El propósito de la tesis fue indagar sobre los factores de coordinación entre las entidades del sector público que dificultaron o facilitaron el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas para la emisión de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La investigación encontró que los factores que dificultaron el proceso de consulta previa fueron la inadecuada comunicación y el escaso conocimiento; mientras que el liderazgo técnico y político facilitó la coordinación entre las entidades del sector público. Por un lado, la inadecuada comunicación fue evidente entre las instituciones del sector público y en su relación con los pueblos indígenas expresado en: la falta de respuesta a las solicitudes, cambios de las fechas de reuniones programadas, aparición de cartas apócrifas, uso de materiales educativos sin tomar en cuenta el grado de instrucción de los indígenas, uso de discursos confrontacionales que se materializó en denuncias a los dirigentes y la descalificación a la cosmovisión indígena. Por otro lado, el escaso conocimiento se evidencia en: no se convocó -desde el inicio- a todas las organizaciones indígenas; ausencia de expertos en la implementación de la consulta previa; inexistencia de un procedimiento para implementar dicho proceso; así como no se consideró la forma como los pueblos indígenas trasmiten conocimientos y toman decisiones. Sin embargo, es posible afirmar que la inadecuada comunicación y escaso conocimiento no impidieron el desarrollo del proceso de consulta previa, debido fundamentalmente al liderazgo técnico y político que facilitó la coordinación entre las instituciones que participaron, lo señalado se evidencia en: la creación del Grupo de Trabajo Interministerial (GI) que asumió la dirección técnica; la Comisión Agraria del Congreso de la República que asumió la dirección política y decidió consultar una medida legislativa a los pueblos indígenas, a pesar de no tener presupuesto, equipo técnico ni norma que regulará el proceso de consulta previa; así como la predisposición al diálogo y la flexibilidad para permitir la participación de los pueblos indígenas. / Tesis

El propósito de la tesis fue indagar sobre los factores de coordinación entre las entidades del sector público que dificultaron o facilitaron el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas para la emisión de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La investigación encontró que los factores que dificultaron el proceso de consulta previa fueron la inadecuada comunicación y el escaso conocimiento; mientras que el liderazgo técnico y político facilitó la coordinación entre las entidades del sector público. Por un lado, la inadecuada comunicación fue evidente entre las instituciones del sector público y en su relación con los pueblos indígenas expresado en: la falta de respuesta a las solicitudes, cambios de las fechas de reuniones programadas, aparición de cartas apócrifas, uso de materiales educativos sin tomar en cuenta el grado de instrucción de los indígenas, uso de discursos confrontacionales que se materializó en denuncias a los dirigentes y la descalificación a la cosmovisión indígena. Por otro lado, el escaso conocimiento se evidencia en: no se convocó -desde el inicio- a todas las organizaciones indígenas; ausencia de expertos en la implementación de la consulta previa; inexistencia de un procedimiento para implementar dicho proceso; así como no se consideró la forma como los pueblos indígenas trasmiten conocimientos y toman decisiones. Sin embargo, es posible afirmar que la inadecuada comunicación y escaso conocimiento no impidieron el desarrollo del proceso de consulta previa, debido fundamentalmente al liderazgo técnico y político que facilitó la coordinación entre las instituciones que participaron, lo señalado se evidencia en: la creación del Grupo de Trabajo Interministerial (GI) que asumió la dirección técnica; la Comisión Agraria del Congreso de la República que asumió la dirección política y decidió consultar una medida legislativa a los pueblos indígenas, a pesar de no tener presupuesto, equipo técnico ni norma que regulará el proceso de consulta previa; así como la predisposición al diálogo y la flexibilidad para permitir la participación de los pueblos indígenas.