Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La estructura de la presente Memoria se encuentra dividida en tres Capítulos: el primero de ellos, titulado “El Derecho Administrativo”, aborda los orígenes de aquél, así como los del Estado de Derecho. Del mismo modo analiza las Bases de las Institucionalidad contenidas en el Capítulo I de la Constitución de la República de Chile: Bien común, Estado de Chile: Democrático y Republicano, Supremacía y Obligatoriedad Constitucional, Límites al Ejercicio de las Potestades Públicas y Obligatoriedad Constitucional, Límites al Ejercicio de la Soberanía y de las Potestades Públicas, Principio de Subsidiariedad y Habilitación Constitucional. Para terminar examinando las Potestades Administrativas.

El presente trabajo busca determinar la naturaleza de la responsabilidad conjunta de los integrantes del comité de selección teniendo como parámetro el principio de causalidad. Se parte de la hipótesis que, contrariamente a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, no se trata de un caso de responsabilidad solidaria. Este tema adquiere particular relevancia si se considera que este género de responsabilidad implica la aplicación indiscriminada de la misma sanción, sin indagar el nivel real de participación y las circunstancias particulares de cada uno de los integrantes del comité de selección, los cuales constituyen criterios de razonabilidad exigidos por la Ley del Procedimiento Administrativo General. Para tal propósito se acoge como marco teórico los modelos de responsabilidad conjunta en Derecho Administrativo en su relación con aquellos elaborados por el Derecho Penal, según los planteamientos de Manuel Gómez Tomillo e Íñigo Sanz Rubiales y Claus Roxin. Partiendo de este supuesto, se concluye que la responsabilidad de los integrantes del comité de selección es un caso de coautoría que proviene del concierto de manifestaciones de voluntad de sus integrantes, que implican el quebrantamiento de las obligaciones que, en tal calidad, les corresponden. / Trabajo académico

El presente trabajo académico busca realizar un breve acercamiento al estudio y aplicación de las medidas correctivas por parte de INDECOPI, en especial en la normativa referida a la represión de conductas anticompetitivas. Para ello se utiliza el método dogmático haciendo una revisión de la doctrina y normas pertinentes. Primero, se realiza una delimitación conceptual para luego diferenciarlas respecto de la sanción y otros tipos de medidas de policía administrativa. Asimismo, se analiza la regulación de las medidas correctivas en normativa general administrativa (TUO de la LPAG) para luego evaluarla en la regulación específica de INDECOPI, específicamente la de represión de las conductas anticompetitivas. Finalmente se señala como ejemplo la aplicación de la medida correctiva de cese de negativa injustificada a contratar (Caso FETRANS). Se concluye que la regulación de las medidas administrativas en materia de represión de conductas anticompetitivas (Libre Competencia), representan un gran avance con la publicación del Decreto Legislativo N° 1034, en especial la regulación de las medidas correctivas, que no fueron tomadas en cuenta en la antigua norma (Decreto Legislativo N° 701), sin embargo, existen algunos aspectos de dicha regulación que podrían colisionar o contravenir la regulación de medidas correctivas establecidas en el nuevo TUO de la LPAG. / Trabajo académico

El presente trabajo académico describe y analiza la problemática de la gestión de las aguas residuales domésticas. El diagnóstico del que se parte –elaborado en el 2015– evidencia que en el país existen 204 sistemas de tratamiento de aguas residuales que operan las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), de los cuales solo 163 están operativos y más del 90% carece de autorización de vertimiento, por lo que no existe un control adecuado de las descargas que se producen en las fuentes naturales de agua. El objetivo de la investigación es conocer la regulación que establece el ordenamiento jurídico peruano para el control y supervisión de las aguas residuales domésticas, así como identificar los niveles de intervención de las instituciones involucradas a partir de una perspectiva histórica considerando los cambios producidos hasta la actualidad, los cuales han sido introducidos básicamente por el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (que establece el saneamiento de aguas residuales como servicio público), como por el Decreto Legislativo N° 1285 que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos (que establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental en el sector saneamiento). El trabajo está orientado por las disciplinas del Derecho Administrativo, Derechos de Aguas y el Derecho Ambiental, y se ha desarrollado a partir de un trabajo de gabinete con una metodología dogmática. El tema es de suma importancia para el desarrollo del país; toda vez, que hasta la fecha no se cuenta con una herramienta que contenga un diagnóstico y establezca mecanismos consensuados para lograr el objetivo del tratamiento y reuso de las aguas residuales domésticas. / Trabajo académico

