En el 2010 el Estado Peruano, ejerciendo su función protectora, puso en vigencia el Código de Defensa del Consumidor. Un esfuerzo orientado a reducir la asimetría informativa entre las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, el ejercicio pleno del derecho a la educación financiera va más allá. Implica una política social cuya prioridad sea una justa redistribución de oportunidades en temas básicos como inclusión social, salud, educación, etc… La inclusión financiera es un complemento de los temas básicos, que como el resto de derechos fundamentales es una de las dimensiones que contribuye al ejercicio pleno de la ciudadanía. De nada sirve acceder “democráticamente” a un cumulo de conocimiento, sin las condiciones para desarrollar capacidades en igualdad de condiciones. En ese sentido, mostraremos en nuestra investigación en qué nivel de maduración se encuentra hoy el entendimiento de los jóvenes limeños de 24 a 35 años del derecho a la educación financiera. Las prácticas económicas en el Perú promueven el consumismo financiero. Los peruanos laboralmente activos buscan mejorar su nivel de vida en el corto plazo, mientras que los bancos incrementan su oferta (sin información clara y suficiente) y sus utilidades, ¿y el Estado? Por décadas ha tenido una posición de defensa de los intereses de los grupos de poder. Veremos si hoy pueden considerarse garante y regulador efectivo de los intereses del colectivo de ciudadanos. Para nuestro análisis tendremos tres actores principales: El Estado, las empresas y el ciudadano. Si en los tres niveles no se toman decisiones que generen un cambio, poco o nada se mejorará. Analizaremos lo que sucede con los jóvenes limeños de 24 a 35 años en este escenario. Además, veremos cuál es el enfoque y acciones del Estado para atender sus demandas, y cuál es la participación e interés de las empresas (grupos de poder económico y político). El ejercicio pleno de la ciudadanía requiere que cada una de sus dimensiones se desarrolle. Una de ellas es la educación, y parte importante de ésta es la educación financiera. Se requiere un vehículo que contribuya a desarrollar algunas oportunidades en función del bienestar social. Veremos por qué no se logra aterrizar en programas y proyectos concretos. Finalmente, el Perú cuenta con una Comisión Multisectorial de Educación Financiera, liderada por el Ministerio de Economía; veremos si tiene una orientación democrática y si realmente puede ser artífice del camino que los jóvenes necesitan para ser incluidos democráticamente en el sistema financiero con transparencia, condiciones de equidad y con resultados eficientes para su desarrollo personal, y más cercanos a ejercer plenamente su ciudadanía. / Tesis

En el 2010 el Estado Peruano, ejerciendo su función protectora, puso en vigencia el Código de Defensa del Consumidor. Un esfuerzo orientado a reducir la asimetría informativa entre las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, el ejercicio pleno del derecho a la educación financiera va más allá. Implica una política social cuya prioridad sea una justa redistribución de oportunidades en temas básicos como inclusión social, salud, educación, etc… La inclusión financiera es un complemento de los temas básicos, que como el resto de derechos fundamentales es una de las dimensiones que contribuye al ejercicio pleno de la ciudadanía. De nada sirve acceder “democráticamente” a un cumulo de conocimiento, sin las condiciones para desarrollar capacidades en igualdad de condiciones. En ese sentido, mostraremos en nuestra investigación en qué nivel de maduración se encuentra hoy el entendimiento de los jóvenes limeños de 24 a 35 años del derecho a la educación financiera. Las prácticas económicas en el Perú promueven el consumismo financiero. Los peruanos laboralmente activos buscan mejorar su nivel de vida en el corto plazo, mientras que los bancos incrementan su oferta (sin información clara y suficiente) y sus utilidades, ¿y el Estado? Por décadas ha tenido una posición de defensa de los intereses de los grupos de poder. Veremos si hoy pueden considerarse garante y regulador efectivo de los intereses del colectivo de ciudadanos. Para nuestro análisis tendremos tres actores principales: El Estado, las empresas y el ciudadano. Si en los tres niveles no se toman decisiones que generen un cambio, poco o nada se mejorará. Analizaremos lo que sucede con los jóvenes limeños de 24 a 35 años en este