Me han dado el gusto de poder estar acá y presentarles el objetivo de este evento. Ustedes saben que estamos ad portas de un proceso electoral muy importante donde se quieren hacer varias definiciones respecto al tema de la Constitución Económica y también sobre la inversión en infraestructura, eso implica analizar algunas cosas importantes, algunas cosas que se formulan no tanto con respecto a lo que es una posición política sino a temas específicamente técnicos. Uno de ellos, en principio, es el tema de la labor del Estado en cuanto a la promoción de la infraestructura, habiendo ahí un tema muy interesante respecto al caso reciente de la construcción del muelle norte donde hubo una norma del Ministerio de Transportes que ha evitado, usando la potestad regulatoria del Estado, que participe o, no evitar -no quiero adelantarme a fijar una posición- sino restringir la participación de otros operadores en el muelle norte. Esto ha generado un tipo de controversia legal pues se ha llegado a medidas cautelares, se ha llegado a un proceso judicial, lo cual ha generado bastante revuelo esta decisión del Estado.

El presente documento presenta la experiencia en el diseño de una política pública innovadora orientada a la agilización de la ejecución de proyectos de inversión pública durante la experiencia profesional como consultora de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales y, posteriormente, como Coordinadora del equipo de Obras por Impuestos de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. La autora es economista con más de 15 años de experiencia en finanzas, políticas públicas y desarrollo integral de proyectos, con enfoque en el trabajo conjunto entre el sector público y privado. El mecanismo de “Obras por Impuestos” fue creado en el año 2008 como una respuesta a la baja ejecución de inversiones de los gobiernos subnacionales en un contexto de incremento importante de los recursos por canon, sobrecanon y regalías. Con su creación se permitió que el sector privado financie y ejecute proyectos de inversión pública, trabajando conjuntamente con el sector público, para reducir la brecha de infraestructura en el país mediante la ejecución de proyectos de inversión que las entidades del gobierno regional, gobierno local y universidades públicas prioricen. Años después, debido a su relativo éxito, fue ampliado en el 2014 a las entidades del gobierno nacional. Desde el inicio del mecanismo en el año 2009 a mayo de 2022, se han adjudicado 466 proyectos por un monto total de S/ 6,269.8 millones, con una población beneficiaria de 21 millones de personas, principalmente fuera del departamento de Lima, y con una participación de 113 empresas privadas de diversos sectores de la economía.