Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El estudio se centra en el análisis de la percepción de los directivos escolares sobre el impacto en la equidad a partir de la implementación de la Ley de Subvención Escolar Preferencial Ley SEP-, que desde el año 2008 busca corregir el incentivo a la exclusión que implica el esquema de financiamiento a través de una subvención plana, que entrega más recursos a los estudiantes más vulnerables y busca ser un vector de equidad al interior del sistema escolar. En la investigación, se caracteriza la evolución del sistema educacional chileno y sus problemas de equidad en las últimas tres décadas y se revisa la literatura y la experiencia internacional sobre subvenciones escolares y cómo han enfrentado este problema. Posteriormente, se describe el funcionamiento de la Ley SEP y en qué el grado los colegios se han integrado a ella según su dependencia administrativa. Luego, a partir de entrevistas a algunos de los directivos de los colegios que han implementado la Ley SEP, se examinan sus percepciones respecto al proceso de implementación, la nueva normativa, sus resultados y proyecciones. Se concluye señalando las fortalezas y principales problemas que enfrenta esta política pública en términos de equidad, los problemas en la implementación, los aspectos normativos que los establecimientos no han cumplido y posibles medidas al respecto.

Tesis para optar al grado de Magíster en Políticas Públicas / Autor no autoriza el acceso a texto completo de sus documento / La ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP)3 instaura un nuevo mecanismo permanente y generalizado de financiamiento del estado para los establecimientos que reciben aportes públicos, que contempla la entrega de recursos monetarios adicionales a la subvención regular, en base a la cantidad de alumnos vulnerables o prioritarios que posee el establecimiento educacional. La ley SEP representa una importante inyección de recursos, específicamente de un promedio de 90 y 120 millones aproximadamente para establecimientos dependientes de una Corporación municipal y un Departamento de Administración de la Educación Municipal, respectivamente, entre Marzo de 2008 y Mayo de 2011 (Román, 2012). Por su parte, el presupuesto de la SEP para el año 2014 alcanza un monto global que supera los US$1.000 millones, de los cuales cerca del 9% se podrían destinar a la contratación de servicios de asistencia técnica educativa externa (basado en el promedio del periodo 2008-2012 según la Superintendencia de Educación). Los recursos adicionales por concepto de ley SEP se encuentran a su vez condicionados a la elaboración e implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), que define tareas y metas enmarcadas en una estrategia que es formulada a partir de las necesidades particulares de cada establecimiento para un periodo de cuatro años. Todo esto con el objetivo principal de generar avances en el proceso de aprendizaje y por lo tanto en el logro escolar de los alumnos más vulnerables. Por otra parte, la ley SEP modifica el antiguo esquema de funciones separadas institucionalmente, en el cual los sostenedores se dedicaban a la administración financiera y el Ministerio de Educación (MINEDUC) a la gestión técnico-pedagógica. La ley reconoce, entonces, la relación de interdependencia existente entre ambos aspectos de la gestión educativa, y la importancia de este vínculo en los procesos de mejoramiento. En ese contexto, la Subvención Escolar Preferencial otorga responsabilidades explícitas a los sostenedores sobre el logro escolar de los establecimientos que administran, por lo cual les entrega nuevas herramientas que les permitan llevar a cabo el diseño e implementación de los PME. Una de las herramientas relevantes contempladas en la ley es la contratación y uso de Asistencia Técnica Educativa (ATE), la cual se sitúa como un mecanismo de apoyo externo para los sostenedores y establecimientos que no son capaces de mejorar por sí mismos.El desafío que plantea la ley SEP sobre los sostenedores es complejo, sobre todo si se considera que una de las principales herramientas de apoyo contempladas, la Asistencia Técnica Educativa, es un mercado nuevo, institucionalizado sólo a partir de la puesta en marcha de la ley. El panorama es aún más abrumador, si se toma en cuenta que el contexto de los sostenedores públicos (los municipios), en la gran mayoría de los casos, es bastante precario debido a que en algunos de ellos