I. El concepto de recurso y su naturaleza. Los recursos como derecho fundamental; fuentes de apoyo de carácter constitucional, y de carácter internacional, mención del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de las Constituciones Políticas. La doble instancia, en relación con la existencia en Guatemala de un recurso de apelación contra la sentencia de primer grado denominado Apelación especial. Mención de algunas reglas comunes para el planteamiento de los recursos, aplicadas en diversos países de América Latina, y de las clases de recursos existentes en el procedimiento penal guatemalteco y español.II. Apelación. Historia, naturaleza y formas, la apelación plena y la limitada, coexistencia en las legislaciones contemporáneas; datos y características de la apelación española, así como de la denominada Apelación Especial en el procedimiento guatemalteco, los requisitos para su planteamiento, trámite, comentario crítico sobre los aspectos principales de la regulación de la apelación guatemalteca en materia penal, señalándose como el esencial, que el tribunal de apelación conozca solamente los puntos de la sentencia expresamente impugnados; mención de algunos aspectos prácticos para el contenido de un escrito de apelación especial.III. Revisión penal, su naturaleza, como un recurso y como un proceso especial; motivos de revisión en el código de procedimiento penal guatemalteco, planteamiento y trámite. Análisis de la revisión española, colombiana, argentina y costarricense.IV. Recurso de casación, historia y generalidades, importancia de los derechos fundamentales en relación con el mismo. Importancia del artículo 24 de la CE y de los derechos fundamentales para fundar un recurso de casación especialmente por la existencia del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que según algunos constituye una tercera vía casacional y ha servido para eliminar las barreras tradicionales de acceso al recurso. El recurso de casación en España, su origen histórico y naturaleza, mención de otros sistemas casacionales europeos; estudio histórico de la casación guatemalteca y los fundamentos y objetivos generales. Importancia de la distinción de los hechos y el derecho en la casación; motivos de inadmisión tanto en el derecho español como el guatemalteco y planteamiento del recurso. V. Motivos del recurso de casación y casos de procedencia en España. Se tratan aquí los motivos de fondo y de forma y la alegación en casación de la infracción de precepto constitucional con un comentario a la infracción del principio de presunción de inocencia.VI. Motivos del recurso en la legislación guatemalteca; comentario relativo a la existencia de las mismas bases para el recurso de apelación especial. Estudio de resoluciones recurribles en casación con alusión a la variabilidad de la doctrina jurisprudencial, pese a la existencia de normas concretas. Se analizan los motivos de fondo y de forma así como el planteamiento y la sentencia de acuerdo con la ley guatemalteca. VII. Propuesta para redefinir el sistema de recursos en la legislación guatemalteca, consistente en que el recurso de casación que conoce la Corte Suprema, sea para la unificación de la doctrina jurisprudencial, es decir que dicha Corte a través de sus fallos centralice la interpretación judicial, consecuentemente la llamada apelación especial debe ocuparse de la función revisora del fallo de primera instancia.VIII. Comentarios respecto del presente y futuro de la casación. Señalamiento sobre incidencia de regulación actual en el retardo en la tramitación del proceso, que se agrava cuando los litigantes plantean Amparos, "contra" la sentencia de casación. Fundamentos y una regulación posible de la nueva casación guatemalteca.IX. La necesidad de una nueva casación en España, y en general una nueva regulación sobre recursos; corriente que se inclina por la necesidad de la regulación de una apelación con carácter previo a la casación. Propuestas del Tribunal Supremo español para la reforma del sistema de recursos en el orden jurisdiccional penal.X. Conclusiones: A) el derecho al recurso es un derecho fundamental equiparable al derecho de acción. B) La Constitución de Guatemala establece el derecho al recurso a través de dos vías: i) la del artículo 12 que se refiere al derecho de defensa y al debido proceso, cuya interpretación por la Corte Constitucional señala como consecuencia la posibilidad recurrir ante el tribunal competente, la Constitución española a través del 24 ii) la del artículo 46 que establece la preeminencia de los Tratados y convenciones en materia de Derechos Humanos sobre el derecho interno. C) El Recurso de apelación especial guatemalteco tiene un similar contenido al del recurso de casación; existe una duplicidad de la revisión del fallo de primera instancia que implica retardo en la administración de justicia, por lo que es necesaria una reforma legal que redefina el recurso de apelación y dé nuevo contenido a la casación. D) En España la doctrina y especialmente el Tribunal Supremo a través de la Sala segunda han estimado que a la par de una nueva casación penal ha de rediseñarse un nuevo sistema de recursos.

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Desde un punto de vista epistemológico consideramos que existen supraconceptos (los Oberbegfriff de los que habla la doctrina alemana) que son comunes y universales en la ciencia del Derecho y que irradian su contenido a todo el ordenamiento jurídico. Siendo uno de estos supraconceptos el de Patrimonio del Estado, por lo que siempre deben de respetarse sus elementos esenciales más allá de las obvias y necesarias diferencias que deben existir en cada una de las disciplinas que lo abordan. / Tesis

