Es común encontrar en las calles adyacentes a los locales de las comisarías de la División Territorial Centro 2 de la Región Policial Lima, numerosos vehículos estacionados y abandonados a cargo y custodiados por la Policía Nacional del Perú. Los vehículos llegan hasta las comisarías por disposición del Poder Judicial y el Ministerio Público, generando obstaculización del tránsito peatonal y vehicular, por ende, la incomodidad del vecindario. Ante tal situación, se hace necesario considerar una política pública que solucione el problema y en esa línea nos preguntamos ¿Cómo se realiza la gestión del patrimonio vehicular proveniente de la custodia dispuesto por el Poder Judicial y Ministerio Público a las comisarías de la DIVTER Centro 2 de la REGPOL Lima durante los años 2014 – 2016? nos interesa conocer la forma en la que se realiza dicha gestión y cómo repercute en las labores que desempeña la policía. Investigar la gestión del patrimonio vehicular nos permite a su vez describir su expresión política y su repercusión en el prestigio institucional de la policía. Teniendo en consideración que ocuparse del cuidado de los vehículos que les son entregados para ser custodiados no les permite cumplir sus otras funciones, como la de combatir el delito en todas sus modalidades. Finalmente, la investigación es importante porque aporta a la literatura académica que investiga sobre los conflictos gubernamentales y la coordinación en las instancias policiales. Lo que, a su vez, permite entender la respuesta de la institución policial ante un problema que se mantiene en el tiempo. Para lograr los objetivos planteados, se ha empleado una metodología cualitativa, donde se han realizado un conjunto de entrevistas y la búsqueda y análisis de fuentes secundarías. Por último, la experiencia del autor fue fundamental para comprender la complejidad del fenómeno analizado.

El presente trabajo analiza la problemática del incumplimiento de la normativa en el servicio de transporte terrestre regular de personas entre los centros poblados de Tarapoto y Yurimaguas, que prescribe que el transporte de personas entre los referidos centros poblados se realice por con vehículos de gran capacidad. Se plantea la hipótesis de que la regulación de la categoría vehicular utilizada para la prestación del servicio no se adecúa al caso particular del transporte terrestre entre ambas localidades, por cuanto esta regulación no minimizaría el costo generalizado por persona transportada, indicador de planificación de transporte que considera las economías de escala de la provisión del servicio en vehículos de gran capacidad y el tiempo promedio de espera del usuario. Los resultados implican que si bien existe un costo derivado del mayor tiempo de espera del usuario del servicio derivado del mayor tiempo de espera cuando el servicio se atiende en unidades de mayor capacidad, este es más que compensado por las eficiencias inducidas por la mayor capacidad del servicio de transporte para el nivel de demanda de servicios de transporte terrestre observada entre las localidades de Tarapoto y Yurimaguas, por lo que se rechaza la hipótesis planteada. Se plantean explicaciones alternativas respecto al incumplimiento de la normativa, relacionadas con limitantes en el acceso financiero para la adquisición de unidades de gran capacidad y a la dinámica local de formación de empleo en la prestación del servicio, en el marco de la persistencia de una falla de mercado “equilibrio malo” resultado de la falta de incentivos al cambio en la forma de prestación del servicio. / Tesis