Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objetivo determinar el efectivo disuasivo de la ley "Emilia" para lo cual se abordan diferentes temáticas relacionadas. Así en una primera parte se abordan cuestiones generales sobre el efecto preventivo de la pena y de la teoría de la disuasión en sus aspectos generales. En una segunda parte se analiza el contexto legal de la ley "Emilia", así como su historia legislativa. En la última parte, se examinan los datos y estadísticas oficiales acerca del real impacto de la publicación de esta ley en la sociedad chilena. Todo lo anterior, dirigido a comprobar o refutar la hipótesis planteada en la introducción acerca de la real función preventiva de la ley N° 20.770 o, como comúnmente se conoce, ley "Emilia".

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación se orienta a analizar la justificación que desde un punto de vista fáctico cabe asignar al derecho penal en virtud de la función social que el castigo desempeña. El fundamento del derecho penal puede abordarse cognoscitivamente desde el punto de vista externo de un observador que elabora una descripción con pretensiones de objetividad del modo en que opera. Ahora bien, para determinar la función que en el plano fáctico ejerce la institución social del castigo, debe empezarse por precisar el con-cepto de “función social”. La simplicidad con que dicha noción se aborda desde la dog-mática penal pasa por alto los esfuerzos teóricos que desde disciplinas paralelas (la so-ciología y la antropología, por ejemplo) se han destinado para dilucidar su sentido. Una aproximación medianamente rigurosa a nuestro objeto de estudio demanda trascender su empleo intuitivo y explorar el sustrato teórico que lo respalda. La primera sección (§I.) esbozará el Marco teórico de nuestra investigación, abordando los conceptos fundamen-tales para su ulterior desarrollo, básicamente las nociones de función, estructura e insti-tución.

El presente trabajo aborda la actividad registral del Estado y su vinculación con el sistema penal. Para ello, la investigación se centra en la distinción de tres sistemas que, considerados en conjunto, conforman el sistema de antecedentes penales en Chile. El primero de ellos lo constituye el sistema registral, el cual anota en el prontuario respectivo todas las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas sobre toda clase de delitos que recaigan sobre un individuo determinado. A su vez, estas anotaciones contenidas en el Registro General de Condenas, pueden ser modificadas por una serie de normas que contemplan distintas hipótesis para que los usuarios tengan la opción de eliminar u omitir los antecedentes penales a través de los mecanismos establecidos por la normativa vigente en Chile, y que conforman el sistema de eliminación y omisión. Finalmente, la tercera fase corresponde al sistema de distribución, compuesto por las vías de comunicación establecidas por ley para quienes quieran acceder a la información contenida en el Registro General de Condenas. Sin embargo, la eficacia y necesidad de este sistema de antecedentes penales es cuestionada cuando, con ocasión del registro y distribución de antecedentes, el titular de dicha información es objeto de actos discriminatorios a nivel laboral, social y económico como resultado del uso que ciertos individuos de la sociedad hacen de los antecedentes penales. Así, los antecedentes penales se convierten en un currículum vitae negativo en quienes, incluso una vez cumplida sus condenas penales, buscan reintegrarse a la sociedad. Desde un punto de vista teórico, se analiza la relación que existe entre la pena como la potestad del Estado de irrogar un mal ante el quebrantamiento culpable de una norma penal, y los antecedentes penales como la extensión injustificada de esa irrogación de un mal a etapas posteriores a la ejecución de la pena

