El presente trabajo académico busca realizar un breve acercamiento al estudio y aplicación de las medidas correctivas por parte de INDECOPI, en especial en la normativa referida a la represión de conductas anticompetitivas. Para ello se utiliza el método dogmático haciendo una revisión de la doctrina y normas pertinentes. Primero, se realiza una delimitación conceptual para luego diferenciarlas respecto de la sanción y otros tipos de medidas de policía administrativa. Asimismo, se analiza la regulación de las medidas correctivas en normativa general administrativa (TUO de la LPAG) para luego evaluarla en la regulación específica de INDECOPI, específicamente la de represión de las conductas anticompetitivas. Finalmente se señala como ejemplo la aplicación de la medida correctiva de cese de negativa injustificada a contratar (Caso FETRANS). Se concluye que la regulación de las medidas administrativas en materia de represión de conductas anticompetitivas (Libre Competencia), representan un gran avance con la publicación del Decreto Legislativo N° 1034, en especial la regulación de las medidas correctivas, que no fueron tomadas en cuenta en la antigua norma (Decreto Legislativo N° 701), sin embargo, existen algunos aspectos de dicha regulación que podrían colisionar o contravenir la regulación de medidas correctivas establecidas en el nuevo TUO de la LPAG. / Trabajo académico

El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en realizar una crítica debidamente fundamentada de los argumentos de tipo económico que sustentan la doctrina, la legislación y la práctica del Derecho de la Libre Competencia en el Perú (en adelante, DCP). En esta línea, nuestra hipótesis principal consiste en que la teoría de competencia adoptada y desarrollada por el DCP es incompatible con la naturaleza creativa del ser humano y el dinamismo de los fenómenos sociales, lo cual genera que la agencia de competencia tienda a sancionar conductas que expresan un genuino proceso competitivo de descubrimiento y ajuste, por considerarlas anticompetitivas. Asimismo, como hipótesis accesoria, planteamos que, acogiendo una teoría positiva de la competencia alternativa que sí incorpore tales características, es posible verificar que los fundamentos económicos tradicionalmente alegados para la justificación del DCP son inaplicables a mercados sin barreras legales a la entrada.

Tesis

La presente investigación trata un tema controvertido en el Derecho de la Competencia: los contratos de exclusividad como conductas sancionables por afectar la libre competencia. Es un tema importante en la actualidad, puesto que las justificaciones planteadas para suscribir un contrato de exclusividad están basadas en eficiencias económicas. La economía nacional se sustenta, entre otros aspectos, en el respeto que deben mantener los agentes por las normas que rigen la libre competencia, así como la existencia de normativa para que las empresas puedan acceder al mercado sin limitaciones innecesarias. Es decir, que de la observación de las conductas empresariales no se concluya una finalidad destinada a vulnerar el sistema de competencia y que el Estado no establezca barreras burocráticas que dificulten la libre iniciativa privada. Así, las empresas tienen la libertad para celebrar los contratos que deseen, pudiendo establecer de manera discrecional las cláusulas que consideren necesarias para el mejor desarrollo empresarial. Por ello, las empresas se vincularán entre ellas con el objetivo de ser más competitivas en el mercado, ahorrando costos de producción y elevando la calidad de los productos ofrecidos para captar la preferencia de los consumidores. Sin embargo, estos contratos pueden tener como finalidad afectar el proceso competitivo, excluyendo a los competidores de alguno de los contratantes, reduciendo las alternativas disponibles de los consumidores. El Derecho de la Libre Competencia no puede desconocer esta situación, por lo que es importante evaluar los supuestos en los cuales la actuación de las empresas podría basarse en aspectos ineficientes. Con el fin de demostrar lo que se plantea, se analiza la posible afectación de las conductas originadas como consecuencia de los contratos de exclusividad en el proceso competitivo, inclusive si se presentan eficiencias en el mercado, por ejemplo, si los contratos de exclusividad están destinados a garantizar la recuperación del financiamiento realizado por inversionistas, la reducción de costos, entre otros. / Tesis

En razón de la emisión del Decreto Legislativo N° 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, (en adelante, “D.L.1256”) y el encendido debate respecto del tipo de procedimiento administrativo que este procedimiento representa, el presente trabajo intentará plantear la posición del autor a la luz de lo señalado en la doctrina nacional. En ese sentido, el marco teórico a ser desarrollado presentará los principales conceptos de los tipos de procedimientos administrativos existentes, vale decir, a entender del optante, el general y los especiales, para que podamos definir qué tipo de procedimiento se sigue ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante “INDECOPI”), en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI (en adelante, “Comisión”) y la Sala de defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI (en adelante, “Sala”). Posteriormente, a manera de propuesta nos enfocaremos en el precepto definido en el artículo 1° del D.L. 1256, el cual, al establecer la finalidad del procedimiento bajo análisis, refiere que las competencias otorgadas a la Comisión y la Sala se supeditan a la supervisión del cumplimiento del marco legal en lo que se relaciona con los derechos a la libre iniciativa y la libertad de empresa que puedan restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, así como la supervisión de las normas o principios que garantizan la simplificación administrativa buscando procurar la eficiente prestación de servicios a los administrados por parte de la administración pública. La definición del tipo de procedimiento, consideramos, será fundamental para determinar el tipo de reglas que han de ser aplicadas en el procedimiento de Barreras Burocráticas, el cual, creemos, es un procedimiento especial, al que habrán de aplicarse las reglas del procedimiento administrativo general, denominado Control de Legalidad, entendido como aquel cuya finalidad es la realización de una actividad de supervisión del cumplimiento del marco legal a cargo de una entidad administrativa respecto de otra, para lo que se encuentra plenamente facultada, definición a la que arribaremos en el presente trabajo y que se condice con lo establecido en el D.L. 1256. Manos a la obra. / Trabajo académico

