En el presente trabajo de investigación se analiza el contrato de concesión del tramo vial Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica" (Red Vial No 6), suscrito el 20 de setiembre de 2005, así como los problemas que se han suscitado en el transcurso del proceso de promoción de la inversión y la ejecución contractual. El proceso de promoción del proyecto Red Vial N° 6 presentó problemas en la adjudicación de la buena pro, al tener que recurrirse a una segunda convocatoria y licitación, debido a que solo se presentó un postor, lo que representaba una limitación a la libre competencia. Luego de la primera licitación, las bases fueron modificadas para permitir la adjudicación. Asimismo, se analizó el factor de competencia aplicado y cuál fue la experiencia en otros proyectos.

El problema de la demora en la obtención de los predios necesarios para la ejecución de los proyectos de inversión concesionados, se ha convertido en una de las principales trabas para la ejecución de las obras viales en el Perú, situación que podría generar dudas respecto a la pertinencia del modelo de Asociación Público Privada promovido por el Estado peruano. Esta situación trae consigo perjuicios para el Estado (incumplimiento de compromisos y renegociaciones contractuales), para la empresa privada (retraso en el cumplimiento de la entrega de obras y reducción de sus ingresos) y para la sociedad en general (demora de los beneficios de la nueva infraestructura y servicios públicos de buena calidad). Estas consecuencias negativas hacen relevante el estudio de este problema, desarrollándose, para ello, el concepto de Gestión Predial, el mismo que comprende tres actividades: la identificación, la valuación y la adquisición de los predios, habiéndose identificado las limitantes que enfrenta el Estado peruano en cada una de ellas, así como las propuestas de solución. Para el análisis de la problemática en la entrega de los terrenos, se tomó en cuenta el marco teórico desarrollado (instituciones, costos de transacción, información asimétrica, riesgo moral), la experiencia internacional (Chile y Colombia), el análisis de los procedimientos vigentes en el Perú (expropiaciones, tasaciones y saneamiento físico legal), así como el análisis de los dieciséis contratos de concesión de carreteras firmados a la fecha. Como resultado del estudio, se ha observado que los principales motivos de la demora están en la identificación y valuación de los predios, así como en el saneamiento físico-legal de los mismos, mientras que, en la etapa de adquisición de inmuebles, se concluye que el trato directo es el mecanismo más eficiente para obtener la propiedad de los predios afectados por obras de infraestructura pública. A pesar de ello, las soluciones provenientes del Estado han sido modificar las normas que regulan el procedimiento de expropiación, a través de la aprobación del Decreto Legislativo 1192 y trasladar la competencia para aprobar las tasaciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Ley 30264), las cuales consideramos medidas poco eficientes económicamente. La primera de ellas, porque los cambios incluidos no garantizan la reducción del tiempo necesario para la obtención de los predios y tendrían efectos negativos contra el derecho de la propiedad. Mientras que la segunda solución desaprovecha la experiencia y el conocimiento de la Dirección de Construcciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, generando una duplicidad de funciones que irroga gastos adicionales al Estado peruano, debido a que se tiene que dotar de insumos necesarios para cumplir esa tarea, a dos entidades públicas distintas. Finalmente, el presente trabajo concluye que al ser el retraso en la entrega de los terrenos un problema de carácter multidimensional, se necesitan soluciones de la misma naturaleza, a fin de garantizar la ejecución de la inversión en los plazos estipulados en los contratos y, con ello, el disfrute de los beneficios de contar con infraestructura y servicios públicos de calidad a tiempo.

La reducción de la brecha de infraestructura en el país requiere de la inversión tanto del sector público como del sector privado para que se logren sinergias que permitan la construcción y operación de diferentes infraestructuras de uso público que faciliten el desarrollo de las diversas actividades económicas que dinamicen la economía, contribuyendo así al crecimiento del país. Para el desarrollo de los proyectos es necesario establecer cuál será el modelo de contratación que mejor se adecúe, considerando las características de cada proyecto, la capacidad de transferencia de riesgos, costos, entre otros criterios. En ese sentido, la motivación del presente trabajo se centra en establecer si el marco regulatorio de los proyectos de inversión cuenta con un mecanismo que permita establecer la idoneidad para que dichos proyectos sean ejecutados mediante un sistema de contratación pública tradicional o dentro del marco de una asociación público privada (APP). El objeto de estudio del presente trabajo es analizar si la aplicación de los criterios de elegibilidad aprobados mediante Resolución Directoral N°004-2016-EF/68.01 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), permitió que la asignación del mecanismo de asociación público privada sea una medida adecuada que pueda seguir siendo útil. Para realizar el referido análisis en el primer capítulo del presente trabajo de investigación se realiza una aproximación sobre la política pública del sector turismo, al cual pertenece el proyecto, el análisis de proyectos similares en el sector, así como el proceso de promoción y licitación del proyecto “Sistema de Telecabinas de Kuélap”.

