El rol de los Colegios de Abogados es de importancia ya que otorgan la colegiatura, controlan, fiscalizan y sancionan – de ser el caso- el ejercicio profesional; no obstante, no ha estado ajeno de cuestionamientos con el pasar de los años. Según encuesta realizada por La Ley, en el 2014 existían más de 130,000 abogados, el 62% ejercía en el sector público, el 93% de abogados consideraba necesario un registro que brinde información de la especialidad, formación y sanciones, el 63% apoyaba que se realice un examen para obtener la colegiatura, y el 69% creía necesario una evaluación periódica que determine la calidad profesional (La Ley 2014: 1-6). Por ello, se puede concluir que no existía un mecanismo de transparencia e información adecuada por parte de los Colegios; además, que los abogados ya percibían que tanto la colegiatura, así como el método de calificación, información y filtro de calidad profesional realizada para la colegiatura no era la más idónea. Además, a pesar de que existen 32 Colegios de Abogados en todo el país1 , ello no ha ayudado a que la ciudadanía sienta menos desconfianza de los abogados, ni asegura el ejercicio de calidad profesional y ética de los mismos. El presente trabajo tiene como objetivo resolver los siguientes cuestionamientos; (i) si la colegiatura es el mecanismo más idóneo como filtro para determinar un buen ejercicio profesional de abogados; (ii) si se está realizando un control efectivo disciplinario y sancionador a los abogados que incurran en faltas al ejercicio profesional y/o cuál es el motivo que evita que este se realice de manera correcta; y, (iii) qué modificaciones y/o mejoras debería haber a fin de que los colegios de abogados ejerzan un buen control disciplinario.

Las normas de simplificación cumplen un rol importante en nuestro sistema administrativo, puesto que busca que este sea eficiente, célere y justo en la ejecución de la normativa nacional, estableciendo, entre otras medidas, la prohibición a las administraciones públicas de imponer trabas como cobros irrazonables y requisitos innecesarios, los cuales afectan a la ciudadanía y empresas. En ese sentido, el presente trabajo expone y analiza los problemas jurídicos suscitados en el Expediente No. 0321-2016/CEB, procedimiento de eliminación de barreras burocráticas iniciado ante el Colegio de Abogados de Lima por el supuesto quebrantamiento de normas de simplificación administrativa en su trámite de incorporación de abogados. Para ello, atendiendo los hechos del caso, abordaremos como problemáticas la figura de los colegios profesionales en nuestro ordenamiento y su relación con el concepto de Administración pública según la Ley No. 27444, los límites y alcances de la competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi (CEB), el examen de legalidad aprobado en el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución No. 182-97-TDC del Tribunal de Defensa del Consumidor del Indecopi, así como también el principio del debido procedimiento. Tras un desarrollo doctrinario, estudio de la jurisprudencia constitucional e interpretación normativa, concluiremos que el Colegio de Abogados de Lima es una Administración pública, bajo el artículo I.6 del Título Preliminar de la Ley No. 27444, que realiza la función administrativa de habilitar a los abogados para realizar la representación judicial, por lo que la CEB sí era competente para analizar la legalidad de las barreras burocráticas mediante un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas que respete los derechos de defensa y debida motivación como parte del principio del debido procedimiento en sede administrativa