El siguiente trabajo académico busca establecer una comparación entre los procedimientos y procesos existentes relacionados con la eliminación de barreras burocráticas. Se parte de un análisis del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas realizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en el marco de la emisión del Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas que otorgó, entre otras, la facultad de emitir resoluciones con efectos generales cuando se declare una barrera burocrática ilegal. Este control ejercido por el INDECOPI puede ser confundido con el control realizado por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en sus distintos procesos; en ese sentido, en el presente trabajo se establecerán las similitudes y diferencias de los mismos. Se concluye que el procedimiento de eliminación de eliminación de barreras burocráticas realizado por el INDECOPI tiene una finalidad diferente y particularidades frente a otros procedimientos y procesos similares. / Trabajo académico

(...) la tutela administrativa de la Competencia se ha caracterizado por ser eminentemente técnicas e implican el conocimiento de conocimientos relativos a la teoría económica para determinar si existe una infracción sancionables, y en el ámbito del Derecho penal, la protección de la competencia se ha caracterizado tradicionalmente por la desidia y el desinterés. A ello contribuye, la redacción amplia y vaga de la ley penal en blanco que genera cierta inseguridad jurídica que pretendemos aclarar mediante su estudio. Por esas consideraciones, hemos dividido el presente trabajo de investigación en tres partes, las que constan de tres, cinco y cuatro capítulos respectivamente tratando de establecer de esa forma una secuencia lógica y sistemática. En ese sentido, iniciaremos la primera parte de nuestra exposición estableciendo algunos alcances generales respecto al Derecho de la Competencia, como el develamiento del significado de términos tan importantes como competencia, eficiencia, etc., además y dada la importancia que en esta rama jurídica juega el estudio de los antecedentes históricos haremos una pequeña exposición de los dos mas grandes sistemas de protección de la competencia. Posteriormente, estableceremos cuales son los objetos de protección del derecho de la Competencia y las tendencias modernas, para inmediatamente establecer el bien jurídico y el porque de su protección. En la segunda parte del trabajo, haremos un estudio del tipo penal, empezando por configurarlo como una ley penal en blanco y como consecuencia de la citada remisión normativa, estudiaremos la estructura básica del tipo haciendo uso de conceptos que se maneja en el ámbito administrativo, como por ejemplo, el estudio del sujeto dominante, el mercado relevante, la posición de dominio y el abuso de la misma. Por último, concluiremos el presente trabajo realizando una somera reseña de los denominados tipos ejemplificativos que contempla el citado cuerpo legal.

El papel que las aerolíneas juegan en nuestro mundo moderno, a través del servicio de transporte aéreo civil de personas y bienes, es sumamente relevante: han auxiliado a reducir los tiempos y las distancias, de modo que los seres humanos prácticamente ya no concebimos medios más lentos e ineficientes como alternativas de viaje. Su presencia resulta, a la vez, muy extendida: casi todos los países del mundo tienen este servicio, de una u otra manera, de modo que desde hace muchos años ya no se le considera un tipo de transporte esencialmente exclusivo. / Tesis

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La Ley 31112, Ley sobre el control previo de las operaciones de concentración, entró en vigencia el 14 de junio del 2021. Habiendo pasado aproximadamente un año de ello, a través de este artículo se busca advertir que problemas se han hecho notorios luego de la entrada en vigencia de la norma. Así se han identificado dos en particular: falta de especificación y procedimiento en la consulta previa, cuestionamientos sobre si el control previo es correcto o no. Ante dicha situación se arriba a que, el procedimiento de consulta previa puede ser más detallado en base a como ha venido trabajando la Secretaría de la Técnica, en los aspectos de cómo se debe presentar la consulta, el plazo y la confidencialidad. Por otro lado, sobre la discusión del control previo, se concluye que este si es necesario dentro de nuestra legislación a partir de adoptar las recomendaciones establecidas tanto por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la INC, International Competition Network. / Law 31112, Law on Prior Control of Concentration Operations, entered into force on June 14, 2021. Approximately one year after its entry into force, this article seeks to point out what problems have become evident after the entry into force of the law. Two in particular have been identified: lack of specification and procedure in the prior consultation, questioning whether the prior control is correct or not. In view of this situation, the prior consultation procedure could be more detailed based on how the Technical Secretariat has been working on the aspects of how the consultation should be presented, the timeframe and confidentiality. On the other hand, regarding the discussion of prior control, it is concluded that it is necessary within our legislation, based on the adoption of the recommendations established by the OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, and the INC, International Competition Network. / Trabajo académico