Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Consideramos necesario precisar que el término que ocupa nuestra ley N° 19.366 en su articulo 34 y que denomina "agente encubierto" está estrechamente ligado con lo que la doctrina llama "agente provocador", que es el modo genérico por el cual se ha conocido esta figura. Es por esto, que en el desarrollo de la monografía se dispone de material que hace alusión al agente provocador y que es perfectamente aplicable al agente encubierto de nuestra legislación. Tratamos este tema investigando, en primer lugar, su origen para después poder explicarnos porque esta figura esta siendo cada día más utilizada. Posteriormente, analizamos su naturaleza jurídica considerando las distintas posturas existentes en la doctrina. La problemática del agente encubierto en cuanto a su existencia y legitimitidad, así como tambien los conflictos en torno a su actuación en donde encontramos el aspecto normativo, posiciones doctrinarias y los criterios delimitadores de su responsabilidad fueron estudiados en forma global para despúes aplicarlos a nuestra legislación. Todo este análisis nos llevó a una mejor comprensión de la figura tanto en cuanto a su estructura, como a los propósitos que persigue. Con todo lo anterior, nos sentimos capacitados para proponer un artículo alternativo que complemente al actual y permita un mejor respeto a los derechos de las personas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema de drogas es en materia Penal un arquetipo de la problemática general del Derecho Penal. Ahora bien, toda afirmación categórica como esta puede llegar a ser tautológica si no se explica adecuadamente. Lo que se ha querido afirmar es que la problemática actual del Derecho Penal, que en la actualidad atraviesa todos los cuerpos normativos y a los distintos sistemas dogmáticos, en materia de drogodependencias se expresa de manera particularmente intensa. De esta forma, el conflicto relativo al tráfico de sustancias prohibidas de un tiempo a esta parte se ha transformado en el discurso Penal en el ejemplo obligado al momento de abordar los temas más complejos que enfrenta la disciplina.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta Memoria de Grado describe el desenvolvimiento de la Ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y substancias sicotrópicas, en los escenarios que se generan a partir de la aplicación de uno u otro de los estatutos procedimentales penales, actualmente vigentes en el territorio de la República, y, de consiguiente, permite apreciar en cual de ellos la persecución penal de los ilícitos que aquélla prescribe resulta más eficiente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Se analizan las circunstancias y condiciones que han rodeado la extensión de las actividades de lavado de dinero en la actualidad, para luego referirse a la forma más comunes que adopta y las descripciones sistemáticas que han hecho los autores al respecto. A continuación, se intenta identificar aquellos elementos que componen el blanqueo de capitales a la luz de las categorías que ha desarrollado la dogmática jurídico-penal para describir los tipos legales. Finalmente, se estudia el artículo 12 de la ley 19.366, como la forma en que ha sido recibido el lavado de dinero en la legislación chilena, y las disposiciones anexas que establece dicha ley para su persecución.

Memoria (magíster en derecho, mención derecho penal) / Con la entrada en vigencia, el año 2.005, de la Ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, se incorporó en la letra a) del artículo 19, una circunstancia agravante que no existía en la ley precedente, esto es, en la Ley N°19.366. La nueva circunstancia es “si el imputado forma parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16”. Dicha circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, ha originado una serie de problemas en atención a su redacción, lo que, a su vez, ha generado múltiples interpretaciones, no concordantes. A ello se suma que la doctrina nacional no se ha encargado de analizar en profundidad la agravante en cuestión, existiendo en la práctica sólo informes encargados por el Ministerio Público como por la Defensoría Penal Pública sobre el tema, con los inconvenientes que ello implica, principalmente, la visión interesada que cada uno de dichos organismos presenta sobre la cuestión debatida. Tampoco existe hasta hoy una recopilación y sistematización de la jurisprudencia que haya abordado el tema, circunstancias todas que hacen aún más difícil la tarea de los operadores del nuevo sistema procesal penal a la hora de determinar si se configura o no la agravante en un caso concreto. En efecto, dado lo ambiguo de la redacción de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, surgen una serie de preguntas, entre otras, ¿cuáles son los límites entre la coparticipación, la asociación ilícita y la agravante específica? El trabajo que se desarrolla en las siguientes páginas tiene por finalidad determinar el tratamiento que le han dado nuestros Tribunales de Justicia a la agravante en comento, a partir de su incorporación en la Ley Nº 20.000 -año 2005- a la fecha y, ante la ausencia de una investigación semejante, ser fuente de consulta y referencia. A través del estudio de la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia –Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, se analizarán, definirán posturas y tesis jurídicas consistentes y significativas, las que sin lugar a dudas, constituirán una herramienta importantísima para los operadores del nuevo sistema procesal penal, toda vez que permitirá identificar los elementos esenciales de la agravante en estudio y determinar, en definitiva, si ésta se configura o no en un caso concreto. Estudiar los elementos o circunstancias que deben concurrir para que se configure la agravante de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, permite dar sentido jurídico a la norma sustantiva penal, esto es, fijar su sentido punitivo