Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el capitulo primero de este trabajo, veremos el concepto del delito de Cohecho, su ubicación en el Código Penal y las clasificaciones de las nuevas figuras del delito, según su ordenación. Y finalmente la relación entre cohecho y corrupción. El capitulo segundo trata del bien jurídico protegido por el delito de cohecho en la actual regulación, que es el respeto al principio de probidad administrativa y se trata también cual era el bien jurídico protegido en la regulación anterior a la reforma. En el capitulo tercero; analizaremos, cuáles son los elementos objetivos del tipo penal, como se configura la conducta punible. A través de sus distintos verbos rectores. En el capitulo cuarto; revisaremos la naturaleza del delito, materia que ha cambiado radicalmente con la reforma y es de suma importancia, por su relación con la consumación y posibilidad de las formas imperfectas de ejecución del delito. En el capitulo quinto, se analizan los elementos subjetivos del tipo penal revisando , a saber, el dolo, el error ,el ánimo de lucro, la admisibilidad de conductas culposas,y también la situación de infracción a los deberes del cargo. En el capitulo sexto, estudiaremos el iter criminis, las posibilidades de formas imperfectas de ejecución, la consumación, en la antigua y nueva regulación del delito de cohecho. El capitulo séptimo trata, del autor del delito de cohecho pasivo y cohecho activo o soborno y las otras formas de participación. En el capitulo octavo, revisaremos las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. 10 Finalmente en el capitulo noveno veremos las relaciones concúrsales, y el delito de cohecho relacionado con otros delitos especialmente, aquellos que constituyen una figura agravada del cohecho.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los boletines 10.155-07 y 10.739-07 introdujeron a tramitación en el Congreso dos proyectos de ley que buscan incluir el delito de corrupción privada en el Código Penal chileno. A raíz de estas iniciativas, el presente trabajo pretende plantear la necesidad de reflexionar en torno a elección de la vía penal como herramienta para enfrentar un asunto de alta connotación pública y complejidad como es la corrupción privada, haciendo especial énfasis en la falta de un estudio acabado de las limitaciones y desventajas que ello puede traer aparejado. Para ello se aborda, en primer lugar, el contexto en que las iniciativas legislativas surgieron y sus propuestas concretas. A continuación, se exponen sucintamente los principales modelos y respuestas adoptadas por otros países en relación a la punibilidad de esta figura, con miras a adquirir una visión crítica y anticipar las consecuencias prácticas que podría tener en nuestro país el seguir alguno de ellos. Finalmente, se presentan distintos aspectos que hacen cuestionable la propuesta de persecución penal de la corrupción privada y las críticas específicas que pueden plantearse a los proyectos de ley referidos a ella.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Vivimos en un mundo globalizado. Las relaciones comerciales traspasan las fronteras e incrementan su número día a día. Por esta razón, los organismos públicos de todas las naciones han debido intervenir, en mayor o menor medida, en los procesos comerciales, con el objeto de disminuir los riesgos propios derivados estas relaciones –entre tales riesgos encontramos conductas que pueden ser sancionadas según el Derecho Penal-. A través de las nuevas tecnologías y el avance de la comunicación, los particulares realizan transacciones internacionales casi instantáneamente, y en virtud de ello, la participación de organismos públicos en las mismas ya sea como partes o bien en ejercicio de sus facultades de fiscalización, aparece masivamente como parte de un fenómeno de modernización del desarrollo económico mundial.

Tesis (magíster en derecho, mención derecho penal de los negocios y la empresa) / Siendo el cohecho una de las manifestaciones más importantes de la corrupción, esta tesis tiene por propósito principal analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la perspectiva de las figuras penales previstas en el artículo 250 y 251 bis del Código Penal, identificando y determinando, los tipos penales y las sanciones en que incurrirán las personas jurídicas cuando hayan cometido estos delitos conforme a las disposiciones de la Ley 20.393 sobre Responsabilidad de las personas jurídicas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto determinar la subsunción de una acción determinada, constitutiva eventualmente del delito de cohecho, respecto de aquellos funcionarios a los cuales se les ha atribuido una potestad discrecional. Determinar dicho alcance reviste mayor interés para el caso de cohecho agravado, puesto que el tipo penal exige que el funcionario público haya infringido un deber propio de su cargo, situación que se dificulta aún más cuando el funcionario detenta facultades discrecionales, pues cada decisión que concrete se encontrará amparada íntegramente por nuestro ordenamiento jurídico, de tal modo que difícilmente infringirá un deber propio de su cargo. Por tanto, el objetivo principal es esclarecer el análisis dogmático que orienta la determinación de si en un caso concreto, el intraneus infringió efectivamente algún deber propio de su cargo, ello considerando particularmente las normas que regulan y coadyuvan el proceso en virtud del cual el funcionario público toma una decisión relevante. Se analizará en este marco la figura básica de cohecho y la determinación sobre posibles dificultades dogmáticas en la aplicación de este delito a aquellos funcionarios públicos que detenten facultades discrecionales en el desempeño de sus funciones. Luego, el análisis se centrará en la figura agravada de cohecho, de igual modo, la respectiva aplicación de este tipo penal al ejercicio de facultades de carácter discrecional con las que cuentan determinados funcionarios de la Administración Pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Para la Obtención del grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas / Una rápida lectura de cómo se manifiesta el Estado moderno en Chile, nos proporciona la conclusión de que se han incorporado diferentes agentes que colaboran con la función pública y que dichos agentes se encuentran interconectados. De esta diversidad y multiplicidad de vínculos se obtiene que la función pública tiene hoy más que nunca límites difusos con el sector privado. Ya quedó obsoleta una visión piramidal de la estructura del Estado, para dar paso a modernas teorías que visualizan más bien una