Tesis (magíster en derecho, mención derecho público) / Este trabajo tiene por objetivo explicarle al lector en qué consiste una nueva institución jurídica que ha nacido en nuestro país y son las denominadas “penas mixtas”, las que constituyen una nueva herramienta en virtud de la cual, un condenado encarcelado -si lo ha sido a una pena efectiva de crimen de cinco años y un día u otra inferior y cumpliendo otros requisitos-, en una audiencia judicial pública y adversarial, puede salir al medio libre con pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva y controlado a través del llamado brazalete electrónico, con solo un tercio de la pena privativa de libertad cumplida, a diferencia de la libertad condicional o la ley de rebaja de condena por buena conducta, que exigen por regla general la mitad del tiempo de privación de libertad efectivo, no menos que eso

Tesis (programa de especialización en derecho penal) / El presente trabajo pretende dar una solución al problema de las crisis de las penas privativas de libertad donde, por una parte, de acuerdo con la tendencia a la descriminalización y a la despenalización, se aboga por el establecimiento, ampliación y profundización de las penas sustitutivas, con el objeto de superar la solución simplista e ineficaz de la cárcel como única o preponderante respuesta del sistema penal al complejo fenómeno social de la delincuencia; y por la otra, se asiste al fenómeno de la “hiperinflación penal”, la que trae como consecuencia el aumento del recurso a las soluciones institucionalizadas de carácter segregativo (cárcel), en respuesta a las demandas por mayor seguridad ciudadana que tienen lugar a raíz del incremento de algunas formas de criminalidad. Es así como en nuestro país se establece la ley 20.603 que modifica la ley 18.216 sobre penas sustitutivas a las penas privativas de libertad, ley que como analizaremos, más que solucionar el problema antes señalado, se transforma en una solución paradójica que acarrea respuestas diversas frente a instituciones jurídicas establecidas, como los recursos y los abonos a dichas penas sustitutivas, y lo confronta con el surgimiento de nuevas leyes, como la ley 20.770 y la 20.813 que más que ampliar el abanico de posibilidades sancionatorias diferentes a la cárcel, lo limita e incluso hace nula su aplicación, recurriendo exclusivamente a ésta como la única respuesta penal posible ante la comisión de un hecho ilícito. Se propondrán, a la luz de esta paradoja, soluciones posibles para poder en definitiva, dar cumplimiento a los estándares internacionales respecto a la no utilización de la cárcel como única respuesta al delito

