Tesis (magíster en derecho penal de los negocios y la empresa) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objeto de esta tesis, es analizar los efectos del modelo de prevención no sólo en la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino que también, en la persona natural. En cuanto a la persona jurídica, se intentará demostrar que si bien nuestro legislador no exige que el modelo sea eficaz para acreditar los deberes de dirección y supervisión, en la práctica se requerirá mucho más que los elementos contenidos en el artículo 4º de la ley 20.393, para probar que los citados deberes fueron cumplidos. En cuanto a la persona natural, se sostiene en este trabajo que este podrá utilizar el modelo de prevención para eximirse de su responsabilidad, ya que podrá alegar error de prohibición inevitable, el que nuestra jurisprudencia y doctrina mayoritaria estima que excluye la culpabilidad. Esto no tendría ninguna relevancia práctica si nuestra ley hubiese considerado dentro de los casos de responsabilidad autónoma del artículo 5º, el obrar inculpable. Como no lo hizo, los casos de inculpabilidad por error de prohibición no sólo podrán beneficiar a la persona natural, sino que también a la persona jurídica. Esta última, se verá exenta de responsabilidad penal, no porque haya cumplido sus deberes de dirección y supervisión, sino porque no se ha configurado el hecho de conexión, lo que podría derivar en la impunidad absoluta de un hecho ilícito

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención derecho penal) / Nos encontramos frente a una nueva realidad, donde la llamada delincuencia juvenil marca pautas en la agenda de políticas públicas. La extrañeza y preocupación que causa ver como cada vez adolescentes de menor edad protagonizan serios actos delictivos, muchas veces marcados por la violencia, el porte de armas y el consumo de drogas. Por ello se hace necesario adecuar la normativa interna a la realidad de modo de dar soluciones a este problema social. La explicación de por qué un adolescente delinque en nuestro país, podría llegar a ser entre otras posibilidades, una manifestación de un sistema que brinda pocas alternativas de desarrollo social, a aquel joven que se enfrenta a una sociedad con un sistema educacional desigual, que habita en un entorno familiar y social carenciado, marcado por la pobreza, el consumo y tráfico de drogas, hacinamiento, donde no existen los espacios públicos donde practicar deportes, leer, etc. y menos poder hacerlo en forma segura. Estamos 4 Mensaje citado. 11 hablando de jóvenes culturalmente marginados, con nulo acceso a políticas públicas, de salud, etc. Por ello, una de las posibles respuestas a la delincuencia juvenil es tomar un joven que se ha desarrollado bajo esos parámetros y enfrentarlo a una sociedad en extremo competitiva y en donde el éxito está ligado necesariamente a un bienestar económico. Para entender esta nueva implementación de justicia juvenil es necesario revisar primeramente, por qué un menor debe responder frente a sus actos, que tipo de responsabilidad tiene frente a la comisión de un delito y porque existe una diferenciación de edad en la imputabilidad con el antiguo sistema de justicia para adolescentes

Tesis para optar al grado de Magister en Políticas Públicas / No disponible a texto completo / El 8 de junio de 2007 comenzó a regir en Chile la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley N° 20.084). Su principal función es generar un marco normativo para el establecimiento de un sistema de justicia especializado, cuyo objetivo es sancionar adolescentes entre 14 y 17 años que han infringido la ley penal; responsabilizarlos y entregarles herramientas que apoyen su reinserción social. Durante más de una década se discutió en el país sobre las características que debía tener un sistema como éste. El tema está cruzado por una serie de tensiones. Entre ellas: - Las crecientes demandas por seguridad ciudadana y acciones concretas contra la delincuencia1. - La necesidad de modernizar la respuesta del Estado frente al delito: hacerla más eficiente, rápida, transparente y justa. - El público objetivo del nuevo sistema y sus sanciones: jóvenes en etapa de desarrollo; hijos de familias pobres y vulnerables, la mayoría2. En cuanto a los objetivos de la nueva ley, se pueden identificar básicamente tres: i) Que los jóvenes a edad temprana (a partir de los 14 años) se responsabilicen y reciban una sanción por los delitos que cometen. ii) Que la sanción esté acorde a la etapa de desarrollo del infractor (la normativa contempla un catálogo distinto al de los adultos, y diferenciado entre quienes tienen 