El presente informe jurídico de la Resolución N° 04097-2021-TCE-S3, emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado, conlleva un análisis del procedimiento administrativo sancionador desde su fase previa a cargo de la Autoridad Administrativa, lo cual resaltará la importancia de una adecuada investigación preliminar y los beneficios que brindaría antes de dar el siguiente paso al inicio del procedimiento administrativo sancionador. Así mismo, desde el estudio y confrontación de normas razonaremos la aplicación adecuada de los principios administrativos y procesales, mismos que deberán tener presencia en la debida conducción de las etapas del procedimiento administrativo sancionador, tales como el debido proceso, derecho de prueba, presunción de veracidad y presunción de licitud, también llamado principio de presunción de inocencia, así como la insuficiencia probatoria o duda razonable, también conocida como “indubio pro reo”. Finalmente, realizaremos un análisis comparado con una resolución administrativa llevada a cabo por el Tribunal de Contrataciones del Estado que nos permita complementar el estudio y llegar a determinar la importancia de i) las actuaciones previas al inicio del procedimiento administrativo, ii) contar con un estándar mínimo de probanza para el inicio de procedimientos administrativos sancionadores y iii) desarrollar las actuaciones administrativas en función a un debido proceso que garantice la ejecución de los principios administrativos y procesales en el ámbito general y especial.

El informe aborda la naturaleza de los contratos aleatorios dentro del derecho de consumo, centrándose especialmente en los contratos de juego y apuestas. Se analiza la regulación y definición de estos contratos, destacando cómo el manejo y la asunción del riesgo, un elemento definitorio e inherente, juega un papel crucial. Mediante la revisión del Código Civil peruano y la comparación con legislaciones internacionales, se resalta cómo la aleatoriedad es esencial en estos contratos y cómo afecta la determinación de las obligaciones contractuales. Además, se profundiza en cómo estos contratos son percibidos y tratados en términos de protección al consumidor, especialmente en el ámbito de las apuestas deportivas, donde el consumidor a menudo puede enfrentar desafíos debido a la asimetría de información y a la complejidad inherente a estas actividades económicas. Se analizan los deberes del consumidor como elemento inherente a la formación de la legítima expectativa. Asimismo, se analizan los deberes del consumidor como elemento inherente a la formación de la legítima expectativa. Finalmente, se desarrollan los elementos esenciales que pueden ser tomados en cuenta por consumidores diligentes al momento de realizar una decisión de consumo en el mercado de apuestas deportivas, con el fin de determinar la legítima expectativa en este mercado. / The report addresses the nature of aleatory contracts within consumer law, focusing particularly on gambling and betting contracts. It analyzes the regulation and definition of these contracts, highlighting how the management and assumption of risk, a defining and inherent element, plays a crucial role. Through the review of the Peruvian Civil Code and comparison with international legislation, the essentiality of randomness in these contracts is emphasized and how it affects the determination of contractual obligations. Furthermore, the report delves into how these contracts are perceived and handled in terms of consumer protection, especially in the realm of sports betting, where consumers often face challenges due to information asymmetry and the inherent complexity of these economic activities. The duties of the consumer as an inherent element in the formation of legitimate expectations are analyzed. Moreover, the duties of the consumer are examined as an inherent element in forming legitimate expectations. Finally, the essential elements that diligent consumers can take into account when making a consumption decision in the sports betting market are developed, in order to determine the legitimate expectation in this market.

