Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / La Potestad Sancionadora de la Administración, está regida por un conjunto de principios, contenidos en el artículo 230 de la Ley N.º 27444; encontrándose establecido en el artículo 229.2 de la ley en comento que todas las entidades de la administración pública que ejerzan potestades sancionadoras cuando tramiten los respectivos procedimientos administrativos sancionadores, aunque estos últimos se encuentren regulados por leyes especiales, estarán obligadas a observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa consagrados en la LPAG. Asimismo, es necesario precisar que el Tribunal Constitucional ha establecido en el Expediente N.º 2050-2002-AA/TC el criterio de que la sanción administrativa no solo debe imponerse dentro de las normas establecidas en el marco institucional, sino que debe observar principios constitucionales y que la aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración, que como toda potestad, en el contexto de un Estado de Derecho, está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos fundamentales. De conformidad con lo establecido, la Administración Policial en la sustanciación de procedimientos administrativos disciplinarios debe sujetarse al irrestricto respeto de los derechos constitucionales procesales y a los principios constitucionales que lo conforman y que se encuentran contenidos en el artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 1150 modificado por el Decreto Legislativo N.º 1193, dispositivo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú; cabe precisar, que este régimen no es uno que esté apartado del Procedimiento Administrativo General, pues como ya antes dijimos pese a tener una regulación especial, este está supeditado a los principios generales del derecho administrativo sancionador. / Tesis

La tesis elaborada busca determinar el grado de cumplimiento de la Constitución, la Ley No. 27444 (en adelante, “LPAG”) y los criterios del Tribunal Constitucional, en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora de las Municipalidades del Perú, con el objetivo de justificar la necesidad de incorporar en nuestro ordenamiento una Norma Base de Procedimiento Administrativo Sancionadora (en adelante, “Norma Propuesta”) obligatoria y vinculante para todas las Municipalidades peruanas. Como resultado de la investigación, se ha determinado, tomando una muestra de 25 Reglamento Administrativos Sancionadores municipales (en adelante, la “Muestra”), que las Municipalidades del Perú presentan un algo grado de incumplimiento de la Constitución, la LPAG y los criterios del Tribunal Constitucional, por lo que resulta necesaria la aprobación de la Norma Propuesta. Para tales efectos, se ha desarrollado la tesis en 4 capítulos, cada uno debidamente sustentado en el análisis de la normativa nacional sobre la materia, así como en doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera especializada. En el primero de ellos se define y expone la Potestad Sancionadora de la Administración Pública y la Infracción Administrativa. En el segundo capítulo, se desarrollan las consecuencias jurídicas aplicables ante la Infracción Administrativa: las Sanciones Administrativas y Medidas de Policía; básicamente, definiéndolas y distinguiéndolas entre sí. En el tercer capítulo, se exponen las particularidades del Municipio peruano: el ejercicio de sus competencias y la autonomía municipal, la Potestad Normativa Municipal, el Poder de Policía y la Potestad Sancionadora Municipal. Finalmente, en el cuarto capítulo, se efectúa, de un lado, el análisis de la Muestra, exponiendo las 8 principales deficiencias detectadas y, de otro lado, los mecanismos disponibles para implementar la Norma Propuesta, así como la necesidad y los beneficios que conllevarían su incorporación en el Perú. / Tesis

El documento digital no refiere asesor / Propone alternativas de solución que permitan mostrar mejoras en el corto plazo sin necesidad de incurrir en costos excesivos. Desde el 2014, la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL viene acumulando carga laboral en cada una de sus Unidades Orgánicas. En particular, el número de actas de infracción pendientes de trámite en las Sub Intendencias de Resolución (SIREs) ha crecido de manera alarmante, a tal punto que los especialistas legales no se abastecen para responder a la demanda mensual. Los métodos clásicos y técnicos, en muchos casos no se ajustan a la realidad, por lo tanto en este artículo se han usado dos metodologías SODA y SSM, que han permitido encontrar situaciones problemáticas para luego convertirlas en estados deseables. / Trabajo de suficiencia profesional

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Los diversos estudios que hemos desarrollado en los cuatro ciclos de formación de la Maestría de Derecho con mención en Ciencias Penales en la Unidad de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos han permitido conocer y acercarnos a los graves problemas que encierra y tiene el Poder Político, la Gobernabilidad del Estado Peruano y la legislación peruana en su conjunto, de continuar con las mismas características y los erráticos funcionamientos de los diversos órganos que constituyen el Estado, es posible el ocaso de lo que denominamos el Estado Moderno con graves consecuencias a la sociedad civil y territorio que lo conforman. La investigación del problema y los sub problemas afines nos darán luces al respecto y nuestras hipótesis después de ser contrastadas, serán simplemente confirmadas o negadas y nada más y solamente eso. La investigación se justifica porque primero pretende verificar la inadecuada normatividad legal del trabajador del empleo público originando efectos negativos en la aplicación de las sanciones administrativas en la administración pública, y en estrictu sensu en el Poder Ejecutivo. La falta de una adecuada legislación sobre responsabilidades administrativas e incluso penales y civiles de los denominados funcionarios y servidores públicos y su correcta conceptualización y definición originan que las sanciones a quienes son pasibles de las misma no sean las más legales, jurídicas y justas; para lo cual se debe estudiar, supervisar y verificar la idoneidad de las normas legales y actos administrativos, y de la misma manera ver si se cumple o no el fin supremo del Estado y como corolario otear en el horizonte cercano, mediano y a largo plazo sobre lo que será la sociedad peruana del futuro y lo concerniente al debilitamiento progresivo del Estado denominado moderno, por las razones expuestas. / Tesis