14-15 años y 16-17). iii) Que junto con cumplir una sanción, el joven reciba herramientas (educación, capacitación) que faciliten y apoyen su reinserción social. Para los adolescentes, la puesta en marcha de esta normativa implica una serie de cambios. En primer lugar, se reforma radicalmente la respuesta del Estado ante los crímenes o simples delitos cometidos por menores de 18 años. Se pone fin al trámite de discernimiento y se garantiza el acceso a una defensa profesional. Se modifica, en suma, la relación del sistema penal con los jóvenes infractores. Pero también se persigue cambiar la forma en que cumplen una sanción y la calidad de los programas y talleres que reciben. Todo esto, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es el instrumento que da origen a la nueva normativa. La administración central de esta Nueva Justicia Juvenil recae en el Sename (Servicio Nacional de Menores), pero comprende la interacción de todas las instituciones que funcionan en el marco de la administración de justicia en Chile. Estas son: Policías (Carabineros e Investigaciones), Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Gendarmería de Chile. La Reforma Penal Adolescente se enmarca en un proceso de transformación general de la administración de justicia en Chile, llevado adelante tras el retorno a la democracia. Sobre este se pueden distinguir tres etapas. Una primera fase contempla la creación del Consejo de la Magistratura y la Academia Judicial, instituciones cuyo objetivo es apoyar la labor que realiza la Corte Suprema y los distintos escalafones del Poder Judicial. El segundo hito es la transformación del sistema criminal de justicia, con la puesta en marcha en forma gradual, a partir de 1995, de la Reforma Procesal Penal. La tercera etapa, aún en proceso, contempla una extensión de las reformas de la justicia criminal en las siguientes áreas: tribunales de familia, justicia juvenil, justicia laboral y, finalmente, las cortes civiles. La propuesta de este trabajo es diseñar una estrategia de seguimiento y evaluación de impacto de la Nueva Justicia Juvenil3. Hay razones de política pública general que lo justifican: contar con información y cifras en torno a un programa mejora la calidad de la discusión, orienta la gestión hacia el logro de resultados y permite aprender de la experiencia. Contar con un sistema de monitoreo y evaluación también es pertinente en el marco de una política criminal especializada que introduce cambios normativos y de procedimiento; privilegia las sanciones en el medio libre e incorpora un nuevo grupo etario (los adolescentes de 14 y 15 años) entre los responsables penalmente. La evidencia internacional en materia criminal señala que la privación de libertad (la cárcel) genera altas tasas de reincidencia. Al mismo tiempo, la Reforma Penal Adolescente tiene entre sus objetivos no solo la aplicación de sanciones sino también entregar herramientas para contribuir al proceso de reinserción de los jóvenes infractores. Ambos elementos constituyen factores de interés para contar con una propuesta metodológica de evaluación. Para los fines de este trabajo, se entiende la evaluación de impacto como parte de un sistema integral que incluye monitoreo y evaluación de procesos. La idea es generar un modelo que permita contar con información estadística sobre el nuevo sistema de justicia (aprehensiones, delitos, sanciones que se aplican a los adolescentes), como asimismo que proporcione instrumentos para evaluar la operación de la reforma y su impacto. La idea es aportar elementos de análisis y diseño para la evaluación de impacto de una política criminal. Pero también se busca contribuir al desarrollo de una de las áreas que presenta más déficit en los países en desarrollo, como es la evaluación de impacto. Al respecto, Esther Duflo afirma: “los beneficios de evaluar el impacto de programas en desarrollo, y saber cuáles funcionan y cuáles no, superan a los programas mismos y a las agencias que los implementan. Una evaluación de impacto creíble es un bien público en el sentido de que puede ofrecer una guía confiable para organizaciones internacionales, gobiernos y ONG’s”4. Es también sabido que los costos de las evaluaciones de impacto pueden ser significativos, en cuanto requieren el levantamiento de encuestas especiales. Por ello, el presente trabajo se concentra en la propuesta de un diseño para la evaluación del impacto de la reforma

