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Informe Jurídico de la Resolución N°0219-2018/SPC-INDECOPIQuevedo Yparraguirre, Mayra Alessandra 15 February 2022 (has links)
El régimen económico adoptado por nuestra Constitución es el de economía social de
mercado, es decir, los precios y las condiciones en el mismo se rigen por la oferta y la
demanda; y, en consecuencia, la intervención estatal se realiza de manera subsidiaria. No
obstante, en los últimos años, los pronunciamientos de INDECOPI parecen no ir acorde
al régimen económico estipulado en nuestra Constitución. Como evidencia de ello, en el
presente Informe se procederá a analizar el pronunciamiento de la Sala Especializada de
Protección al Consumidor del Indecopi en la Resolución N°0219-2018/SPC-INDECOPI,
mediante el cual la Sala concluye que la restricción de ingresar a las salas de cine con
alimentos o bebidas adquiridas fuera del establecimiento de Cineplex constituye una
cláusula abusiva de ineficacia absoluta que limita el derecho de elección del consumidor.
En ese sentido, el presente informe tiene por objetivo, usando como métodos el análisis
síntesis, análisis económico del derecho y derecho comparado, por un lado, evidenciar
que el Indecopi no realizó una correcta ponderación entre el derecho a la libertad de
empresa y el derecho a la libre elección del consumidor, y que ello no solo se torna
inconstitucional, sino que también afecta al mercado y a los agentes económicos que
intervienen en el mismo; por el otro, demostrar que la restricción del acceso al cine con
alimentos o bebidas adquiridas fuera de Cineplex no constituye una cláusula abusiva, sino
que es una restricción que el proveedor le hace al consumidor avalándose en su derecho
de libertad y autoorganización empresarial. / The economic regime adopted by our Constitution is the social market economy, that is,
prices and conditions are governed by supply and demand; and, consequently, state
intervention is carried out in a subsidiary manner. However, in recent years, INDECOPI's
pronouncements seem not to be consistent with the economic regime stipulated in our
Constitution. As evidence of this, this Report will proceed to analyze the pronouncement
of Indecopi's Specialized Chamber for Consumer Protection in Resolution N° 0219-2018
/ SPC-INDECOPI, through which the Chamber concludes that the restriction to enter
movie theaters with food or drinks purchased outside the Cineplex establishment
constitutes an abusive clause of absolute ineffectiveness that limits the consumer's right
of choice.
In this sense, this report aims, using synthesis analysis, economic analysis of law and
comparative law as methods, on the one hand, to show that Indecopi did not make a
correct balance between the right to the freedom of business and the consumer's right of
choice, and that this not only becomes unconstitutional, but also affects the market and
the economic agents that intervene in it; on the other, to demonstrate that the restriction
of access to the cinema with food and or drinks purchased outside Cineplex does not
constitute an abusive clause, but rather is a restriction that the supplier makes to the
consumer, guaranteeing his right to freedom and business self-organization.
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Informe Jurídico sobre Resolución Final N° 849-2017-CC2 de fecha 26 de mayo de 2017 del Expediente N.º 147-2017/CC2González Bendezú, Sergio Alejandro 12 March 2023 (has links)
Para participar en el mercado, los agentes económicos adoptan distintas estrategias y
formas de organizarse con la finalidad de que su oferta resalte por encima de la de sus
competidores. Ello incluye, por su puesto, el tipo de modelo de negocio. En el mercado
de los cines esto no funciona diferente. No obstante, hace unos pocos años, INDECOPI,
a través de la Sala Especializada en Protección al Consumidor emitió la Resolución N.º
243-2018/SPC-INDECOPI, a través de la cual sancionó con una amonestación a
Cinemark por infringir el artículo 50 literal e) del Código de Protección y Defensa del
Consumidor al establecer que los consumidores que hayan adquirido un boleto para
asistir a la función de una película en sus instalaciones puedan ingresar a las salas de
cine con alimentos que no hayan sido adquiridos en su área de confitería.
Es por ello por lo que, en el presente trabajo, no solo analizaremos la discusión
sustantiva sobre la comisión de la infracción antes mencionada, estableciendo como
cuestión previa el rol del INDECOPI como protector de los consumidores y del adecuado
desarrollo del proceso competitivo; sino que, además, discutiremos sobre aspectos
formales propios del procedimiento administrativo sancionador relativos a la imputación
realizada durante el inicio y la sanción y medida correctiva impuestas hacia el final.
Para tal fin, hemos realizado un estudio de fuentes doctrinarias y legislativas, así como
pronunciamientos de la Administración Pública y jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. / To participate in the market, economic agents adopt different strategies and forms of
organization to make their offer stand out from those of their competitors. This includes,
of course, the type of business model. This is also true in the film industry. However, a
few years ago, INDECOPI, through the Specialized Chamber for Consumer Protection,
issued Resolution No. 243-2018/SPC-INDECOPI, whereby it sanctioned Cinemark with
a reprimand for infringing Article 50, Literal e), of the Code of Consumer Protection and
Defense by establishing that consumers who have purchased a ticket to attend the
screening of a movie in its facilities may enter the movie theaters with food that has not
been purchased in its confectionery area.
That is why, in this legal report, we will not only analyze the substantive discussion on
the commission of the infringement, establishing as a prior question the role of
INDECOPI as a protector of consumers and the proper development of the competitive
process, but we will also discuss formal aspects of the administrative sanctioning
procedure regarding the imputation made at the beginning and the sanction and
corrective measure imposed towards the end.
For this purpose, we have made a study of doctrinal and legislative sources, as well as
pronouncements of the public administration and the jurisprudence of the Constitutional
Tribunal.
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