En este informe se analizará la Resolución n.o 039-2021-PLENO-JNJ emitida por la Junta Nacional de Justicia que destituye a Víctor Ticona Postigo, en su condición de juez supremo y en el ejercicio de la función como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La investigación se centrará en el análisis de la responsabilidad disciplinaria del investigado, la competencia de la Junta Nacional de Justicia para investigar la actuación funcional del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y la gradualidad de las sanciones. De esa forma, se verificará la importancia y trascendencia del perfil y la condición de juez supremo, así como la gradualidad de las sanciones en el ejercicio de la potestad disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia. Finalmente, se determinará la competencia de la Junta Nacional de Justicia para investigar la actuación funcional del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y la vulneración del derecho del investigado al haber sido sancionado con la máxima sanción disciplinaria sin considerar una sanción menor en base a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, siendo que además, desconocía con anterioridad los criterios que serían empleados para determinar la gradualidad de la sanción que se le iba a imponer

El objeto fundamental de este trabajo se centra en analizar el uso de conceptos jurídicos indeterminados en la tipificación de faltas administrativas y su relación con las sanciones arbitrarias. Inicialmente abordaremos categorías conceptuales como poder disciplinario, conceptos jurídicos indeterminados, principio de tipicidad, discrecionalidad, arbitrariedad, para lo cual se ha recurrido a la doctrina y a sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Posteriormente, analizaremos la falta “negligencia en el desempeño de sus funciones” como concepto jurídico indeterminado que genera que la Administración realice acciones de cognición y de experiencia para completar el concepto, en la necesidad de determinar lo indeterminable. Para el análisis de la falta nos hemos remitido a la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el expediente N° 2192-2004-AA/TC y luego cómo viene siendo analizado por el Tribunal del Servicio Civil. La investigación se justifica en los efectos negativos de una sanción administrativa arbitraria en los servidores públicos. Luego del análisis presentamos nuestras conclusiones siendo la principal la que señala que la tipificación con conceptos jurídicos indeterminados se justifica en la diversidad de funciones que cumplen los servidores civiles, en consecuencia, no vulnera el principio de tipicidad, pero si exige de la administración la obligación de precisar el tipo; según lo indicado, el uso de conceptos jurídicos indeterminados no debería tener como consecuencia la imposición de sanciones arbitrarias.

Las relaciones de consumo en el sector inmobiliario traen consigo una serie de particularidades que muchas veces agravan la asimetría informativa y poder de negociación de los consumidores. Más aún, al tratarse de contrataciones en masa, se ha identificado en varias ocasiones que los proveedores de productos inmobiliarios incluyen cláusulas abusivas en los contratos de compra venta de inmuebles, generando perjuicios en contra de los derechos de los consumidores. El presente trabajo tiene como objeto analizar las consecuencias generadas por las cláusulas abusivas en el ejercicio de derechos y obligaciones en una relación de consumo inmobiliaria. Para ello, consta de cuatro capítulos que se resumen a continuación. En el primer capítulo, se analiza el alcance del tratamiento de las cláusulas abusivas en las relaciones jurídicas de consumo, en donde a su vez se indicará la justificación de prohibición de las cláusulas abusivas, se analizará la contratación en masa y su relación con las cláusulas abusivas, y se identificarán las particularidades de las cláusulas abusivas insertas en los contratos inmobiliarios. En el segundo capítulo, se abordará la regulación y tratamiento de las cláusulas abusivas en el Derecho de Consumo, en donde además se explicará lo que señala el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto a las cláusulas abusivas y lo que señala la doctrina para identificar y delimitar las cláusulas abusivas en los contratos de consumo. En el tercer capítulo, se tratará el análisis de las resoluciones de INDECOPI sobre cláusulas abusivas en contratos inmobiliarios, para ello, se identificarán los elementos que configuran una cláusula abusiva según INDECOPI, y se examinarán algunos precedentes de INDECOPI sobre cláusulas abusivas insertas en contratos inmobiliarios. Finalmente, en el cuatro capítulo, se señalarán las modalidades de los sistemas de tutela del consumidor contra cláusulas abusivas, dentro del cual se encuentran la tutela autónoma o paraestatal y la tutela estatal del consumidor.

La realización del presente trabajo académico es de importante atención debido a que deben existir límites a la potestad sancionadora del Estado, los cuales se han desarrollado a nivel constitucional y recogidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. De esta manera, el presente trabajo busca realizar un análisis de las distintas disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado a través del Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Ello con la finalidad de advertir que podrían existir disposiciones que vulnerarían el carácter común del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, pues éstas pretenderían desconocer principios, garantías y derechos reconocidos a los administrados en los procedimientos administrativos sancionadores.

La redacción del inciso 10 del artículo 246 del TUO de la LPAG1 , permite deducir que es posible “sancionar” a una persona al demostrarse “objetivamente” su responsabilidad. Por otro lado, en el inciso 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG2, se establece la valoración de la “intencionalidad” como criterio de graduación de la sanción a imponerse, independientemente de que la responsabilidad del administrado haya sido establecida bajo una concepción objetiva o subjetiva. En este orden de ideas queda manifiesta la contradicción en los casos en los cuales se haya establecido la responsabilidad objetiva de un administrado y posteriormente, a efectos de determinar la graduación de la sanción, se realice un análisis de la intencionalidad de su conducta. Por ello, los objetivos de la presente investigación son determinar las implicancias surgidas a raíz de la aplicación de la responsabilidad objetiva conjuntamente con la adopción de la intencionalidad como criterio de graduación de sanciones, analizando para ello la Naturaleza Jurídica del Principio de Culpabilidad; e identificando los elementos diferenciadores de la responsabilidad subjetiva y de la responsabilidad objetiva.