No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se analiza la inclusión de las llamadas acciones colectivas en la legislación chilena en virtud de la modificación introducida por la Ley Nº 19.955 a la Ley Nº 19.496 Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Seguidamente y como objetivo fundamental, se analiza como un caso emblemático de la modificación legal, las acciones interpuestas en nuestros Tribunales de Justicia contra siete bancos, precisamente en protección de los intereses colectivos de los consumidores afectados. El análisis de las mismas se centra en aspectos tanto de forma como de fondo de la acción deducida y pretende dilucidar el efecto de las mismas como mecanismo de protección eficaz de los derechos de los consumidores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto del presente trabajo es analizar las modificaciones sufridas a nivel procedimental, producto de la reforma a la Ley Sobre Protección a los Derechos de los Consumidores (Ley Nº 19.496) hecha por la Ley Nº 19.955. Este trabajo busca principalmente hacer notar cuál ha sido el avance producido por esta reforma a nivel de mayor protección a los consumidores, sin dejar por ello de criticar aquellos puntos que nos parezcan pertinentes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Recientemente la Ley chilena de protección al consumidor ha sido modificada mediante la Ley 19.955, introduciendo, entre otras materias, la regulación de la contratación en plataformas electrónicas. Este trabajo está dedicado al análisis de la contratación de bienes o servicios efectuada por consumidores o usuarios a través de medios electrónicos, en consecuencia el lector podrá encontrar un estudio de la normativa chilena actual en la materia; de la normativa española, argentina y de la comunidad europea; y un análisis comparativo entre estas legislaciones para concluir en la propuesta de una fórmula en la cual la protección al consumidor sea el objetivo. El análisis anterior, se efectúa en cinco capítulos. En el primero de ellos se introducen dos conceptos que estimamos claves para el desarrollo de esta investigación, el de contrato electrónico y el de firma electrónica. En el capítulo segundo, se efectúa un análisis del derecho de retracto que el consumidor puede ejercer respecto de un contrato electrónico, la forma y condiciones de ejercicio, y efectos que produce su ejercicio. El capítulo tercero está dedicado a los deberes de información establecidos para el proveedor, que se dividen en deberes de información precontractual y postcontractual. En el capítulo cuarto se realiza un estudio de algunos sitios web que ofrecen la posibilidad al consumidor de contratar servicios o productos por medios electrónicos, y se revisa la aplicación que hacen de la legislación actual. Por último, en el capítulo quinto se puede encontrar el análisis de los envíos publicitarios y comerciales no solicitados a través del correo electrónico, conocido como spam.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los avances tecnológicos que se han producido con el desarrollo de la industrialización y la diversificación del mercado, han transformado las formas de contratación y de adquisición de bienes y servicios de los consumidores y usuarios. Esta transformación ha generado un expansivo crecimiento económico, pero también ha producido efectos perjudiciales para los ciudadanos, que se reflejan en un desequilibrio jurídico y económico entre los sujetos que intervienen en estas relaciones comerciales, esto es, entre los proveedores y consumidores. En efecto, en la variopinta cadena de producción y prestación de servicios que existe actualmente en la sociedad, podemos constatar una asimétrica relación respecto a la información de los productos que poseen los proveedores, en desmedro de los consumidores. Además, nuestro sistema político y económico está fundado en la libertad económica que utiliza los parámetros de la oferta y la demanda para regular el mercado, que es incapaz de corregir por si sólo los errores que crea y potencia. Para morigerar, los efectos y nocivas consecuencias que genera este desequilibrio en la sociedad, se establece un marco legal que fija derechos y garantías en beneficio de los consumidores y que son un referente normativo para el desarrollo de las actividades de producción y comercialización de bienes y servicios. Nuestra investigación se refiere a la actual legislación que existe sobre la protección de los derechos de los consumidores, porque esta materia es de gran contingencia e interés para toda la comunidad, y la trascendencia que tienen las leyes que regulan la protección de los consumidores, radica en que éstas son herramientas indispensables para el crecimiento económico de los países, sirven además, para ordenar el comercio, estableciendo reglas precisas, claras, transparentes y equilibradas y contribuyen a dar mayor credibilidad a los proveedores en el mercado, asegurando la calidad, seguridad, información y transparencia de los productos y servicios que están a disposición de los consumidores y lo que genera un mercado más competitivo. En consecuencia, el fin de la protección de los derechos de los consumidores, es el bien común y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Por lo anteriormente expuesto, es que el análisis de esta investigación se centra tanto en la aplicabilidad del daño moral en el procedimiento colectivo (con principios inspiradores y rectores particulares), como en los efectos teóricos y prácticos que ello significaría, pues la sola naturaleza subjetiva e individual de este tipo de daños, unido a la falta de una teoría clara en nuestra jurisprudencia que establezca criterios mínimos de evaluación, deja varias interrogantes respecto de cómo el juez cumplirá con su tarea de evaluar y homologar daños de una colectividad, que por su naturaleza, no son homologables. Por último, buscaremos determinar cómo la aprobación de un proyecto como este podría significar un aporte para el desarrollo de una teoría comprensiva de criterios de evaluación mínimos de daño moral, que permitan a nuestros jueces seguir pautas orientadoras que vayan más allá de su simple apreciación, muchas veces arbitraria, al momento de determinar la procedencia y monto de este tipo de daños