cálculo de las multas para promover una mayor y más rápida remediación ambiental, la aplicación del Artículo 19º de la Ley Nº 30230 —y las normas reglamentarias expedidas por el OEFA para la aplicación de dicho artículo— con la finalidad de privilegiar la remediación ambiental y el dictado de medidas correctivas en lugar de la imposición de sanciones. Luego, en el Capítulo XI, se expone lo referido al fortalecimiento en el dictado de medidas administrativas (medidas preventivas, mandatos de carácter particular, requerimientos de actualización de instrumento de gestión ambiental, medidas cautelares y medidas correctivas), instrumentos que, bajo un nuevo enfoque de la fiscalización ambiental, promueven una oportuna y eficaz remediación ambiental. En el Capítulo XII se explica que el OEFA, con el objeto de lograr el cumplimiento de las obligaciones ambientales, ha utilizado instrumentos distintos a la sanción para lograr dicho objetivo: el reconocimiento del hecho infractor (y el consecuente compromiso de destrucción de OVM) para evitar la tramitación de un procedimiento sancionador, el registro de buenas prácticas ambientales y el régimen de incentivos, lo que evidencia la implementación de un nuevo enfoque en el que la imposición de sanciones es el último recurso, la ultima ratio. Finalmente, a modo de Colofón, se explica que el impacto de la fiscalización ambiental sobre el desempeño ambiental de las empresas mineras en el periodo 2013-2014 fue positivo, y que cuando se tengan los resultados del periodo 2014-2015 se podrá efectuar una adecuada recomendación sobre prorrogar o no el régimen establecido en el Artículo 19º de la Ley Nº 30230. / Tesis

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER ENTRIBUTACION / Mariela Sáez Saavedra [Parte I], Alejandra Vargas Carlier [Parte II] / El trabajo aborda las modificaciones de la Reforma Tributaria contenidas en la Ley N°20.780 del año 2014 y la Ley N°20.899 del año 2016, referente a las a las Nuevas Facultades de Fiscalización contenidas en el Código Tributario, este trabajo se enfoca en las modificaciones de los artículos 60 y artículo 69 inciso final, respectivamente. Para ello, en primer lugar, analizan en los mensajes presidenciales de las reformas mencionadas en busca de las razones del porqué de estos cambios, se proporciona un marco teórico de los artículos mencionados y evolución hasta las modificaciones señaladas. A continuación, se realiza un análisis de las modificaciones, se intenta establecer el sentido y alcance y los problemas que gatillan estas nuevas disposiciones. Finalmente, se expone que la materia abordada, genera un retroceso en los derechos del contribuyente artículo 8 bis esto relacionado con el artículo 60 y que la facultad del Servicio de Impuestos Internos del artículo 69 inciso final relacionado con el término de giro mediante resolución, puede ser revocada por el interesado.

El objetivo de esta memoria no es determinar los límites a la actuación fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o proponerlos, sino que presentar una visión desde la cual se puede pensar en lograr tal desafío.

La ley de insumos químicos tiene como finalidad, el control y fiscalización de los productos químicos. En territorio peruano se puede observar que esta normativa busca controlar y fiscalizar los insumos químicos durante el ingreso, permanencia, traslado y salida; tanto en personas y medios de transporte de los productos, a fin de evitar su empleo en la elaboración ilícita de drogas establecidas en la Ley N° 28305, proyecto que además guarda coherencia con las normas legales vigentes, se ajusta a la Constitución Política, la Ley N° 28305, modificados por la Ley N° 29037 y la Ley N° 29251.