escenario. Además, veremos cuál es el enfoque y acciones del Estado para atender sus demandas, y cuál es la participación e interés de las empresas (grupos de poder económico y político). El ejercicio pleno de la ciudadanía requiere que cada una de sus dimensiones se desarrolle. Una de ellas es la educación, y parte importante de ésta es la educación financiera. Se requiere un vehículo que contribuya a desarrollar algunas oportunidades en función del bienestar social. Veremos por qué no se logra aterrizar en programas y proyectos concretos. Finalmente, el Perú cuenta con una Comisión Multisectorial de Educación Financiera, liderada por el Ministerio de Economía; veremos si tiene una orientación democrática y si realmente puede ser artífice del camino que los jóvenes necesitan para ser incluidos democráticamente en el sistema financiero con transparencia, condiciones de equidad y con resultados eficientes para su desarrollo personal, y más cercanos a ejercer plenamente su ciudadanía. / Tesis

El objetivo de la presente investigación es analizar de qué manera las experiencias de participación, realizadas desde organizaciones representativas de estudiantes, influyen en las representaciones sociales de ciudadanía. Se realizó un estudio de casos múltiples e instrumental en tres colegios públicos de Lima Metropolitana a fin de analizar la influencia. Se encontró que existen representaciones diversas, tanto sociales como individuales, que fluctúan entre lo propuesto por la política educativa y las ideas propias, y entre lo escuchado y experimentado. Entonces, si bien, y en forma general, la ciudadanía se representa como un grupo de personas que participan y que tienen deberes y derechos al ser parte de una comunidad, lo cierto es que existen significados propios que se asumen desde, por ejemplo, la experiencia de participación o la minoría de edad. De esta manera, las diferencias entre las representaciones se basan en el modo de concebir la participación ciudadana y la ciudadanía en estudiantes. Así, si en la experiencia se ha impulsado debatir o analizar problemas sociales, se concibe que la ciudadanía también debería actuar de esa manera. En el caso de estudiantes, solo en la institución educativa (IE) donde tuvieron mayor autonomía se considera que sí pueden ser ciudadanos. Entonces, la deliberación (sobre problemas sociales) y los mayores niveles de autonomía (de los estudiantes) pueden construir diferentes tipos de ciudadanía. Los resultados ayudan a reconocer que “buenas experiencias de participación” podrían aportar “buenas ideas de ciudadanía” y, con relación a ello, descubrir nuevos constructos teóricos, desde el enfoque de justicia social, en torno a la configuración de las representaciones de ciudadanía a partir de experiencias específicas. / The objective of this research is to analyze how the experiences of participation, carried out from representative student organizations, influence the social representations of citizenship. A multiple and instrumental case study was carried out in three public schools in Metropolitan Lima in order to analyze the influence. It was found that there are diverse representations, both social and individual, that fluctuate between what is proposed by educational policy and one's own ideas, and between what is heard and experienced. So, although citizenship is represented as a group of people who participate and who have duties and rights as part of a community, the truth is that there are their own meanings that are assumed from, for example, the experience of participation or minority old. In this way, the differences between the representations are based on the way of conceiving citizen participation and citizenship in students. Thus, if the experience has promoted debating or analyzing social problems, it is understood that citizens should also act in this way. In the case of students, only in the educational institution (EI) where they had greater autonomy is it considered that they can be citizens. So, deliberation (about social problems) and higher levels of autonomy (of students) can build different kinds of citizenship. The results help to recognize that "good experiences of participation" could contribute "good ideas of citizenship" and, in relation to this, discover new theoretical constructs, from the social justice approach, around the configuration of representations of citizenship through based on specific experiences.