administran un amplio número de escuelas, y cuentan con limitada capacidad técnica al interior del municipio4. Además, los sostenedores municipales enfrentan importantes barreras relacionadas con el marco normativo (Raczynski & Salinas, 2009). La investigación respecto al rol que ha adquirido el sostenedor municipal y particular subvencionado en la implementación de la SEP, y cómo se ha adaptado a las nuevas exigencias que plantea la ley, es amplia y creciente. También existen varios estudios sobre la vinculación de las escuelas y sostenedores, con consultores de Asistencia Técnica Educativa, en el marco de los programas P-900 (1990) y Escuelas Críticas (2002), experiencias de las cuales se puede concluir que tuvieron escaso alcance en el sistema educacional del país, y que si bien presentaron buenos resultados en las escuelas intervenidas, estos fueron de pequeña magnitud y poco sostenibles en el tiempo (Bellei & Rojas, 2010). De manera que, existe escasa información respecto a cómo los sostenedores, en particular los municipales, han asumido sus nuevas responsabilidades sobre la gestión técnico-pedagógica en el marco de la SEP, y si efectivamente la Asistencia Técnica Educativa ha tenido un papel relevante en el apoyo de los procesos de mejoramiento educativo como se esperaba antes de la puesta en marcha de la ley. De ahí la importancia del análisis de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido el rol de los sostenedores municipales de la Región Metropolitana (RM), respecto de la contratación y uso de asistencia técnica educativa, en el marco de la implementación de la ley de Subvención Escolar Preferencial? La hipótesis es que existe una amplia heterogeneidad en el rol adquirido por parte de los sostenedores públicos en relación a la contratación y uso de la Asistencia Técnica Educativa, debido a múltiples factores, entre ellos: i) la magnitud de los recursos invertidos en asistencia varía considerablemente entre municipios; ii) los distintos grados de vinculación de los municipios con los establecimientos para la toma de decisiones respecto de la contratación de ATE; y iii) la falta de evidencia que demuestre una relación causal entre contratación y uso de asistencia técnica y mejoras en el desempeño escolar. Para abordar la pregunta de investigación se propone una metodología de investigación mixta con técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo. La primera etapa del estudio corresponde al análisis cuantitativo y contempla una primera sección de estadística descriptiva de contexto respecto del panorama actual de la oferta de Asistencia Técnica Educativa en el país, y la situación de los sostenedores públicos de la Región Metropolitana en el marco de la implementación de la SEP. Adicionalmente, esta etapa incluye una segunda sección en la cual se presentan perfiles de sostenedores para la población objetivo definida, en base a características relevantes y a partir de los cuales se desarrolla la segunda etapa de la investigación de tipo cualitativa, por medio del análisis de Estudios de Caso (Yin, 2003; Stake, 1995). La segunda etapa se implementa en base a la aplicación de entrevistas en profundidad a representantes de sostenedores públicos (Corporación Municipal y Departamento de Administración de Educación Municipal) y representantes de establecimientos municipales en dos casos representativos, donde los municipios presentan una alta intensidad de contratación de ATE5, pero donde uno ha conseguido mejoras sostenidas en su desempeño escolar6 (medido en SIMCE), mientras el otro no presenta un mejoramiento escolar a nivel comunal. El presente estudio se encuentra estructurado en siete secciones, aparte de esta introducción. La primera sección expone el contexto de la investigación, considerando los aspectos relevantes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el rol del sostenedor municipal en el sistema de educación chileno, y la experiencia de asistencia técnica educativa (ATE) en Chile. La segunda sección desarrolla un breve marco conceptual, en base a elementos que favorecen el éxito de las ATE. La tercera sección detalla la metodología mixta a utilizar, cuantitativa y cualitativa. En la cuarta sección se muestran los resultados de la primera etapa de investigación. La quinta sección presenta los resultados del análisis cualitativo. En la sexta sección se desarrollan las conclusiones del estudio y en la séptima se exponen las principales recomendaciones de política pública.

