Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Entraremos a estudiar el contrato estatal, entendiendo a la entidad estatal que contrata como una persona jurídica regida por normas de derecho publico y que su finalidad trasciende a los intereses meramente particulares que se protegen en el derecho común y tienen que ver con la satisfacción de necesidades colectivas o con el cumplimiento de un cometido estatal. Las partes del contrato persiguen fines distintos, una, fines sociales y la otra fines de lucro. La doctrina negativa del contrato estatal dice que el contrato estatal no existe porque es un acto jurídico unilateral que solo tiene eficacia con el consentimiento de las partes, otras doctrinas sostienen que el contrato es administrativo cuando somete sus conflictos a una jurisdicción especial contenciosa, el problema surge en aquellos países en los que la jurisdicción contenciosa no existe ¿se puede hablar de contrato administrativo en estos países? Lo cierto es que en el mundo son minoría los países que cuentan con jurisdicción especializada y que su existencia no la justifican ni su inclusión en los textos constitucionales, ni el apelativo de “Juez Natural” de ciertos actos y contratos, si no su especialización y su efectividades. Cuando el Estado acude a la ciudadanía para lograr satisfacer sus necesidades de bienes o servicios, lo hace mediante actos jurídicos unilaterales o bilaterales; el Estado actúa bilateralmente cuando procura obtener mediante un acuerdo de voluntades las cosas que le son necesarias, contrario sensu, el estado actúa unilateralmente cuando por necesidad urgente, hay pocos inventarios de lo que requiere, no hay acuerdo de voluntades. En cuanto a las teorías que distinguen a los contratos de derecho publico con los de derecho privado, están aquellas que plantean que es administrativo aquellos contratos que están sometidos a una jurisdicción distinta de la ordinaria, pero esta no es razón suficiente para definir el contrato administrativo, pues el contrato es anterior a la resolución del conflicto por vía contencioso administrativa. Otro de los criterios dice que es contrato administrativo por que incluye cláusulas exorbitantes, esta teoría se basa en que la administración posee prerrogativas especiales en los contratos administrativos pero no los posee o no los ejecuta en los contratos de derecho privado. El tercer criterio dice que el contrato administrativo es celebrado por entidades de derecho público, este criterio es el más cercano a la realidad porque en todas las legislaciones las entidades de derecho público son las únicas que pueden celebrar contratos administrativos.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Actividad formativa equivalente a tesis (magíster mención derecho internacional) / Es relevante señalar, que con el presente análisis comparativo de la contratación pública de Colombia y la Unión Europea, se presentan las divergencias y convergencias de los dos sistemas de contratación pública vigentes, para así establecer la viabilidad respecto a la armonización y plantear aportes conceptuales en el marco de un posible Acuerdo de Colombia con la Unión Europea, que permita integrar armónicamente instituciones básicas de las dos partes, dándole una dinámica y operatividad requeridas en tan importante materia. La metodología del presente trabajo, corresponde a la investigación jurídica documental, propia de la dogmática jurídica, cuyo objeto de estudio es el análisis crítico comparativo, entre el sistema de contratación pública en Colombia, consagrado en Leyes y Decretos Reglamentarios, la doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, efectuándose su análisis comparativo respecto al sistema de contratación pública de la Unión Europea, contenido en las Decisiones del Parlamento y Consejo Europeo, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Se pretende con estas reflexiones, que se erigen en el tema esencial de la actividad formativa equivalente a tesis, formular y analizar unos elementos jurídicos que constituyen las herramientas conceptuales, para viabilizar la implementación de un Acuerdo supranacional, regulador de la contratación pública entre la Unión Europea y Colombia, que permita dar seguridad jurídica a los actores y protagonistas de esta nueva realidad económica negocial transnacional.