Es sabido que nuestro territorio nacional está cubierto por bosques, la cual se ubica en costa, sierra y selva. Sin embargo, los bosques de nuestro país, por el contrario, cada año se destruyen en cantidades considerables, debido a que la misma ocurre de manera ilegal. Sin embargo, pese a que en nuestra legislación contamos con normas penales y administrativas que están diseñados para reprimir las conductas que estén referidos al tráfico ilegal de productos forestales maderables, previstas en el artículo 310-A del Código Penal y artículo 207.3.i) del Reglamento para la Gestión Forestal. Pues, ninguna de las normas citadas refiere sobre la cantidad trasportada de productos o especímenes forestales maderables que delimiten cuándo nos encontramos frente a un delito y cuándo frente a una infracción administrativa. Si bien en la norma administrativa precisa como infracción a la guía de transporte, sin embargo, a ello se debe añadir la cantidad del producto maderable, para con ello precisar hasta que cantidad será considerado una sanción administrativa y cuando una sanción penal. El objetivo planteado es la propuesta de modificación del art 207.3.i) del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Nº 29763, para una buena aplicación de la norma administrativa y penal. Por otro lado, el objetivo de la presente es precisar las ideas que permitan una adecuada y efectiva sanciona penal y administrativa del problema citado. En cuanto a la metodología empleada para el trabajo desarrollado fue de la encuesta directa realizada al personal Fiscal de la Fiscalía Especializada en materia Ambiental del departamento de Huánuco, quien tiene a su cargo el control de procesos en el ámbito ambiental. El procedimiento empleado es el analítico; llegando a la conclusión de la necesidad de modificar el art. 207.3. i) del Reglamento Forestal con el fin de contribuir a evitar la continua depredación de los bosques.

El tráfico ilegal de vida silvestre es uno de los delitos más lucrativos en el mundo; amenaza gravemente la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y al ser humano. En el Perú, la fauna silvestre tiene un valor social, cultural y económico; es la base de la alimentación de las poblaciones que viven próximas a su hábitat. Históricamente, la actividad de caza de la fauna silvestre surgió debido a la culminación del boom del caucho en Iquitos, como una alternativa de nuevos productos de exportación. Si no está destinada para fines de autoconsumo de comunidades y pobladores rurales, debe contar con un plan de manejo aprobado por la autoridad regional correspondiente o estar comprendida en el calendario de caza, para que su aprovechamiento sea legal. A diferencia de otros países, en el Perú, la fauna silvestre comprende no solo las especies vivas, sino también los especímenes muertos, sus huevos y cualquier parte o derivado, los mantenidos en cautiverio, los productos y servicios que se obtengan de ellos. A pesar del desarrollo de legislación internacional y nacional para prevenir y combatir este delito, debido a su naturaleza clandestina y la participación de redes criminales, es difícil de caracterizar, cuantificar y vigilar. Loreto es el departamento con mayor biodiversidad y también el más afectado por esta actividad ilícita. En un periodo de 5 años, el Gobierno Regional de Loreto decomisó 970 animales vivos, de las cuales 22 se encontraban en alguna categoría de amenaza; ello hace importante el análisis de su capacidad institucional para afrontar esta problemática

La presente tesis analiza el proceso de consulta previa de los reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nro. 29743, realizada desde octubre de 2014 a marzo de 2015, la cual constituye la primera política pública forestal peruana, en aplicación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios (LCP), quienes ocupan casi el 30% de la extensión de los bosques peruanos, es decir, 56% del territorio nacional. Este fue un proceso de diálogo y negociación exitoso que configuró lo que en la presente investigación se denomina “capacidad relacional”, construida al estudiar el caso en base a cuatro elementos: (i) relación y articulación, (ii) reglas de juego formales e informales, (iii) dotación de recursos humanos y financieros, y (iv) liderazgo, los cuales fortalecieron la gobernanza forestal, cinco años después del Baguazo (2009), conflicto que ocasionó la muerte de 33 personas. El consenso logrado entre el Estado y los Pueblos Indígenas, en base al desarrollo de la “capacidad relacional” permitió la implementación de la Política Nacional Forestal y su legitimidad y propició el establecimiento del Consejo Directivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en el que desde el año 2016 cuatro representantes de organizaciones sociales amazónicas y andinas participan de los procesos decisionales del sector. / This thesis analyzes the prior consultation associated with the regulations contained in the Forestry and Wildlife Law No. 29743, conducted from October 2014 to March 2015, a law which constitutes the first national public forestry policy –in application of the Prior Consultation Law- produced in consultation with the indigenous peoples who occupy almost 30% of Peruvian forests across 56% of the nation’s territory. This successful process of dialogue and negotiation was based upon what is known as Relational capacity, built through analysis based on four elements: (i) relationships and articulation, (ii) formal and informal rules of the game, (iii) provision of human resources and financing and (iv) leadership. This process strengthened the Peru’s forestry governance, five years after the unfortunate Baguazo incident (2009), which cost the lives of thirty-three Peruvians. The consensus achieved between the state and the indigenous people, developed with the relational capacity, enabled the implementation of the National Forestry Policy and its legitimization, as well as leading to the establishment of the Executive Council of the National Forestry and Wildlife Service (SERFOR), through which four representatives of Amazonian and Andean social organizations have participated in the sector’s decisional processes since 2016.