Los veinte años de vigencia de la Constitución de 1993 han dado lugar a un nuevo debate. Si bien un sector de analistas políticos sostiene la necesidad de retornar a la Constitución de 1979, otros la necesidad de una nueva Carta Magna, en el fondo lo que realmente se necesita es la consolidación de su contenido material, es decir, un gran acuerdo entre los factores reales del poder. Sin él de poco servirá convocar una nueva asamblea constituyente.

Si la Constitución implica un pacto destinado a establecer límites y una organización al ejercicio del poder (y sobre todo, al poder político) dentro de una sociedad determinada, para el fortalecimiento y consolidación de su rol no basta con que cuente con una adecuada redacción. Y es que, incluso contando con esa cuidadosa redacción, un texto constitucional tiene día a día que legitimarse siendo interpretado de forma que permita resolver problemas ciudadanos muy a despecho de eventuales limitaciones técnicas en su configuración (y con mayor razón, ante cuestionamientos al proceso de su gestación).