Ingeniera Civil Industrial / La ley de Subvención Escolar Preferencial, se creó para mejorar la educación de los establecimientos que atienden a los niños más vulnerables del país, sin embargo, la complejidad que ha tenido la implementación de esta política pública no ha permitido que este objetivo se cumpla completamente. En este trabajo de título, se investigó el funcionamiento de la coordinación de la Subvención Preferencial desde el nivel central, para dar soluciones mediante herramientas de gestión de procesos, con lo cual, se cumplió con el objetivo general inicialmente planteado, el cual era: Realizar un levantamiento de procesos referentes a la implementación de la ley SEP, además de proponer indicadores de control y diseñar un proceso pendiente y crítico para la puesta en marcha de la ley. Un importante resultado se obtuvo en el levantamiento de procesos, donde se calculó el grado de cumplimiento de la ley según los procesos que esta impone y requiere para su implementación operativa, se concluyó que el Ministerio ha implementado alrededor del 60% de estas actividades, y se determinaron dos tareas pendientes que se deben priorizar: la entrega de apoyo en la elaboración e implementación de los planes de mejoramiento, privilegiando las escuelas con necesidades especiales, y la necesidad de desarrollar un sistema de acreditación para las Asistencias Técnicas Externas. Respecto a los resultados conseguidos en la medición de indicadores, se obtuvo que la subvención preferencial posee una alta cobertura a nivel nacional. Además, se concluyó que la gestión para implementar la SEP, se verá perjudicada cada cuatro años, ya que la mayor parte de los establecimientos renueva convenios en el mismo periodo, por lo cual se propusieron algunas medidas que nivelarán esta carga de trabajo, tales como: realizar convenios de 5 o 6 años, priorizar la reclasificación anticipada, incentivar el ingreso al régimen SEP en años convenientes y delegar a regiones la aprobación de Planes de Mejoramiento. Entre las aplicaciones más directas de este trabajo, se deriva la opción de medir periódicamente el avance de su implementación, con el porcentaje de cumplimiento de los procesos SEP, y la posibilidad de comparar cuantitativamente los datos que se midieron con los que se obtengan en el futuro, ya que la coordinación se encuentra en una etapa de rediseño de varios procesos que han mostrado resultados deficientes. Finalmente, se propone investigar algunas áreas que quedaron fuera de este estudio y que se consideran necesarias para el continuo mejoramiento de la implementación de la SEP, tal como: investigar sobre el real uso que han tenido los montos no justificados entregados por concepto de SEP, analizar la gestión ejecutada a nivel de SEREMI y DEPROV, y la relación sostenedor-director para coordinar y ejecutar los requerimientos de la SEP.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / A partir del año 2006, los problemas del sistema educativo chileno logran visibilidad pública. Es así como las demandas de calidad, equidad y mejoramiento educativo se posicionan en el debate político y ciudadano hasta la actualidad. Para responder a estas demandas, se han creado políticas públicas destinadas a subsanar estos problemas denunciados por la sociedad, siendo una de las más relevantes la Ley de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) aprobada en el año 2008, la cual tiene por objetivo compensar las desigualdades sociales de origen que afectan a los niños y niñas de los sectores más modestos, entregando un aporte adicional a los establecimientos que los acogen y comprometiendo con ellos una estrategia de mejoramiento educativo . De esta manera, la SEP reconoce que en contextos de vulnerabilidad es más costoso educar e intenta corregir en alguna medida la subvención escolar plana del sistema. Junto con lo anterior, la SEP propone un cambio en la gestión escolar de los establecimientos educacionales, definiendo compromisos explícitos, nuevos roles y la responsabilización de los actores en los resultados de la implementación. Así también, se aventura en la consolidación de una nueva institucionalidad. Precisamente entender lo anterior es lo que busca esta investigación, observar y evaluar la implementación de la SEP a través de las percepciones de los actores locales, que pertenecen a la comunidad escolar. Para esto se utilizó una metodología de estudio de caso