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ley 18.216, que vino a establecer en nuestro sistema jurídico la institución de las antiguamente llamadas “medidas alternativas” a las penas privativas de libertad, encarnó al momento de su dictación el deseo eminentemente prevencionista del legislador chileno frente a un ámbito de delincuencia menor, cuyas ideas matrices estaban marcadas por una finalidad de reinserción, resocialización y el uso racional de la pena efectiva de cárcel. Frente a esto, en el presente trabajo analizamos cómo con el transcurso del tiempo dicha institución ha debido acomodarse dentro de nuestro sistema jurídico de manera tal que pueda ser justificada también desde una perspectiva retribucionista de la fundamentación de la pena, fenómeno que se manifiesta claramente en las modificaciones que dicha ley ha sufrido desde su dictación, que van desde cuestiones tan simples como la modificación de la nomenclatura de “medidas alternativas” a “penas sustitutivas”, hasta la reducción del catálogo de delitos que permiten acceder a estas penas. Este análisis comprende también una revisión histórica acerca de la evolución en la concepción teórica de la sanción penal y su aplicación en la política criminal, lo que demuestra -a nuestro juicio- que el fenómeno descrito a propósito de esta ley no es algo aislado, sino más bien viene a ejemplificar lo que ha sucedido en diversos momentos de la Historia en los cuales ha existido una orientación predominante en las decisiones político criminales en relación a la imposición del ius puniendi Estatal y en los cuales diversas instituciones sufrieron este mismo proceso de “intervención”, de manera tal que pudieran ser justificadas desde otra perspectiva y así poder hacer frente a las necesidades de la sociedad en cada momento, dejando en evidencia su permeabilidad ante la realidad y el devenir histórico. Palabras clave: Ley 18.216, penas sustitutivas, medidas alternativas, justificación de la pena, prevención, resocialización, reinserción, retribución, culpabilidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La crisis del sistema carcelario, provocada por las malas condiciones de vida de los penados y la nula capacidad de resocialización que implicaba la privación de libertad, derivó en la búsqueda de métodos distintos de sanción que permitieran a los condenados una vida digna, tanto durante como luego de cumplida la pena aplicada. Dichos métodos alternativos son las llamadas penas sustitutivas a la privación de libertad. En Chile estas sanciones están reguladas en la Ley Nº18.216, modificada por la Ley Nº20.603, las cuales establecen reacciones al delito que difieren de la privación de libertad. Una de ellas es la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad. La presente memoria tiene por objeto analizar la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad desde un punto de vista tanto legal como reglamentario, para luego llevar a cabo un análisis de la aplicación práctica de la misma, desde que entró en vigencia la Ley Nº20.603, en el año 2012.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El monopolio estatal de la posesión y tenencia de armas está garantizado en el artículo 103 de la Carta Fundamental, el cual entrega regulación de su control a una ley de quórum calificado: ésta es la Ley Nº 17.798 de Control de Armas, que establece una serie de delitos con el fin de limitar al máximo el acceso a las armas por parte de la población. Esta investigación trata sobre dos reformas específicas que la referida Ley sufrió en el año 2015: la que elimina la posibilidad de aplicar las reglas generales de determinación de la pena, en especial, las reglas referidas a las agravantes y atenuantes, en las condenas por los delitos contemplados en esta Ley y; la que establece un catálogo de delitos respecto de los cuales no será procedente la aplicación de penas sustitutivas. Se analizarán los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional tanto para acoger como para rechazar los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad a que han dado lugar estas dos modificaciones de la Ley, y se cuestionará la legitimidad de dichas prohibiciones a la luz de diversos principios del Derecho penal, para finalmente proponer la conveniencia de declarar su inconstitucionalidad o, derechamente, instar por su derogación. / 26/04/2020

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis de las penas sustitutivas a la prisión efectiva que se encuentran contempladas en la legislación nacional y plantear la utilidad que estas pueden tener en ir reduciendo los efectos negativos que tiene el sesgo de género en el tratamiento de la población penal femenina. Se realizó un estudio de la historia que han tenido las penas sustitutivas tanto en Chile como en otros países, el desarrollo que han tenido y cuál es su situación actual tanto en el derecho nacional como el internacional. Dentro del derecho nacional se hizo un análisis sobre la Ley 18. 216 y la Ley 20.603 que introdujo una serie de modificaciones a la primera, ampliando el catálogo de penas sustitutivas. Dentro del derecho internacional se estudiaron las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio) junto con las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Igualmente se hizo un análisis sobre la política criminal chilena, respecto de la población penal en general según el último informe de la Fiscalía Judicial correspondiente al Oficio 14-2018 relativo a la situación carcelaria durante el año 2017. Respecto de la población penal femenina en particular, se utilizaron el documento preparado por el Ministerio de Justicia sobre Política Penitenciaria con Perspectiva de Género del año 2013, algunos datos otorgados por el informe de La Fundación San Carlos de Maipo, Fundación de Colunga y el Programa de Estudios Sociales del Delito del Instituto de Sociología UC de 2018 y estadísticas publicadas por Gendarmería de Chile. Finalmente, se exponen las conclusiones obtenidas en base a las distintas disposiciones legales y datos estadísticos obtenidos, de manera de generar una propuesta sobre aplicación de las penas sustitutivas respecto de la población femenina en particular.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)