Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en Derecho Penal) / Esta investigación tiene por objetivo general analizar la situación en que encontraren aquellas personas jurídicas que fueren imputadas por alguno de los delitos contemplados en la Ley 20.393 del año 2009, que estableció la responsabilidad penal justamente de las personas jurídicas, específicamente en relación a las posibilidades de defensa penal que le cabrían cómo respuesta a una interpretación estricta de las normas de la ley, en base a la cual se considere a priori que, por el mero hecho de no tener implementado el modelo de prevención que la misma ley establece, debiera ser condenada y cómo una interpretación de esta naturaleza podría afectar derechos constitucionalmente consagrados o principios generales del derecho penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Actualmente las empresas son, sin dudarlo, el principal agente económico de la sociedad. La libertad con que operan las compañías, viene antecedido, por un afán de expansión y de crecimiento económico. Favorecido por ello, las personas jurídicas se han vuelto el escenario ideal para la comisión de delitos surgiendo así la “criminalidad empresarial”, la que atenta contra bienes jurídicos importantes para la sociedad. La urgente necesidad de protección de dichos bienes desencadenó el surgimiento de políticas criminales preventivas, permitiendo que durante el siglo XX, se diera paso a la responsabilidad penal empresarial, en función de la necesidad de frenar la criminalidad empresarial. Dieron inicio a esto, los países de tradición jurídica anglosajona, menos apegados a la dogmática jurídica. En cambio, los países de tradición jurídica continental, fueron más reacios y sus reformas tomaron más tiempo. Particularmente, en el caso de Chile nunca se manifestó mayor interés en implementar medidas para frenar la irresponsabilidad de las personas jurídicas, hasta éste se volvió uno de los requisitos para ser miembro permanente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es en este escenario que nace la Ley Nº 20.393 la cual consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El principal elemento de interés del presente trabajo, se enfoca en el análisis de los modelos de imputación utilizados para la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Se inicia la investigación a partir de los modelos presentes en el derecho comparado, para luego conocer y analizar las características del modelo mixto de responsabilidad, basado en el defecto de organización de la persona jurídica, sistema de imputación escogido por el legislador chileno. Lógicamente se abordaran sus alcances más relevantes y las falencias que se prevé tendrá la Ley Nº 20.393 bajo este sistema de imputación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La potestad de imponer sanciones penales por parte del estado puede reconstruirse mediante la identificación de tres momentos distintos, cada uno de los cuales se caracteriza por la presencia de un hecho institucional paradigmático, y una función pública implicada. Así, podemos identificar: (a) el momento de la conminación penal, dominado por los actos institucionales de la promulgación y publicación de normas penales, además de la función pública que ejerce el legislador; (b) el momento de la imposición de la pena, caracterizado por el acto institucional de la sentencia, y la labor del juez, que atribuye a una persona responsabilidad por la defraudación de una norma de conducta; y por último, (c) el momento de la ejecución de la pena, caracterizado por el cumplimiento de la sanción previamente definida por el adjudicador, y la labor del respectivo aparato administrativo.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria para optar al Grado (Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales) / El presente trabajo abordará la temática relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas u organizaciones empresariales bajo un nuevo entendimiento del Derecho penal, esto es, el denominado paradigma comunicativo de la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos a fin de replicar las objeciones que se le han planteado a las empresas como sujetos activos de delito y confirmar el rol de éstas como buenos ciudadanos corporativos al alero de la autorregulación y los planes de cumplimiento corporativos. En primer término, se presentarán algunas particularidades del Derecho penal en la sociedad moderna, observaciones terminológicas preliminares acerca de la responsabilidad empresarial y se consignarán de manera introductoria los modelos de imputación junto con propuestas dogmáticas de algunos autores. En segundo lugar, bajo el apotegma societas delinquere non potest, tendremos la oportunidad de consignar las problemáticas referentes a la responsabilidad penal de las empresas (incapacidad de acción, de culpabilidad, de pena, etc.), dejando, de esta manera, servidos los inconvenientes derivados de este tipo de responsabilidad penal. En tercer término, conforme al influjo del paradigma sugerido, se incorporarán las nociones elementales de la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos con el propósito de que el lector se familiarice y comprenda los trazos generales de este nuevo entendimiento de la realidad social