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de nuestro estudio será dilucidar si contamos actualmente con un sistema de determinación de pena claro, que dé respuesta a las distintos problemas jurídicos a que da lugar su aplicación. Para estos efectos procederemos en primer lugar a analizar cada una de las reglas que se deben tomar en consideración para la determinación de la pena en concreto, ofreciendo a su vez un sistema de aplicación simplificado de ellas; en segundo lugar, a realizar una exposición de las principales discusiones doctrinarias y jurisprudenciales a que da lugar la aplicación de las reglas anteriores; en tercer lugar, a realizar un breve análisis de los regímenes concursales y de las instituciones que se han establecido respecto al tema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación se compone de dos partes: una primera destinada a establecer una justificación retributivo-democrática del Derecho penal, y una segunda encaminada a poner a prueba el rendimiento de dicha propuesta en el marco de la responsabilidad penal adolescente, haciendo especial hincapié en el estatuto legal regulador de dicha responsabilidad actualmente vigente en nuestro país

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ley 18.216, que vino a establecer en nuestro sistema jurídico la institución de las antiguamente llamadas “medidas alternativas” a las penas privativas de libertad, encarnó al momento de su dictación el deseo eminentemente prevencionista del legislador chileno frente a un ámbito de delincuencia menor, cuyas ideas matrices estaban marcadas por una finalidad de reinserción, resocialización y el uso racional de la pena efectiva de cárcel. Frente a esto, en el presente trabajo analizamos cómo con el transcurso del tiempo dicha institución ha debido acomodarse dentro de nuestro sistema jurídico de manera tal que pueda ser justificada también desde una perspectiva retribucionista de la fundamentación de la pena, fenómeno que se manifiesta claramente en las modificaciones que dicha ley ha sufrido desde su dictación, que van desde cuestiones tan simples como la modificación de la nomenclatura de “medidas alternativas” a “penas sustitutivas”, hasta la reducción del catálogo de delitos que permiten acceder a estas penas. Este análisis comprende también una revisión histórica acerca de la evolución en la concepción teórica de la sanción penal y su aplicación en la política criminal, lo que demuestra -a nuestro juicio- que el fenómeno descrito a propósito de esta ley no es algo aislado, sino más bien viene a ejemplificar lo que ha sucedido en diversos momentos de la Historia en los cuales ha existido una orientación predominante en las decisiones político criminales en relación a la imposición del ius puniendi Estatal y en los cuales diversas instituciones sufrieron este mismo proceso de “intervención”, de manera tal que pudieran ser justificadas desde otra perspectiva y así poder hacer frente a las necesidades de la sociedad en cada momento, dejando en evidencia su permeabilidad ante la realidad y el devenir histórico. Palabras clave: Ley 18.216, penas sustitutivas, medidas alternativas, justificación de la pena, prevención, resocialización, reinserción, retribución, culpabilidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Una de las similitudes del Derecho de Gracia y del Derecho Penal Premial es que el Estado, que siempre ha tenido la facultad de imponer una pena a una determinada persona que ha cometido un delito, renuncia a tal facultad por diferentes razones que analizaremos en estas páginas y también con diferentes consecuencias. Generalmente esta decisión de renuncia del Estado al “Ius Puniendi” se fundamenta en consideraciones del fin de la pena. Empezaremos entonces analizando en el primer capítulo y en primer lugar, desde dónde podemos observar el sistema penal como un sistema completo regulado por normas y las distintas perspectivas desde el cual puede ser apreciado. Dentro de estas perspectivas nos detenemos a observar al Derecho Penal desde una perspectiva subjetiva con lo cual llegamos a sus sanciones. Posteriormente analizaremos someramente las distintas teorías de la pena y su relación con las normas jurídico penales. Comenzaremos ese análisis buscando el concepto de pena y sus características. Luego analizaremos las distintas teorías de la pena dividiéndolas, como es común, en teorías absolutas, teorías relativas, teorías mixtas y sus críticas. Luego de analizar estos conceptos básicos del Derecho Penal, debemos comenzar por los conceptos del tema central de nuestra investigación, por lo que nos avocamos en exponer que se entiende por Derecho de Gracia y Derecho Penal Premial y la manera cómo se han utilizado estas instituciones a través de la historia, haciendo una breve evolución histórica