Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El derecho a una buena administración pública es un derecho consagrado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que a pesar de no estar reconocido en Chile, es posible, a través de la sistematización de los principios que rigen el derecho administrativo chileno y la normativa tanto constitucional como legal, reconocer los principios y derechos que conforman este derecho a una buena administración pública. Realizando una comparación de la jurisprudencia tanto judicial como administrativa chilena y europea, podemos concluir que no sólo se consagran de forma dispersa los principios y derechos de buena administración, sino que además éstos son ampliamente utilizados para exigir estándares de conducta a la Administración del Estado, de forma muy similar a lo que sucede a su vez en Europa, en el sistema comunitario, como en cada uno de los países que componen la Comunidad. Sin embargo, el problema está, en que la falta de sistematización del ordenamiento administrativo nos impide consagrar explícitamente este derecho, sin antes replantear todo el sistema en su conjunto, con sus paradigmas, principios y fines.