Las iniciativas privadas son mecanismos de promoción de la inversión privada que el Estado fomenta como instrumento de desarrollo, dentro del modelo constitucional económico “Economía Social de Mercado”, por tanto las decisiones administrativas deben estar orientadas a promoverlas y generar incentivos para la presentación de propuestas de proyectos por este medio.. La presente investigación estudia los procedimientos administrativos de evaluación de las iniciativas privadas y el rol de la administración pública. Las iniciativas privadas son calificadas normativamente como peticiones de gracia debido al contenido discrecional de la decisión administrativa que las califica, por lo que se analizan las implicancias y los alcances de esta naturaleza jurídica en el procedimiento administrativo, y como su aplicación irrestricta puede afectar derechos de los administrados vigentes en normas de rango legal y constitucional. Sin perjuicio de la naturaleza de petición de gracia, las iniciativas privadas son procedimientos administrativos y por tanto son aplicables la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Constitución y las normas que rigen la función pública, éstas garantizan el interés público, los derechos del proponente, limitan las prerrogativas públicas y evitan que la discrecionalidad de las decisiones administrativas se convierta en arbitrariedad lo que resulta contraproducente a la promoción de la inversión privada. En este sentido se analizan los diversos tipos de control aplicables a las actuaciones administrativas que son parte de este procedimiento, que en el caso de contener elementos discrecionales adquieren una particular importancia e intensidad. / Private Initiatives (Unsolicited Proposal) are mechanisms to promote private investment that the government impulse as a development tool, within the economic constitutional model "Social Market Economy", therefore, administrative decisions must be oriented to foster and create incentives for the presentation of projects proposals in this way. This research studies the administrative procedures of Private Initiatives assessment and the role of public administration. Private initiatives are usually qualified as grace petitions (applications for clemency) because of the discretionary factors included in the administrative decision that qualify them,, accordingly the implications and scope of this legal status in the administrative procedure are analyzed, in addition how the unrestricted application of this may affect rights of private in current legal and constitutional rules. Notwithstanding the nature of grace petition, private initiatives are administrative procedures and therefore are applicable the General Administrative Procedure Act, the Constitution and the rules of civil service, they guarantee the public interest, the proponents rights, limit public prerogatives and prevent the discretionary power of public administration becomes in arbitrarily, it produce adverse effects to the private investment promotion. In this regard the various types of control applicable to administrative behavior that are part of this procedure are studied, in the case contain discretionary elements acquire particular importance and intensity. / Tesis

El presente trabajo de investigación busca analizar la problemática que constituye el fenómeno de la sobrerregulación municipal en el Perú. Se parte de la hipótesis de que las municipales distritales y provinciales de nuestro país son los principales promotores del excesivo marco regulatorio que somete a los agentes económicos del mercado. Este tema resulta sumamente relevante en tanto esta tendencia sobrerregulatoria de los gobiernos locales contradice lo dispuesto por la Constitución Política del Perú de 1993 que prioriza la libre iniciativa privada y la libre competencia con el fin de facilitar el ingreso y subsistencia en el mercado de sus participantes, razón por la cual el marco regulatorio debería simplificarse y hasta reducirse dentro de lo posible. Se concluye que si bien el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) se muestra como una herramienta bastante efectiva frente a un escenario como el que constituye la sobrerregulación, consideramos que su principal desventaja radica en que se trata de un control ex post, razón por la cual planteamos y recomendamos como una herramienta complementaria el Análisis de Calidad Regulatoria, demostrando que dicho control no supondría una vulneración a la garantía constitucional-institucional de la autonomía municipal. / Trabajo académico

El presente trabajo busca desarrollar un serio problema, indicado por la práctica legal actual, relacionado a los límites de la función de interpretación del OSITRAN bajo su Ley. Así pues, es constante que el mencionado regulador interponga una acción de incompetencia contra un Tribunal Arbitral llamado a conocer alguna controversia que resulta por la interpretación de las partes en un arbitraje en materia administrativa. En ese sentido, respondemos a la pregunta ¿un contrato administrativo puede ser sometido al arbitraje?, ¿el OSITRAN está facultado para interpretar de manera exclusiva y excluyente los contratos de concesión?, ¿es válido argumentar que la sede administrativa del OSITRAN puede excluir al arbitraje? Basamos nuestro estudio especialmente en las controversias que surgen de los Contratos de Concesión de Infraestructura de Transporte de Uso Público. Luego de un análisis sistemático del ordenamiento jurídico peruano, concluimos que la interpretación contractual del OSITRAN no es vinculante y puede ser perfectamente arbitrable. El Estado se encuentra habilitado, por el artículo 63 [Inversión nacional y extranjera] de la Constitución Política, a someter a la vía arbitral las controversias derivadas de los contratos que celebra con privados; asimismo, normas con menor rango como La Ley de APP o el TUO de Concesiones lo desarrollan. La función de interpretación del OSITRAN no está prevista para solucionar las disputas que puedan surgir entre el concedente y el concesionario, pues en tal caso, el procedimiento adecuado es el mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato. Asimismo, es importante tener en cuenta que el arbitraje, a diferencia de la vía administrativa del OSITRAN, ejerce función jurisdiccional. / Trabajo académico