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta labor, se trabajó directamente con las fuentes emanadas del Congreso Nacional, es decir, con las actas de las sesiones de ambas Comisiones. También se consideró tratados internacionales y legislación comparado sobre el tema de la responsabilidad juvenil, así como diversos artículos escritos por la doctrina especializada. El objetivo del trabajo es comentar en forma clara, concordada y ordenada, los distintos criterios que estructuran el nuevo sistema y que fueron expuestos durante la discusión parlamentaria. Para ello se seleccionaron los temas más relevantes y se explican los diversos puntos de vista que se manifiestan –entre otros- a través de: indicaciones, supresiones, creaciones de nuevo artículos, comentarios y proposiciones. Luego de exponer la historia de este cuerpo legal, procederemos a desarrollar sus reglas en forma concordada, para una mejor comprensión de la actual ley.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta investigación se expondrá el estado actual de la discusión jurídico penal relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, abordando las tres preguntas esenciales que plantea este tema. Según SCHÜNEMANN la cuestión central es determinar si es político-criminalmente imprescindible, dogmáticamente construible y constitucionalmente legitimable un Derecho Penal de entidades colectivas bien desarrollado .

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el primer capítulo se analizan aspectos sobre la delincuencia en Chile, para determinar la real magnitud del problema, se compararán en éste las cifras entregadas por las policías, por el Ministerio de Justicia y la Fundación Paz Ciudadana . En el segundo capítulo se abordan aspectos doctrinarios acerca de la pena, los fines de ésta y las modalidades de su ejecución, principalmente en relación a la realidad Chilena. Asimismo se analiza el marco legal internacional acerca de la minoría de edad infractora de la ley penal, el cual comprende la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas mínimas de Naciones Unidas sobre la prevención del delito y sobre el tratamiento de los menores de dieciocho años privados de libertad. A través del capítulo tercero se examina la realidad nacional, analizando la actual ley de menores y los actores principales en lo que dice relación con la política aplicable a los menores infractores, el Servicio Nacional de Menores y Gendarmería de Chile. La investigación exploratoria se encuentra en el capítulo cuarto; en este apartado se exponen los datos recogidos mediante observación directa de las instalaciones utilizadas por los y las adolescentes que se encuentran privados de libertad por infracciones penales en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, así como de las entrevistas efectuadas a los menores que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad, por resolución judicial firme y ejecutoriada . En los capítulos quinto y sexto se exponen las dos reformas de que esta siendo objeto el proceso penal chileno : la reforma procesal penal y el proyecto de ley sobre responsabilidad penal juvenil, el que se encuentra actualmente en tramitación. Finalmente se tratan las conclusiones y las propuestas, donde se aborda principalmente la justicia restaurativa y los beneficios que su aplicación conlleva respecto del infractor, la víctima y la sociedad toda

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo que usted tiene en sus manos, ha tenido por objeto el revisar uno de los temas más conflictivos y actuales de la ciencia penal. La cuestión de la responsabilidad de las colectividades de individuos (más allá de si cuentan o no con personalidad jurídica). Se analizan las posiciones doctrinarias que sostienen la posibilidad de establecer sistemas colectivizados de responsabilidad penal. Se analizan las categorías de la teoría del delito que han de ser modificadas por los cultores de estas tesis a fin de dar cabida a estos modelos. La culpabilidad, la capacidad de acción, la posibilidad de sanción al ente son aquellos tópicos en que se encuentran en el centro de la discusión. Se agregan a esto, cuestiones más generales, como las del destinatario de la norma jurídico penal, y algunos elementos de política criminal. Estos intentos son examinados con detenimiento, y expuestos a la crítica desde la perspectiva de los principios del derecho penal y desde consideraciones de la propia política criminal. Se busca demostrar en definitiva, la imposibilidad de establecer este tipo de soluciones en todo sistema Democrático Social y de Derecho. Por ultimo, se presenta al lector, una síntesis de los modelos de solución más respetuosos de los principios que se defienden. Se expone resumidamente la función que le puede caber a los delitos de omisión en la lucha contra la delincuencia organizada, la autoría mediata por el dominio de la organización como forma de llegar a aquellos sujetos que delinquen en el seno de organizaciones empresariales, y la utilidad de las cláusulas sobre actuaciones en lugar de otro a estos mismos fines.