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Vivimos en un mundo globalizado. Las relaciones comerciales traspasan las fronteras e incrementan su número día a día. Por esta razón, los organismos públicos de todas las naciones han debido intervenir, en mayor o menor medida, en los procesos comerciales, con el objeto de disminuir los riesgos propios derivados estas relaciones –entre tales riesgos encontramos conductas que pueden ser sancionadas según el Derecho Penal-. A través de las nuevas tecnologías y el avance de la comunicación, los particulares realizan transacciones internacionales casi instantáneamente, y en virtud de ello, la participación de organismos públicos en las mismas ya sea como partes o bien en ejercicio de sus facultades de fiscalización, aparece masivamente como parte de un fenómeno de modernización del desarrollo económico mundial.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente investigación nos abocaremos a analizar el impacto que tuvo la suscripción por parte de nuestro país del acuerdo de la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico (en adelante OCDE) en Chile, circunscrito en lo que se refiere a la responsabilidad penal, en particular a aquella que se aplica sobre la persona jurídica, entendiendo éste como un estatuto mediante el cual se pena a los diversos tipos de personas morales existentes en nuestro ordenamiento, por una serie de delitos que se encuentran tipificados en virtud de la reforma realizada a la ley que trata el tema en la legislación chilena, efectuada en el año 2009. Adicionalmente, utilizaremos como ejemplo alguna legislación extranjera, dando cuenta de esta forma que en el derecho comparado existen casos de ordenamientos jurídicos en los que se consagra este estatuto de responsabilidad, los cuales serán utilizados en el capítulo de derecho comparado en la presente investigación

Tesis (magíster en derecho, mención derecho penal de los negocios y la empresa) / Siendo el cohecho una de las manifestaciones más importantes de la corrupción, esta tesis tiene por propósito principal analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la perspectiva de las figuras penales previstas en el artículo 250 y 251 bis del Código Penal, identificando y determinando, los tipos penales y las sanciones en que incurrirán las personas jurídicas cuando hayan cometido estos delitos conforme a las disposiciones de la Ley 20.393 sobre Responsabilidad de las personas jurídicas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto analizar y sistematizar las implicancias de la Ley 20.393 , que consagra en Chile la responsabilidad penal de la persona jurídica, desde la perspectiva del Derecho del Trabajo. A su vez, busca identificar las principales deficiencias que contiene esta ley penal en materia laboral y su eventual afectación a derechos y garantías del trabajador. En particular, ahondar en el estudio de los modelos de prevención tratados en el artículo 4 de la Ley, su naturaleza jurídica, ámbito de aplicación, contenido y sanciones para el trabajador ante su incumplimiento. La Ley 20.393 en su propósito de prevenir la comisión de delitos al interior de la estructura empresarial, sugiere a las personas jurídicas la creación e implementación de un sistema de prevención, cuyas normas pueden afectar derechos y garantías de los trabajadores en caso de ser adoptadas por la empresa, a consecuencia de la falta de claridad en sus disposiciones y los alcances prácticos derivados de su implementación. En el desarrollo de la hipótesis de este trabajo se encontrarán serias limitaciones de carácter más práctico que teórico. En primer lugar, y a consecuencia de la reciente entrada en vigencia de la Ley, dentro de la doctrina nacional no existe discusión sobre el impacto que estas normas tienen o podrían tener en otras ramas del derecho, menos en el ámbito del derecho laboral. Tampoco existen aún investigaciones penales formalizadas o procesos judiciales iniciados que persigan la responsabilidad penal de la persona jurídica de alguna entidad. Finalmente, son muy pocas las empresas que en la actualidad han elaborado e implementado estos sistemas de prevención, y menor en cantidad, aquellas que los han certificado. De esta forma, las contradicciones, vacíos legales y vaguedades conceptuales que tiene la misma Ley derivados de su acotada discusión parlamentaria, constituyen un obstáculo en los objetivos de nuestra investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria tiene por objeto estudiar los programas de cumplimiento o compliance, un fenómeno enfocado en la autoorganización preventiva por parte de las personas jurídicas con el objeto de evitar que se