La presente investigación sostiene como hipótesis que resulta válido establecer un control ex-ante a las ordenanzas municipales que determinen sanciones pecuniarias, a efectos de cautelar la observancia al principio de razonabilidad. Esta medida responde a que, si dichas sanciones no se encuentran debidamente sustentadas en ese marco normativo interno, los efectos de su aplicación podrían resultar ilegales e inconstitucionales, al permitir alcanzar sumas manifiestamente desproporcionadas, vulnerando así derechos fundamentales del administrado. Cuando nuestra hipótesis utiliza el término de validez, es en el sentido de demostrar que se justifica o resulta necesario establecer ese control ex ante; así como que, resulta técnica y jurídicamente viable; esto es sin vulnerar la autonomía municipal. Como metodología se utiliza la argumentación jurídica constitucional, el análisis normativo, el estudio de casos; entre otros, para evidenciar que el marco normativo general al cual las municipalidades se encuentran sujetas resulta insuficientemente desarrollado, dejando gran parte de la regulación a su normativa interna, lo que permite ampliar los ámbitos de su discrecionalidad, lo que deviene en incumplimientos, contradicciones y/u omisiones a la norma general. Esto mismo sucede cuando se regula en su facultad sancionadora; lo que permite por parte de los operadores municipales, escasa rigurosidad en el sustento técnico para establecer los valores determinados como sanción en su normativa e imposibilita la aplicación efectiva de criterios de gradualidad previstos en la ley, lo que no coadyuva en garantizar la obtención de sanciones justas. Es con ese objetivo que, en el presente trabajo se desarrollan alternativas de propuesta regulatoria.

La presente investigación sostiene como hipótesis que resulta válido establecer un control ex-ante a las ordenanzas municipales que determinen sanciones pecuniarias, a efectos de cautelar la observancia al principio de razonabilidad. Esta medida responde a que, si dichas sanciones no se encuentran debidamente sustentadas en ese marco normativo interno, los efectos de su aplicación podrían resultar ilegales e inconstitucionales, al permitir alcanzar sumas manifiestamente desproporcionadas, vulnerando así derechos fundamentales del administrado. Cuando nuestra hipótesis utiliza el término de validez, es en el sentido de demostrar que se justifica o resulta necesario establecer ese control ex ante; así como que, resulta técnica y jurídicamente viable; esto es sin vulnerar la autonomía municipal. Como metodología se utiliza la argumentación jurídica constitucional, el análisis normativo, el estudio de casos; entre otros, para evidenciar que el marco normativo general al cual las municipalidades se encuentran sujetas resulta insuficientemente desarrollado, dejando gran parte de la regulación a su normativa interna, lo que permite ampliar los ámbitos de su discrecionalidad, lo que deviene en incumplimientos, contradicciones y/u omisiones a la norma general. Esto mismo sucede cuando se regula en su facultad sancionadora; lo que permite por parte de los operadores municipales, escasa rigurosidad en el sustento técnico para establecer los valores determinados como sanción en su normativa e imposibilita la aplicación efectiva de criterios de gradualidad previstos en la ley, lo que no coadyuva en garantizar la obtención de sanciones justas. Es con ese objetivo que, en el presente trabajo se desarrollan alternativas de propuesta regulatoria.