El objetivo general del trabajo es el análisis crítico de la concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo vial Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún, toda vez que el diseño de dicha concesión pertenece al desactivado Programa Costa-Sierra que busca atender la demanda de conectividad de pequeñas ciudades de diez departamentos de la costa peruana. Este análisis busca brindar recomendaciones para evaluar la pertinencia de iniciar o continuar con programas similares. En consecuencia, se analizan los principales problemas regulatorios identificados en la concesión que comprenden el aumento del costo del proyecto en los estudios definitivos de ingeniería respecto de la proyección referencial, la demora en la definición y entrega del terreno para construcción de la unidad de peaje y los vacíos en las cláusulas contractuales.

El presente trabajo de investigación se enfoca en estudiar la problemática del retraso en la entrega de los terrenos correspondientes a la primera etapa de la concesión del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica de la carretera Panamericana Sur (Red Vial N° 6). Esto generó que en la ejecución de las obras no se cumpliera con los plazos originalmente previstos en el contrato de concesión. En ese sentido, fue necesario identificar los factores que impidieron la entrega de los terrenos según lo programado en las cláusulas contractuales. La hipótesis planteada es que el retraso en dicha entrega fue consecuencia de: (i) la deficiente identificación de los propietarios comprendidos en el área de ejecución de la primera etapa del proyecto, (ii) el limitado marco normativo en materia de trato directo y expropiación, y (iii) el inadecuado análisis de riesgos e incentivos referidos a la transferencia de los terrenos. Luego de desarrollar estos aspectos, a lo largo del presente trabajo, se presentan una serie de propuestas de mejora con el fin de mitigar la problemática identificada. Entre las propuestas de mejora se señalan las siguientes: la creación de comisiones multisectoriales que, en función de la envergadura y características de cada proyecto de inversión, tengan como finalidad lograr el saneamiento físico legal de los terrenos implicados en la ejecución de un proyecto; la modificación del Decreto Legislativo N° 1192, con el objetivo de establecer la posibilidad de delegar la aprobación de la tasación y del pago para el caso de las expropiaciones; la creación de un fondo concursable con el fin de asignar el riesgo de la adquisición (trato directo) al inversionista (futuro concesionario), como un incentivo para dar inicio a la ejecución del proyecto; así como, establecer incentivos (positivos o negativos) para que la entidad del Estado, responsable de ejecutar la transferencia de predios comprometidos en un contrato de concesión, lo realice oportunamente, entre otras.

El primer objetivo del trabajo de investigación es evaluar, de forma crítica, el régimen de penalidades contenido en los contratos de concesión de infraestructura de uso público y el desempeño del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) al momento de imponer penalidades a dichos concesionarios. Como consecuencia de lo primero, el segundo objetivo consiste en proponer un conjunto de mejores prácticas de sencilla implementación, pero con un gran impacto en la mejora de la gestión del Ositran al ejecutar este tipo de penalidades contractuales.

El proyecto de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett y Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao presenta demoras importantes en la ejecución de las inversiones obligatorias, originadas por el retraso en la entrega de las áreas de la concesión y en la aprobación de los Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI). Dichas demoras, responden a incentivos generados por situaciones de riesgo moral que se presentan tanto en el diseño institucional de la Asociación Público Privada (APP), así como en el diseño contractual, generando incertidumbre respecto a la idoneidad del modelo de APP para la ejecución de proyectos en el país. El riesgo moral se define como existencia de información privada que puede ser usada en su propio beneficio, traduciéndose en la realización de acciones ocultas por alguna de las partes, que en muchos casos se materializan en menores esfuerzos y que en nuestro caso se han evidenciado en la demora de entrega de terrenos o la ejecución de acciones que hacen más lento dicho proceso. En este estudio se han podido identificar 2 tipos de relaciones en las que se pueden presentar problemas de riesgo moral. La primera, en la etapa de promoción en la que los intereses políticos pueden buscar acelerar la realización de la concesión, afectando la calidad de los estudios, lo que puede ser agudizado con el interés de Proinversión de cumplir con su meta de adjudicar la concesión, pero que posteriormente pueden inducir a adendas que demoran la ejecución. La segunda, en la etapa de ejecución, en la que el concesionario puede buscar retrasar la aceptación de predios, a fin de dilatar la ejecución de las inversiones para incrementar su rentabilidad. Si bien el Estado viene ejecutando medidas como la actualización del marco normativo de las APP, la creación de Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe), ellas no apuntan a resolver el problema en análisis; no obstante, el presente trabajo muestra que el problema de atraso en la ejecución de las inversiones obligatorias tiene su origen en el diseño contractual, para cuya resolución se recomienda establecer e implementar herramientas de gestión que consideren las situaciones de riesgo moral advertidas, para ayudar a mejorar el desempeño del Estado en las inversiones.