El artículo resalta la importancia práctica y teórica de la contratación administrativa. Por ello, explica el consenso doctrinal que justifica el carácter vinculante de los contratos de las entidades estatales para, posteriormente, desatar los modos, los motivos, los fines y los límites de la modificación de los contratos. Finalmente, sobre la base de la jurisprudencia uruguaya, nos explica la recepción de los tribunales respecto de la (in)mutabilidad de los contratos administrativos.

El procedimiento de la licitación pública es la regla general en materia de contratos administrativos; a través de la competencia de distintas ofertas, la administración puede obtener los mejores productos (bienes, servicios, obras) al precio más conveniente. Ese vínculo contractual debe responder a determinados principios generales, centrados principalmente en la transparencia pública. La sociedad tieen derecho a conocer qué se contrata, con quién y bajo qué condiciones. Por eso, la juridicidad, la publicidad, el acceso a la información y la buena fe se instituyen como pilares de la estructura contractual en la actualidad. Una síntesis de las principales normas e interpretaciones jurisdiccionales permite comprender el alcance que en la prática se ha otorgado a dichos principios.