En el presente informe académico se analiza los problemas identificados en la Resolución Nº 0199- 2013/SDC-INDECOPI con la finalidad de demostrar que la imposición de barreras burocráticas implica el ejercicio de la función normativa de las entidades de la Administración Pública; es decir, implica la creación y emisión de nuevas normas que innovan el ordenamiento jurídico. Además, se precisa que no toda imposición de una barrera burocrática es ilegal y/o carente de razonabilidad, toda vez que las barreras son necesarias para equilibrar el interés privado (libertad de empresa y libre iniciativa privada) con el interés general. En tal sentido, se concluye que la Municipalidad Distrital de Miraflores no ha impuesto una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, puesto que no ejerció la función normativa. Por otro lado, se busca demostrar que la definición de espacio público cerrado contenida en el Reglamento de la Ley N° 28705, Ley General para la Prevención y Control del Riesgo del Consumo del Tabaco ha transgredido y desnaturalizado la referida ley; pues dicha definición es más restrictiva, debido a que incluye como espacio público cerrado a los balcones y terrazas. Con la finalidad de demostrar lo señalado, se estudió la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y Ley Nº 26842, Ley General de Salud y su Reglamento; asimismo, se consideró como parte del análisis la doctrina y la jurisprudencia. / This academic report analyzes the problems identified in Resolution No. 0199-2013/SDCINDECOPI with the purpose of demonstrating that the imposition of bureaucratic barriers implies the practice of the normative function of the entities of the Public Administration; that is, it implies the creation and issuance of new rules that innovate the legal system. Furthermore, it is specified that not every imposition of a bureaucratic barrier is illegal and/or unreasonable, since the barriers are necessary to balance the private interest (freedom of enterprise and freedom of private initiative) with the general public interest. In this sense, it is concluded that the District Municipality of Miraflores has not imposed an illegal and/or unreasonable bureaucratic barrier, since it did not exercise its regulatory function. On the other hand, it is sought to demonstrate that the definition of enclosed public space contained in the Regulation of Law No. 28705, General Law for the Prevention and Control of the Risk of Tobacco Consumption has transgressed and distorted the referred law; since said definition is more restrictive, due to the fact that it includes balconies and terraces as enclosed public space. In order to demonstrate the above, Law N°. 27972, Organic Law of Municipalities, Law N°. 27783, Law of Bases of Decentralization and Law N°. 26842, General Law of Health and its Regulations were studied; likewise, doctrine and jurisprudence were considered as part of the analysis.

La Constitución de 1993 reconoce la participación de las personas en la economía nacional a través de la puesta en práctica del derecho de libertad de empresa bajo un contexto en el que la iniciativa es privada y se mueve en el marco de la economía social de mercado, donde el Estado establece políticas y regulaciones que velan por proteger tales derechos; sin embargo, resultará necesario que sea limitado o restringido con el objetivo de velar por el interés público. Las condiciones establecidas y emitidas por el Estado imponen barreras burocráticas que limitan dichas libertades, cuya validez se basará en principios de legalidad y razonabilidad; debido a que de lo contrario, se causaría un perjuicio a la actividad privada con los requisitos, exigencias, cobros y/o prohibiciones que imponen las Entidades como las Municipalidades, en virtud de su autonomía constitucionalmente reconocida y desarrollada mediante leyes como la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; sin embargo, debe ser ejercida observando todo el ordenamiento jurídico. En ese sentido, las condiciones establecidas por las Municipalidades que limitan la libertad de empresa, a través de la imposición de un horario de apertura y/o cierre a los establecimientos comerciales, son barreras burocráticas que podrían ser declaradas ilegales o irrazonables por la entidad competente para ello. / The 1993 Constitution recognizes the participation of people in the national economy through the implementation of the right to free enterprise in a context where free private initiative moves within the framework of the social market economy. The State establishes policies and regulations that ensure the protection of such rights; however, it will be necessary to be limited or restricted to protect the public interest. The conditions established and issued by the State impose bureaucratic barriers that limit the freedom of enterprise and free private initiative. Its validity will be based on principles of legality and reasonableness. Failure to comply with these conditions would jeopardize the liability to private activity involving requirements, demands, prohibitions, and charges imposed by an Entity, such as municipal offices, under the autonomy constitutionally recognized and developed through laws such as Law No. 27783, Decentralization Bases Law and Law No. 27972, Organic Law of Municipalities, Law No. 28976, Framework Law for Operations License and Law No. 27444, General Administrative Procedure Law. Nevertheless, the observation of the entire legal system must be exerted. In this sense, he conditions established by de local government that limit the freedom of business through the imposition of opening and closing hours on commercial establishments are bureaucratic barriers that could be declared illegal or unreasonable by the competent entity.