exploratorio, en donde se seleccionaron cuatro escuelas de manera intencionada de acuerdo a criterios de disponibilidad, ubicación, dependencia, trayectoria y concentración de vulnerabilidad. El análisis de tipo cualitativo se realizó en base al levantamiento de información secundaria y a las entrevistas realizadas a los sostenedores, directores y profesores de los establecimientos escolares seleccionados. Para esto, se definieron tres focos de observación: i) gestión escolar, ii) cambios en los aprendizajes y iii) factores determinantes de la implementación. El análisis cualitativo reveló que la SEP efectivamente es un aporte para el mejoramiento educativo de las escuelas subvencionadas. Sin embargo, no es suficiente para aminorar la desigualdad, la segregación escolar y mejorar la calidad educativa. En este sentido, para responder a la creciente demanda por una mejor educación que han evidenciado los movimientos sociales, es importante la consecución de cambios integrales y profundos al sistema educativo, que impliquen garantizar el derecho a una educación pública de calidad para todos los niños y niñas de Chile. Otra conclusión derivada de esta investigación, es el rol fundamental que juega el apoyo de la nueva institucionalidad. Una institucionalidad que deberá ser cercana y eficiente en la implementación de esta política y de cualquier política educativa en general. Esto permitiría subsanar los déficits que presentan las escuelas, tales como; deficiencias en la planificación, en el acceso de información, y en la participación de los actores involucrados, ausencia de prácticas pedagógicas efectivas en las aulas y baja capacidad para manejar eficientemente los recursos otorgados, entre otros. Finalmente, este estudio entrega recomendaciones a nivel de escuela que pueden ser útiles para generar cambios y superar los obstáculos de la implementación. Sin embargo, todo cambio debe ir acompañado de procesos políticos macros destinados a fomentar la calidad, equidad y el mejoramiento educativo, para lo cual es necesario aunar las voluntades políticas entendiendo que para lograr el objetivo país de alcanzar el desarrollo, con niveles mayores de equidad, la educación pública debe ser el reflejo de ello.

Magíster en Economía Aplicada / Ingeniera Civil Industrial / Los bajos puntajes obtenidos por los estudiantes chilenos en pruebas estandarizadas internacionales y nacionales, junto con la enorme y persistente brecha educativa entre los niños de escasos recursos y niños de nivel socioeconómico alto, han llevado a cuestionar la calidad de nuestro sistema educativo. Por lo mismo, es importante conocer cuáles han sido los resultados de las políticas que se han implementado para mejorar la calidad de la educación y si éstas han tenido los efectos deseados. El sistema educacional chileno experimentó múltiples reformas entre las décadas de 1980 y 1990, las que actualmente conforman las bases del sistema de enseñanza de nuestro país. En el año 1989, se posibilitó un esquema de financiamiento compartido, que permitió a las escuelas particulares subvencionadas complementar el subsidio estatal con aportes de los padres. En 1993, se potenció e introdujo masivamente este sistema, ampliándose también al sector municipal de enseñanza media. Uno de los temas debatidos en la discusión sobre calidad de la educación, ha sido si el financiamiento compartido ha contribuido a mejorar la calidad del sistema educativo, al incrementar los recursos de las escuelas adscritas a este régimen. El objetivo de esta investigación es determinar el efecto del financiamiento compartido sobre el rendimiento escolar, medido a través de pruebas estandarizadas de logro educativo. Estimar este efecto no es una tarea sencilla, debido a que la asignación del financiamiento compartido y de los estudiantes en las escuelas no es aleatoria, por lo que la simple comparación de medias de puntajes SIMCE entre los estudiantes que asisten a establecimientos con FICOM y los estudiantes que asisten a establecimientos sin FICOM, no producirá estimaciones válidas de efectos causales. Por lo tanto, es necesario realizar algunos supuestos que permitan identificar el efecto causal de interés y eliminar el sesgo de selección asociado. Específicamente, se utilizan tres metodologías para identificar el efecto del financiamiento compartido sobre el rendimiento escolar, éstas son: Propensity Score Weighting (PSW), Double