El presente artículo diagnostica los principales problemas de la distribución de competencias entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema peruanas en el contexto del proceso de amparo contra resoluciones judiciales, lo cual genera una auténtica «guerra de Cortes». Seguidamente, el autor propone un «armisticio» para dicha guerra, es decir, una solución para que ambos tribunales desempeñen de la mejor manera posible el papel conferido por el ordenamiento jurídico.

Si la Constitución implica un pacto destinado a establecer límites y una organización al ejercicio del poder (y sobre todo, al poder político) dentro de una sociedad determinada, para el fortalecimiento y consolidación de su rol no basta con que cuente con una adecuada redacción. Y es que, incluso contando con esa cuidadosa redacción, un texto constitucional tiene día a día que legitimarse siendo interpretado de forma que permita resolver problemas ciudadanos muy a despecho de eventuales limitaciones técnicas en su configuración (y con mayor razón, ante cuestionamientos al proceso de su gestación).

Are social, economic and cultural rights really enforceable rights? Is their nature different from those of the civil and political rights? What does our Constitution   state on the matter? What is the posture that national and international jurisprudence have adopted regarding the issue?In the article at hand, the  authors challenge the common conception about those rights, and analyze the work done by the Peruvian Constitutional Court on the matter. / ¿Son los derechos económicos, sociales y culturalesexigibles realmente? ¿Su naturaleza es distinta a lade los derechos civiles y políticos? ¿Qué establece nuestra Constitución al respecto? ¿Cuál ha sido lapostura de la jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia?En el presente artículo, los autores cuestionan la concepción que normalmente se tiene de dichos derechos, y analizan la labor que ha desarrollado el Tribunal Constitucional peruano al respecto.