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objeto abordar el estudio del debate dogmático y político criminal que, tradicionalmente y también en la actualidad, se suscita en la ciencia jurídico-penal, en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, pretende dar luces acerca del tratamiento legislativo dispensado a dicho tema en el ámbito del derecho comparado y nacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El estudio del comportamiento humano es una de las materias más complejas de comprender, porque a diferencia de lo que sucede con los objetos u otras situaciones naturales que responden a leyes de índole científico, el ser humano no sólo está influenciado por factores naturales que pueden ser descritos a través de la ciencia, pues tras el fracaso del positivismo se tomó conciencia que el comportamiento humano está influido por una serie de factores de índole biológico, psicológico y social unidos a la incertidumbre del libre albedrío, haciendo predecible sólo una parte de sus comportamientos. Este estudio cobra aún más relevancia cuando se trata de analizar o al menos comprender un comportamiento que posee un disvalor social, como en el caso de los ilícitos, en especial cuando estamos frente a un “delito” de carácter sexual cometido por un niño/adolescente o que tiene como víctima a uno de estos. Debido a que dentro de los actos que causan mayor rechazo en la población están los delitos sexuales a menores, por los bienes jurídicos comprometidos y las potenciales consecuencias que pueden causar en los sujetos pasivos del delito

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / La ejecución de las sanciones en el sistema de responsabilidad penal adolescente, debe responder a un mandato legal que exige al Estado no sólo hacer cumplir las penas dictadas por un tribunal, sino que además alcanzar ciertas finalidades de éstas, específicamente la responsabilización del adolescente y su plena reinserción social. La población que permanece cumpliendo las sentencias del sistema adolescente ha evolucionado en términos tales, que hoy mayoritariamente está compuesto por personas mayores de 18 años que, en su mayoría, se encuentran cumpliendo la sanción de libertad asistida especial. Por ello, las intervenciones que daban contenido a las sanciones han debido ser reevaluadas y modificadas para satisfacer las necesidades de una población que se encuentra en una etapa diferente a la originalmente considerada. En este contexto, el foco inicial de las intervenciones, que enfatizaba la permanencia en el sistema escolar ha dado paso a un impulso significativo de las acciones de inserción laboral. Por otra parte, el sistema de justicia juvenil supone que las intervenciones especializadas que los adolescentes condenados requieran, deben satisfacerse en la red del Estado a través de convenios. Dado que la ley no contempla un modelo de gestión coordinada, las prestaciones de las respectivas reparticiones del Estado adoptan formas indeterminadas y heterogéneas. Para determinar de qué forma se lleva a cabo la gestión coordinada de los planes de inserción laboral de jóvenes condenados en libertad asistida especial se diseñó un estudio cualitativo que tuvo por objeto caracterizar esta gestión, analizar posibles incompatibilidades normativas y operativas en el uso de las políticas de capacitación y empleo por parte de jóvenes condenados, y determinar los nudos críticos, si los hubiere, desde el punto de vista de sus actores principales. Se concluyó, entre otras cosas, que sólo existe una coordinación reactiva, no desde el diseño, orientada principalmente a resolver contingencias en el uso de programas ya diseñados por distintas instituciones en forma independiente y fragmentada. Asimismo, se advierten dos nudos críticos centrales: por una parte, las direcciones regionales de SENAME tienen escasa capacidad de gestión y coordinación local y de asistencia técnica, por lo que sus funciones se enfocan mayoritariamente en la supervisión del cumplimiento formal de los convenios con las Organizaciones Colaboradoras que ejecutan las sanciones. Por otra parte, la alta rotación de los delegados de libertad asistida especial, compromete la efectividad de las acciones de reinserción desde múltiples puntos de vista y además hace que en general, el sistema cuente con información de baja calidad que no permite gestionar acciones de inserción laboral pertinentes a esta población.