Robust (DR) y Changes-in-Changes (CIC). Los estimadores PSW y DR se basan en técnicas de propensity score y suponen selección sobre observables (unconfoundedness), mientras que el estimador CIC permite que la selección en el tratamiento sea tanto en observables como en no observables. Según los resultados obtenidos, es posible establecer que el financiamiento compartido tiene un efecto positivo sobre el rendimiento escolar sólo en el largo plazo y que el monto cobrado determina en gran medida la magnitud de este efecto. Sin embargo, estos beneficios de largo plazo, sólo se ven reflejados en los puntajes de matemáticas, pues en los puntajes de lenguaje no se aprecian efectos estadísticamente significativos. No se observan efectos significativos en el corto plazo, ni en los puntajes de matemáticas ni en los puntajes de lenguaje. Es importante señalar, que gran parte de las diferencias en rendimiento escolar, entre los alumnos que asisten a establecimientos con FICOM y los alumnos que asisten a establecimientos sin FICOM, son atribuibles a diferencias en las características de los alumnos y de las clases a las cuales asisten, pues cuando se controla por estas características el efecto disminuye considerablemente. Más aún, pareciera que el FICOM opera aparentemente vía homogeneizar la sala de clases, ya que cuando se incluyen controles por los niveles de heterogeneidad al interior de las clases, el efecto disminuye significativamente e incluso desaparece en los resultados de lenguaje.

A partir de la implementación de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el Sistema de Supervisión del Ministerio de Educación ha experimentado un aumento en su carga de trabajo, por lo que se encargó al memorista la confección de un modelo que permita estimar la dotación mínima de supervisores.Para lograr este objetivo primero se realizó un trabajo de recopilación y sistematización de información acerca del proceso y las prácticas de supervisión. El análisis se hizo desde una óptica de demanda y oferta, enfoque que permitió identificar los factores que inciden en la necesidad de personal. Se encontró que la redefinición de las prioridades de supervisión debido a la implementación de la SEP, así como el deseo de los establecimientos de recibir mayor frecuencia de visitas de los supervisores, han generado un aumento en la necesidad de personal. Mientras que del análisis del proceso y las prácticas de supervisión se obtuvo que la falta de autonomía y competencias para la gestión de los equipos provinciales constituyen las principales limitantes para una realización eficiente de la supervisión. Posteriormente se confeccionó el modelo para la estimación de la dotación mínima usando los métodos de ratios de dotación y regresiones lineales, el que luego se sensibilizó a los contextos educacionales de grupos de departamentos provinciales generados para este estudio. A partir de este modelo y utilizando escenarios de la evolución de los establecimientos con SEP se estimó la dotación necesaria para el periodo 2010-2012. Se obtuvo que la dotación mínima es de 906 supervisores a nivel nacional, un 17% superior a la dotación actual, y que los departamentos provinciales que actualmente cuentan con una dotación mínima alcanzan el 26%. Los principales déficits de personal se concentran en los departamentos de Santiago, donde se requiere aumentar la planta de supervisores en un 57%. Estos resultados servirán para alimentar el indicador de seguimiento del proceso de gestión de la supervisión y generar las estrategias de reclutamiento y selección necesarias. Se concluye que el Ministerio debe, además de realizar las contrataciones necesarias para cubrir las brechas de personal, realizar acciones para corregir las prácticas existentes que están produciendo pérdidas de productividad. En este sentido, se recomienda incorporar en los equipos provinciales una mayor proporción de profesionales con competencias de gestión, definir un tiempo mínimo de trabajo en terreno y el desarrollo de una Estrategia de Gestión de la Calidad de la Supervisión. También es necesario mejorar los sistemas de información y seguimiento de la supervisión, además de realizar un estudio sobre el uso del tiempo de los supervisores con el fin mejorar los parámetros del modelo y facilitar la construcción de los indicadores de control de gestión de la supervisión.

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