de ellas. Después de darnos cuenta de la antigüedad de estos conceptos nos adentramos en el análisis de la naturaleza jurídica de ellas y su discusión, incorporando dentro del Derecho de Gracia las figuras de la amnistía y el indulto y dentro del Derecho Penal Premial, la figura del arrepentimiento eficaz. Luego trataremos de enmarcarlas, pero sólo introductoriamente, en la legislación nacional y extranjera. Hasta este momento hemos realizado una visión general sobre el Derecho Penal, su reacción frente a un hecho ilícito y sobre las instituciones del Derecho de Gracia y el Derecho Penal Premial. Para acercarnos más al tema central de esta memoria debemos comenzar con el análisis del terrorismo, para lo cual veremos en el Capítulo II y III las concepciones generales sobre éste, sus características, clasificaciones y su evolución como concepto. Para lo anterior tomaremos distintas posturas y visiones ayudados de distintas perspectivas, no sólo desde una perspectiva jurídica, sino también a través de las Ciencias Sociales en general. Desde los distintos elementos que extraeremos del concepto de terrorismo, trataremos con mayor profundidad dos clasificaciones que son muy importantes desde el tema que nos ocupa, que son el terrorismo insurgente y el terrorismo vigilante. También diferenciaremos el tratamiento de los delitos de terrorismo con los delitos políticos. Haremos un esbozo del tratamiento jurídico penal que ha tenido el fenómeno terrorista en nuestro tiempo. Para esto, en un capítulo aparte, capítulo III, analizaremos las repercusiones internacionales que ha tenido el fenómeno terrorista y nombraremos los tratados internacionales que han tratado el tema para recalcar la influencia del Derecho Internacional en las legislaciones nacionales y el tratamiento jurídico del terrorismo. Se realizará una enumeración de los Tratados Internacionales que regulan el terrorismo y sus normas más importantes. Esto dará al lector un mapa más ó menos elaborado sobre el contenido de la regulación Internacional acerca de este tema, señalando en cada uno, el ámbito de aplicación, las conductas incriminadas, las reglas sobre jurisdicción y en algunos las reglas sobre extradición. Luego, en el capítulo IV, centraremos nuestra investigación en el examen de las legislaciones de Chile y España. El análisis de dichas legislaciones abarcará el examen del tratamiento jurídico del terrorismo tanto a nivel constitucional como legal, así como la recepción e influencia de la normativa internacional en materia de terrorismo en el derecho interno de cada uno de dichos Estados. Terminando con la muestra general del tratamiento del terrorismo en Chile y en España, en el capítulo V, analizaremos cuál es el tratamiento que estos países les dan a las instituciones de gracia. Así examinaremos las figuras de la amnistía y del indulto, su normativa, sus diferencias y su reconocimiento o no en la legislación, comentando las implicancias que han tenido en la historia de esos países. Para terminar, en el capítulo VI, examinaremos la figura del arrepentimiento eficaz como una institución que nace para desarticular las organizaciones terroristas y que se ha planteado como un instrumento moderno y eficaz en su cometido. Queremos mostrar cómo surge, cómo se ha planteado legislativamente y posteriormente reflexionar si es realmente la solución o una de las soluciones para el combate al terrorismo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La potestad de imponer sanciones penales por parte del estado puede reconstruirse mediante la identificación de tres momentos distintos, cada uno de los cuales se caracteriza por la presencia de un hecho institucional paradigmático, y una función pública implicada. Así, podemos identificar: (a) el momento de la conminación penal, dominado por los actos institucionales de la promulgación y publicación de normas penales, además de la función pública que ejerce el legislador; (b) el momento de la imposición de la pena, caracterizado por el acto institucional de la sentencia, y la labor del juez, que atribuye a una persona responsabilidad por la defraudación de una norma de conducta; y por último, (c) el momento de la ejecución de la pena, caracterizado por el cumplimiento de la sanción previamente definida por el adjudicador, y la labor del respectivo aparato administrativo.