cometan delitos al interior de éstas. El capítulo 1 versa sobre la experiencia histórica legislativa de los programas de compliance en Chile en comparación con la evolución que éstos tuvieron en Estados Unidos, país precursor en la materia. En este capítulo analizamos tanto las razones políticas internacionales como legales que llevaron a nuestro país a promulgar la Ley n° 20.393, la que fija por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas y –en lo que respecta a esta memoria– la posibilidad de implementar programas de cumplimiento al interior de las empresas con el fin de excluir o disminuir su responsabilidad. En el capítulo 2 profundizamos en los tópicos más importantes que se abordaron en la discusión del proyecto de la Ley n° 20.393 en relación a los programas de cumplimiento. Este capítulo da cuenta de cuáles fueron las materias que inicialmente se presentaron como importantes para discutir, incluyendo diversos tópicos que, no estando incluidos en la Ley finalmente aprobada, abordan aspectos relevantes para la actual discusión en relación a las carencias de la Ley n° 20.393 y de los compliance ya implementados en numerosas empresas. El capítulo 3 presenta aquellos aspectos dogmáticos que fundamentan y dan origen a los programas de cumplimiento. Se explica sobre el sistema dogmático de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas incorporado por la Ley n° 20.393 y la manera de ligarlo con los deberes de dirección y supervisión que penden sobre las empresas. Estos deberes son de máxima importancia puesto que, una vez imputada una persona jurídica, ésta deberá demostrar el hecho de haber cumplido satisfactoriamente sus deberes con el fin de excluir o disminuir su eventual responsabilidad penal. Como vemos, justamente la manera de cumplir con estos deberes será a través de la implementación de un programa de cumplimiento plenamente eficaz. El capítulo 4 tiene como finalidad responder y explicar en profundidad las siguientes preguntas: ¿Qué es un programa de cumplimiento? ¿Cómo se diseña un programa de cumplimiento? ¿Cuáles son los pasos más relevantes en la implementación y monitoreo de un compliance? Para responder a estas preguntas se presentan las aproximaciones legales, dogmáticas y, en algunos casos, prácticas, con el fin de ilustrar de manera integral de qué tratan y cómo operan estos sistemas de prevención de delitos. Finalmente, el capítulo 5 aborda aquellos temas que consideramos importantes de tratar una vez analizados en profundidad los programas de cumplimiento. En efecto, nos preocupamos de explicar las consecuencias y las ventajas de su implementación y abordamos diversos temas de actual discusión nacional como extranjera en relación a este sistema de prevención

Para la Obtención del grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas / Una rápida lectura de cómo se manifiesta el Estado moderno en Chile, nos proporciona la conclusión de que se han incorporado diferentes agentes que colaboran con la función pública y que dichos agentes se encuentran interconectados. De esta diversidad y multiplicidad de vínculos se obtiene que la función pública tiene hoy más que nunca límites difusos con el sector privado. Ya quedó obsoleta una visión piramidal de la estructura del Estado, para dar paso a modernas teorías que visualizan más bien una red de influencia recíproca, donde operan entidades de diversos ámbitos, con diferentes intereses y tamaños, nacionales e internacionales. En un contexto de corrupción del Estado y específicamente en relación a la participación en el delito de Cohecho que pueda involucrar al sector público, se hace necesario encontrar una definición de función pública y de agentes de la Administración pública, que resulte aplicable a todos aquellos agentes del Estado y colaboradores que por su falta de probidad puedan afectar el correcto funcionamiento de la Administración, así como también identificar las figuras contractuales y plataformas donde actualmente es posible ver la forma como se está vinculando el Estado con los particulares, en qué modo el Estado chileno previene la corrupción y un análisis de la legislación que regula el cohecho y la penalización de las personas jurídicas dados los vínculos, relaciones y canales de comunicación que actualmente se dan entre la ciudadanía y la Administración 8 Pública. En el presente trabajo se precisa analizar la legislación que penaliza a las personas jurídicas por el delito de cohecho y encontrar contextos, regulaciones y procedimientos y luego tratar de llegar a áreas problemáticas, por ejemplo, en cuanto a la interacción de las personas jurídicas con el Estado o en cuanto a las circunstancias bajo las cuales la ciudadanía organizada puede desempeñar la función pública. Si se entiende que las personas jurídicas forman parte de la Administración Pública en un sentido puramente funcional, es decir, porque las actividades que realicen satisfacen las necesidades y servicios que un sector u organismo del Estado