Con una legislación de mas de 30 años de antigüedad, las Cooperativas de Ahorro y Crédito en nuestro país han estado bastante olvidadas desde el punto de vista legislativo. Este abandono claramente ha sido utilizado por estas entidades como un beneficio, actuando estas con libertad total y sin ningún tipo de supervisión real ni efectiva por parte de una superintendencia. Actualmente han vuelto a tomar protagonismo debido a su crecimiento en base los importantes ahorros que administran, hecho que podría causar un grave daño a la economía de las personas con menos recursos, que son las que acceden a este tipo de servicios financieros. A pesar de que actualmente en el mundo, estas son consideradas entidades financieras como cualquier banco, nuestra legislación no las considera como tal y por tanto no forman parte de nuestro sistema financiero nacional. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo evidenciar la importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las mismas que deben ser consideras entidades financieras parte de nuestro sistema financiero nacional, correspondiéndole una supervisión directa por parte de nuestra Superintendencia, hecho que se traduce en la necesidad de adoptar un nuevo modelo de supervisión para estas entidades que mejor se adapte a nuestra realidad. Por ello, aquí sustentaremos la necesidad de implementación de un sistema de supervisión directa auxiliar, la misma que deberá ser ejercida por la Superintendencia Bancos, Seguros y AFPs, debido a que es el supervisor natural y constitucional del sistema financiero, pudiendo esta, ser auxiliada o ayudada por una entidad promotora de estas, como es el caso de las Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito, ello con la finalidad de que esta ayude a comprender a estas entidades en el marco de una supervisión prudencial y ayude también a eliminar barreras geográficas ayudando a la superintendencia ejercer su función de supervisar el universo de cooperativas de ahorro y crédito que aperan a nivel nacional. / Tesis

Conforme se detalla en el Examen Diagnóstico de Protección al Consumidor y Alfabetización Financiera en el Perú, elaborado por el Banco Mundial en el año 2013, el 20.5% de los peruanos adultos indicó, en una encuesta realizada para la base de datos “Global Findex”, que tiene una cuenta de ahorro en una institución financiera. Asimismo, un 8.6% de los encuestados ahorró en una institución financiera el año anterior, mientras que un 12.7% de la muestra admitió haber recibido un préstamo otorgado por una empresa del sistema financiero el año anterior. A pesar de lo desolador que, “prima facie” puede parecer este panorama, máxime si comparamos el caso peruano con otros países latinoamericanos, el mismo informe detalla que, en la primera década del siglo XXI, el sector financiero peruano ha experimentado un crecimiento sostenido, ello gracias a la estable situación financiera y macroeconómica que se evidenció en dicha década. También asevera el referido informe que los peruanos recurren frecuentemente al mercado formal de créditos bancarios. No obstante, en lo que se refiere al consumo de productos pasivos, la población peruana sigue manteniéndose rezagada con respecto al promedio latinoamericano de titularidad de cuentas bancarias y ahorro. / Tesis

Con una legislación de mas de 30 años de antigüedad, las Cooperativas de Ahorro y Crédito en nuestro país han estado bastante olvidadas desde el punto de vista legislativo. Este abandono claramente ha sido utilizado por estas entidades como un beneficio, actuando estas con libertad total y sin ningún tipo de supervisión real ni efectiva por parte de una superintendencia. Actualmente han vuelto a tomar protagonismo debido a su crecimiento en base los importantes ahorros que administran, hecho que podría causar un grave daño a la economía de las personas con menos recursos, que son las que acceden a este tipo de servicios financieros. A pesar de que actualmente en el mundo, estas son consideradas entidades financieras como cualquier banco, nuestra legislación no las considera como tal y por tanto no forman parte de nuestro sistema financiero nacional. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo evidenciar la importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las mismas que deben ser consideras entidades financieras parte de nuestro sistema financiero nacional, correspondiéndole una supervisión directa por parte de nuestra Superintendencia, hecho que se traduce en la necesidad de adoptar un nuevo modelo de supervisión para estas entidades que mejor se adapte a nuestra realidad. Por ello, aquí sustentaremos la necesidad de implementación de un sistema de supervisión directa auxiliar, la misma que deberá ser ejercida por la Superintendencia Bancos, Seguros y AFPs, debido a que es el supervisor natural y constitucional del sistema financiero, pudiendo esta, ser auxiliada o ayudada por una entidad promotora de estas, como es el caso de las Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito, ello con la finalidad de que esta ayude a comprender a estas entidades en el marco de una supervisión prudencial y ayude también a eliminar barreras geográficas ayudando a la superintendencia ejercer su función de supervisar el universo de cooperativas de ahorro y crédito que aperan a nivel nacional.

