No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El creciente interés generado en la población chilena sobre la situación de los animales domésticos, animales de cautiverio y animales como sujetos de experimentación respecto a hechos de maltrato, llevaron a la promulgación de la Ley N° 20.380 sobre Protección a los Animales, en octubre del año 2009. Este cuerpo legal constituye una regulación orgánica que contempla una protección a todos los animales estableciendo directrices de carácter general. En la práctica, los hechos demostraron la ineficacia de este cuerpo legal para proteger a los animales, al carecer de principios sólidos, estructurada en razón a un bien jurídico difuso, un sujeto pasivo que no es el animal en razón de su condición jurídica de cosa, y un tipo penal excesivamente amplio que otorga un gran grado de discrecionalidad a los jueces. Cada uno de estos aspectos determinó que actualmente graves actos de maltrato animal no sean objeto de persecución penal por la baja pena asignada al delito. Por otra parte, los distintos organismos públicos como las municipalidades y por otra parte el Ministerio Público señalan no contar con recursos suficientes para hacer frente a las denuncias que interponen las personas. La acción penal pública que otorga la ley sólo permite denunciar actos de maltrato, no querellar y así hacerse parte en los procesos judiciales, es así como el impulso procesal sólo recae en el Ministerio Público. Los propietarios de animales que hayan sido objeto de maltrato sí pueden querellarse conforme se ha afectado su derecho de propiedad garantizado por el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República. Por último, las organizaciones de protección a los animales no pueden interponer querella, lo que resulta contraproducente toda vez que esto facilitaría el éxito del proceso en el establecimiento de la responsabilidad penal al poder aportar con pruebas y antecedentes. En la Unión Europea y en países de América como Costa Rica, el esfuerzo apunta a reconocer a los animales no humanos como seres sintientes objetos de una consideración mínima no transable en pos de un interés económico, esto quiere decir que al dictar normativa que proteja a los animales, debe considerarse que eventualmente habrán actividades permitidas por el Estado que podrán verse afectadas, sin que ello inhiba tal regulación, poniendo el interés del animal por sobre otros. A modo ejemplar, la Unión Europea ha dado un gran paso al prohibir derechamente la experimentación cosmética. Al contrario en nuestro país, se observa falta de regulación para cautelar las condiciones de transporte y comercialización de animales destinados a proveer de alimentos a la población, en la industria cosmética, peletera, farmacéutica, y en condiciones de cautiverio, actividades que no fueron consideradas en la ley N° 20.380 Sobre Protección a los Animales.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho penal) / Todo acto cruel o inhumano realizado contra los animales, constituye delito, sea que su autor realice acciones u omisiones, cuyo resultado sea afectar el bienestar animal del sujeto pasivo. A nivel doctrinal y jurisprudencial, no ha existido dificultad al considerar que ciertas acciones agresivas en contra de los animales satisfacen el delito de Maltrato o Crueldad Animal, tipificado en el artículo 291 Bis del Código Penal. No obstante, tanto la doctrina como la jurisprudencia son deficitarias respecto al desarrollo de las hipótesis de comisión omisiva, que es precisamente la forma más frecuente de atentado lesivo en contra de los animales. Esto se traduce, en definitiva, en la omisión de los deberes de cuidado y de atención que satisfagan las necesidades de cada especie. La presente investigación tiene por objeto defender la idea de que la omisión cruel o abusiva en contra de los animales, es constitutiva del delito de maltrato o crueldad animal; evidenciar la calidad de sujeto de derecho de los animales en la esfera del derecho penal, planteando una posición de garante cuya fuente es la ley, y que en vista a la existencia de un vínculo especial entre un humano y el animal, obliga al primero a impedir la lesión del segundo. Para ello se analizará jurisprudencia de nuestros tribunales, doctrina nacional y extranjera, se indagará el sentido de la ley conforme normas y principios de interpretación; proporcionando una mirada distinta de la posición jurídica de los animales, y las obligaciones que como humanos contraemos con los mismos.