En el 2010 el Estado Peruano, ejerciendo su función protectora, puso en vigencia el Código de Defensa del Consumidor. Un esfuerzo orientado a reducir la asimetría informativa entre las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, el ejercicio pleno del derecho a la educación financiera va más allá. Implica una política social cuya prioridad sea una justa redistribución de oportunidades en temas básicos como inclusión social, salud, educación, etc… La inclusión financiera es un complemento de los temas básicos, que como el resto de derechos fundamentales es una de las dimensiones que contribuye al ejercicio pleno de la ciudadanía. De nada sirve acceder “democráticamente” a un cumulo de conocimiento, sin las condiciones para desarrollar capacidades en igualdad de condiciones. En ese sentido, mostraremos en nuestra investigación en qué nivel de maduración se encuentra hoy el entendimiento de los jóvenes limeños de 24 a 35 años del derecho a la educación financiera. Las prácticas económicas en el Perú promueven el consumismo financiero. Los peruanos laboralmente activos buscan mejorar su nivel de vida en el corto plazo, mientras que los bancos incrementan su oferta (sin información clara y suficiente) y sus utilidades, ¿y el Estado? Por décadas ha tenido una posición de defensa de los intereses de los grupos de poder. Veremos si hoy pueden considerarse garante y regulador efectivo de los intereses del colectivo de ciudadanos. Para nuestro análisis tendremos tres actores principales: El Estado, las empresas y el ciudadano. Si en los tres niveles no se toman decisiones que generen un cambio, poco o nada se mejorará. Analizaremos lo que sucede con los jóvenes limeños de 24 a 35 años en este escenario. Además, veremos cuál es el enfoque y acciones del Estado para atender sus demandas, y cuál es la participación e interés de las empresas (grupos de poder económico y político). El ejercicio pleno de la ciudadanía requiere que cada una de sus dimensiones se desarrolle. Una de ellas es la educación, y parte importante de ésta es la educación financiera. Se requiere un vehículo que contribuya a desarrollar algunas oportunidades en función del bienestar social. Veremos por qué no se logra aterrizar en programas y proyectos concretos. Finalmente, el Perú cuenta con una Comisión Multisectorial de Educación Financiera, liderada por el Ministerio de Economía; veremos si tiene una orientación democrática y si realmente puede ser artífice del camino que los jóvenes necesitan para ser incluidos democráticamente en el sistema financiero con transparencia, condiciones de equidad y con resultados eficientes para su desarrollo personal, y más cercanos a ejercer plenamente su ciudadanía. / Tesis

En el 2010 el Estado Peruano, ejerciendo su función protectora, puso en vigencia el Código de Defensa del Consumidor. Un esfuerzo orientado a reducir la asimetría informativa entre las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, el ejercicio pleno del derecho a la educación financiera va más allá. Implica una política social cuya prioridad sea una justa redistribución de oportunidades en temas básicos como inclusión social, salud, educación, etc… La inclusión financiera es un complemento de los temas básicos, que como el resto de derechos fundamentales es una de las dimensiones que contribuye al ejercicio pleno de la ciudadanía. De nada sirve acceder “democráticamente” a un cumulo de conocimiento, sin las condiciones para desarrollar capacidades en igualdad de condiciones. En ese sentido, mostraremos en nuestra investigación en qué nivel de maduración se encuentra hoy el entendimiento de los jóvenes limeños de 24 a 35 años del derecho a la educación financiera. Las prácticas económicas en el Perú promueven el consumismo financiero. Los peruanos laboralmente activos buscan mejorar su nivel de vida en el corto plazo, mientras que los bancos incrementan su oferta (sin información clara y suficiente) y sus utilidades, ¿y el Estado? Por décadas ha tenido una posición de defensa de los intereses de los grupos de poder. Veremos si hoy pueden considerarse garante y regulador efectivo de los intereses del colectivo de ciudadanos. Para nuestro análisis tendremos tres actores principales: El Estado, las empresas y el ciudadano. Si en los tres niveles no se toman decisiones que generen un cambio, poco o nada se mejorará. Analizaremos lo que sucede con los jóvenes limeños de 24 a 35 años en este escenario. Además, veremos cuál es el enfoque y acciones del Estado para atender sus demandas, y cuál es la participación e interés de las empresas (grupos de poder económico y político). El ejercicio pleno de la ciudadanía requiere que cada una de sus dimensiones se desarrolle. Una de ellas es la educación, y parte importante de ésta es la educación financiera. Se requiere un vehículo que contribuya a desarrollar algunas oportunidades en función del bienestar social. Veremos por qué no se logra aterrizar en programas y proyectos concretos. Finalmente, el Perú cuenta con una Comisión Multisectorial de Educación Financiera, liderada por el Ministerio de Economía; veremos si tiene una orientación democrática y si realmente puede ser artífice del camino que los jóvenes necesitan para ser incluidos democráticamente en el sistema financiero con transparencia, condiciones de equidad y con resultados eficientes para su desarrollo personal, y más cercanos a ejercer plenamente su ciudadanía. / Tesis