Conforme se detalla en el Examen Diagnóstico de Protección al Consumidor y Alfabetización Financiera en el Perú, elaborado por el Banco Mundial en el año 2013, el 20.5% de los peruanos adultos indicó, en una encuesta realizada para la base de datos “Global Findex”, que tiene una cuenta de ahorro en una institución financiera. Asimismo, un 8.6% de los encuestados ahorró en una institución financiera el año anterior, mientras que un 12.7% de la muestra admitió haber recibido un préstamo otorgado por una empresa del sistema financiero el año anterior. A pesar de lo desolador que, “prima facie” puede parecer este panorama, máxime si comparamos el caso peruano con otros países latinoamericanos, el mismo informe detalla que, en la primera década del siglo XXI, el sector financiero peruano ha experimentado un crecimiento sostenido, ello gracias a la estable situación financiera y macroeconómica que se evidenció en dicha década. También asevera el referido informe que los peruanos recurren frecuentemente al mercado formal de créditos bancarios. No obstante, en lo que se refiere al consumo de productos pasivos, la población peruana sigue manteniéndose rezagada con respecto al promedio latinoamericano de titularidad de cuentas bancarias y ahorro.

Las Cajas Municipales en el Perú cumplen un rol fundamental en la economía del país, mediante el apoyo a la pequeña y mediana empresa, debemos tener en cuenta que la creación de estas entidades se materializo por iniciativa de las Municipalidades provinciales, estas empresas en un inicio de sus operaciones se constituyeron como sociedades civiles, donde sus órganos de gobierno se encontraban conformados por el Comité Directivo y la Gerencia, con la promulgación de la Ley General del Sistema estas entidades tuvieron que tomar la forma de Sociedades Anónimas, lo cual género que su normativa regulatoria sea la Ley de Sociedades, por lo tanto su Comité Directivo se convirtió en la Junta General de Accionistas, la cual se encuentra conformada por el alcalde y regidores de la municipalidad provincial respectiva. Entonces siendo el Órgano Máximo de toda sociedad la Junta General de Accionistas, sus facultades inherentes e indelegables se encuentran taxativamente señaladas en la ley de sociedades, como es la de designar y remover a los miembros de su directorio; atribuciones que no pueden ser observadas por los accionistas, siempre y cuando estas hayan sido tomadas por la mayoría calificada; sin embargo por las facultades regulatorias que en materia de supervisión realiza la Superintendencia de Banca y Seguros a todas las entidades financieras, se emito la resolución SBS Nro. 5788-2015 la cual establece condiciones para la designación y revocación de los miembros del directorio de las Cajas Municipales, resolución que evidentemente genera incongruencias con lo prescrito por la Ley de Sociedades. Estos riesgos legales que se generan han sido evidenciados con los procesos judiciales iniciados por directores contra una de estas entidades financieras cuando se les quito la confianza mediante la revocación al cargo de director y en otra por no haberlo designado por contar con antecedentes de mala gestión, siendo este último que habiendo recurrido a un procesos judicial de garantías constitucionales logrando que el poder judicial obligue a una sociedad a designar un director; para que luego de unos meses los órganos de control interno de la entidad emitieran un informe de responsabilidad económica por perdidas en la gestión de este director impuesto por el poder judicial. Por lo tanto, resulta evidente que se genera incongruencias normativas entre resolución SBS Nro. 5788-2015 y Ley de Sociedades, que por la jerarquía y especialidad de las normas prevalece la segunda, sin embargo, la primera es aplicada por el carácter regulatorio que tiene la Superintendencia de Banca y Seguros sobre las entidades que supervisa.