red de influencia recíproca, donde operan entidades de diversos ámbitos, con diferentes intereses y tamaños, nacionales e internacionales. En un contexto de corrupción del Estado y específicamente en relación a la participación en el delito de Cohecho que pueda involucrar al sector público, se hace necesario encontrar una definición de función pública y de agentes de la Administración pública, que resulte aplicable a todos aquellos agentes del Estado y colaboradores que por su falta de probidad puedan afectar el correcto funcionamiento de la Administración, así como también identificar las figuras contractuales y plataformas donde actualmente es posible ver la forma como se está vinculando el Estado con los particulares, en qué modo el Estado chileno previene la corrupción y un análisis de la legislación que regula el cohecho y la penalización de las personas jurídicas dados los vínculos, relaciones y canales de comunicación que actualmente se dan entre la ciudadanía y la Administración 8 Pública. En el presente trabajo se precisa analizar la legislación que penaliza a las personas jurídicas por el delito de cohecho y encontrar contextos, regulaciones y procedimientos y luego tratar de llegar a áreas problemáticas, por ejemplo, en cuanto a la interacción de las personas jurídicas con el Estado o en cuanto a las circunstancias bajo las cuales la ciudadanía organizada puede desempeñar la función pública. Si se entiende que las personas jurídicas forman parte de la Administración Pública en un sentido puramente funcional, es decir, porque las actividades que realicen satisfacen las necesidades y servicios que un sector u organismo del Estado está llamado a otorgar a los ciudadanos, podemos incluir a una gran cantidad de agentes que en forma permanente o esporádica, pagados con fondos públicos o no y que además, no necesariamente se rigen directamente por la LOC de Bases de la Administración del Estado. La falta de probidad de agentes “funcionales” pero no “formales”, en algunos casos pudiera afectar la correcta prestación del servicio, pero no podría imputárseles necesariamente un incumplimiento a la Ley o pretender de ellos una responsabilidad mayor a la específica actividad comercial, laboral o incluso voluntaria que desempeña. Sin embargo, es una definición funcional de empleado público la que otorga el artículo 260 del Código Penal (CP), aplicable a todas las personas imputadas por delitos funcionarios del Título V del Libro II del CP, incluyendo el Cohecho. En su aplicación pueden darse un sin fin de situaciones donde se hace necesario 9 analizar los contratos que las personas jurídicas firman antes de desempeñar una función pública. Por otro lado, tampoco resultaría aplicable una definición meramente formalista de agente de la Administración Pública en el escenario actual, en el sentido de que solamente aquellas personas, jurídicas o naturales que forman parte de un escalafón funcionario dentro de la estructura de un organismo del Estado, nombradas con las formalidades y por la autoridad que señala la ley, ejercerían la función pública, ya que tampoco parece realista dadas las figuras actuales de participación del sector privado en la función pública como la tercerización, subcontratación, proyectos con fondos del Estado, concursos y licitaciones y otras ampliamente extendidas en el escenario actual. Por lo tanto, esta tesis analiza las reformas en el ámbito de la penalización de las personas jurídicas y pone acento en uno de los delitos por los cuales actualmente son sancionables las personas jurídicas en Chile, como es el Cohecho y cómo son sancionables las personas jurídicas que participen de dicho delito. Junto con esta problemática respecto a la real participación del sector privado como agentes de la función pública, existe otra, en relación a abordar el problema dogmático que debió enfrentar el legislador penal al hacer imputables por el delito de Cohecho y otros delitos a las personas jurídicas por virtud de la Ley 20.393. Hay ciertos temas que tienen relación con lo anterior, como por ejemplo, si las personas jurídicas deben o no resultar beneficiadas por la comisión del delito y 10 cómo deben cumplir con el deber de supervisión y administración como una de las condiciones de inimputabilidad. En el análisis son relevantes dos tratados internacionales anticorrupción ratificados por Chile. Resulta interesante reflexionar respecto al objetivo principal de dichos tratados, que es la lucha contra la corrupción, y cómo en Chile se ha modificado la legislación para dar cumplimiento a los tratados. Los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile que buscan combatir la corrupción y que dieron al legislador chileno un mandato para que modifique las normas referidas al delito de Cohecho y a la imputabilidad de las personas jurídicas, son principalmente dos: la Convención Interamericana de Derechos Humanos contra la corrupción de 1996 y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de 2003, cada uno de los cuales tiene su propia definición de función pública que coincide con la definición del CP chileno y señalan directrices y procedimientos que los países miembro deberían implementar para combatir la corrupción. Junto con la búsqueda de una coherencia legislativa para cumplir con el mandato de los tratados interacionales mencionados, en el ámbito de la Administración Pública en Chile desde hace años se presenta un esfuerzo por digitalizar los procedimientos y organismos estatales y también por transparentar la información pública. Dos importantes leyes que se relacionan con este esfuerzo son, por ejemplo, la Ley de Transparencia de 2008 y la nueva Ley del Lobby de 2014, que se analizarán también como anexos en esta tesis junto con la Ley 11 20.500 relacionada con la protección de la probidad y la participación ciudadana. También resultan importantes los actuales procesos de compra y licitaciones, así como el espacio que el particular sistema chileno da a los "proyectos con fondos del Estado”, lo que también pudiera tener importancia con la investigación del delito de Cohecho y con las personas jurídicas que participan de estos procesos. Por lo tanto, en el presente trabajo interesa el análisis del tipo Cohecho y legislación y reformas relacionadas con este delito, la reforma que hizo imputables a las personas jurídicas respecto de dicho delito, también el análisis del especial sistema de organización del Estado chileno, para lo cual me apoyaré en las páginas web oficiales de los diferentes organismos del Estado, además de la legislación y los tratados internacionales anticorrupción mencionados que han inspirado las reformas.