está llamado a otorgar a los ciudadanos, podemos incluir a una gran cantidad de agentes que en forma permanente o esporádica, pagados con fondos públicos o no y que además, no necesariamente se rigen directamente por la LOC de Bases de la Administración del Estado. La falta de probidad de agentes “funcionales” pero no “formales”, en algunos casos pudiera afectar la correcta prestación del servicio, pero no podría imputárseles necesariamente un incumplimiento a la Ley o pretender de ellos una responsabilidad mayor a la específica actividad comercial, laboral o incluso voluntaria que desempeña. Sin embargo, es una definición funcional de empleado público la que otorga el artículo 260 del Código Penal (CP), aplicable a todas las personas imputadas por delitos funcionarios del Título V del Libro II del CP, incluyendo el Cohecho. En su aplicación pueden darse un sin fin de situaciones donde se hace necesario 9 analizar los contratos que las personas jurídicas firman antes de desempeñar una función pública. Por otro lado, tampoco resultaría aplicable una definición meramente formalista de agente de la Administración Pública en el escenario actual, en el sentido de que solamente aquellas personas, jurídicas o naturales que forman parte de un escalafón funcionario dentro de la estructura de un organismo del Estado, nombradas con las formalidades y por la autoridad que señala la ley, ejercerían la función pública, ya que tampoco parece realista dadas las figuras actuales de participación del sector privado en la función pública como la tercerización, subcontratación, proyectos con fondos del Estado, concursos y licitaciones y otras ampliamente extendidas en el escenario actual. Por lo tanto, esta tesis analiza las reformas en el ámbito de la penalización de las personas jurídicas y pone acento en uno de los delitos por los cuales actualmente son sancionables las personas jurídicas en Chile, como es el Cohecho y cómo son sancionables las personas jurídicas que participen de dicho delito. Junto con esta problemática respecto a la real participación del sector privado como agentes de la función pública, existe otra, en relación a abordar el problema dogmático que debió enfrentar el legislador penal al hacer imputables por el delito de Cohecho y otros delitos a las personas jurídicas por virtud de la Ley 20.393. Hay ciertos temas que tienen relación con lo anterior, como por ejemplo, si las personas jurídicas deben o no resultar beneficiadas por la comisión del delito y 10 cómo deben cumplir con el deber de supervisión y administración como una de las condiciones de inimputabilidad. En el análisis son relevantes dos tratados internacionales anticorrupción ratificados por Chile. Resulta interesante reflexionar respecto al objetivo principal de dichos tratados, que es la lucha contra la corrupción, y cómo en Chile se ha modificado la legislación para dar cumplimiento a los tratados. Los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile que buscan combatir la corrupción y que dieron al legislador chileno un mandato para que modifique las normas referidas al delito de Cohecho y a la imputabilidad de las personas jurídicas, son principalmente dos: la Convención Interamericana de Derechos Humanos contra la corrupción de 1996 y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de 2003, cada uno de los cuales tiene su propia definición de función pública que coincide con la definición del CP chileno y señalan directrices y procedimientos que los países miembro deberían implementar para combatir la corrupción. Junto con la búsqueda de una coherencia legislativa para cumplir con el mandato de los tratados interacionales mencionados, en el ámbito de la Administración Pública en Chile desde hace años se presenta un esfuerzo por digitalizar los procedimientos y organismos estatales y también por transparentar la información pública. Dos importantes leyes que se relacionan con este esfuerzo son, por ejemplo, la Ley de Transparencia de 2008 y la nueva Ley del Lobby de 2014, que se analizarán también como anexos en esta tesis junto con la Ley 11 20.500 relacionada con la protección de la probidad y la participación ciudadana. También resultan importantes los actuales procesos de compra y licitaciones, así como el espacio que el particular sistema chileno da a los "proyectos con fondos del Estado”, lo que también pudiera tener importancia con la investigación del delito de Cohecho y con las personas jurídicas que participan de estos procesos. Por lo tanto, en el presente trabajo interesa el análisis del tipo Cohecho y legislación y reformas relacionadas con este delito, la reforma que hizo imputables a las personas jurídicas respecto de dicho delito, también el análisis del especial sistema de organización del Estado chileno, para lo cual me apoyaré en las páginas web oficiales de los diferentes organismos del Estado, además de la legislación y los tratados internacionales anticorrupción mencionados que han inspirado las reformas.