El presente informe consiste en el análisis de lo resuelto en el laudo arbitral emitido en el expediente N° 20513/ASM. Este arbitraje se originó a raíz de la suscripción del Contrato de Préstamo JBIC/PE-P25, entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (en adelante, PNSU) y el Consorcio Nippon Koei -Oist (en adelante, el Consorcio) para la ejecución del contrato de consultoría de obra para la implementación del proyecto “Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las ciudades de Piura- Castilla y Chimbote” (en adelante, el Contrato de Consultoría), en marco de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, LCAE) y el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, RLCAE) aprobado por Decreto Supremo N° 039-98-PCM, normas vigentes en ese momento. La controversia radica en que, tras la culminación de sus prestaciones, el Consorcio presentó su liquidación del Contrato de Consultoría; sin embargo, la Entidad remitió un pronunciamiento por medio de la cual rechazaba dicha liquidación; no obstante, el Consorcio consideraba que no resulta válida la mencionada liquidación, ya que no habría cumplido con los requisitos para conformar un acto administrativo. Por su parte, el PNSU consideró que sí cumplió con los requisitos de validez, en tanto, estimaba que se trataba de un acto administrativo válido, oportuno y eficaz. Según lo expuesto, en el presente informe jurídico se pretende analizar la naturaleza de la liquidación realizada por el PNSU, si es un acto administrativo o no, y determinar los requisitos de validez para su emisión, si la Entidad cumplió o no con elaborar la liquidación conforme a la normativa aplicable al caso. Para ello se contrastará los alegatos presentados por parte del Consorcio, la Entidad y el Tribunal Arbitral. Además, se abordará la implicancia de la liquidación respecto a la aplicación de las penalidades, sobre su naturaleza y procedimiento en el contrato. Finalmente, se abordará lo concerniente a la emisión del certificado de conformidad de servicio / This report consists of an analysis of the arbitration award issued in Case No. 20513/ASM. This arbitration arose from the execution of Loan Agreement JBIC/PEP25, between the National Urban Sanitation Program (hereinafter, PNSU) and the Nippon Koei -Oist Consortium (hereinafter, the Consortium) for the execution of the works consultancy contract for the implementation of the project "Improvement and Expansion of the Drinking Water Supply and Sewerage Systems of the cities of Piura- Castilla and Chimbote" (hereinafter, the Consultancy Contract), within the framework of Law No. 26850, Law of Contracts of the National Urban Sanitation Program (hereinafter, the Consultancy Contract), The Consulting Contract), under Law No. 26850, State Contracting and Procurement Law (hereinafter, LCAE) and the Regulations of the State Contracting and Procurement Law (hereinafter, RLCAE) approved by Supreme Decree No. 039-98-PCM, rules in force at that time. The controversy lies in the fact that, after the completion of its services, the Consortium submitted its settlement of the Consulting Contract; however, the Entity sent a pronouncement rejecting said settlement; however, the Consortium considered that said settlement was not valid, since it did not comply with the requirements to constitute an administrative act. On the other hand, the PNSU considered that it did comply with the requirements of validity, since it considered that it was a valid, timely and effective administrative act. According to the above, the purpose of this legal report is to analyze the nature of the settlement made by the PNSU, whether it is an administrative act or not, and to determine the validity requirements for its issuance, whether the Entity complied or not with the preparation of the settlement in accordance with the regulations applicable to the case. To this end, the allegations presented by the Consortium, the Entity and the Arbitral Tribunal will be contrasted. In addition, the implications of the liquidation regarding the application of penalties, their nature and procedure in the contract will be discussed. Finally, the issue of the certificate of conformity of service will be discussed.

En el 2012, el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado inició un procedimiento administrativo sancionador, Expediente N° 497/2012.TC, a la empresa TESACOM PERU S.A.C. por el supuesto de haber contratado con el Estado, en un procedimiento de selección convocado por la Marina de Guerra del Perú, a pesar de encontrarse impedida para ello, infracción configurada a raíz de la participación de un oficial de la misma, en situación de disponibilidad, como gerente general de la referida empresa. En consecuencia, luego de haberse emitido, por parte del órgano encargado de resolver estos procedimientos, las Resoluciones N° 1737-2013-TC-S1, que determinó sanción de 13 meses de inhabilitación temporal, y N° 1990-2013-TC-S1, que resolvió dejar sin efectos todos los extremos de la resolución que sancionó a TESACOM PERU S.A.C., corresponde analizar si esta empresa se encontraba impedida para contratar con el Estado, conforme a lo previsto en el artículo 10°, inciso i) de la Ley de Contrataciones del Estado, D.L N° 1017, así como si incurrió en los supuestos de infracción tipificados en el artículo 51.1°, incisos d) e i) de la misma normativa; ello, a partir de: i) la evaluación de la situación de disponibilidad en la que se encontraba el referido oficial, al ser una categoría presente solo en Instituciones Armadas; ii) el análisis de si un oficial de las Fuerzas Armadas puede ser considerado como funcionario o servidor público; iii) la configuración de un supuesto de ruptura de la confianza legítima; iv) la interpretación extensiva de los impedimentos para contratar con el Estado; v) la aplicación de una opinión vinculante al caso de análisis; vi) la existencia de vicios de validez que generen la nulidad de la Resolución N° 1737-2013-TC-S1, a efecto de concluir si TESACOM PERU S.A.C. y su gerente se encontraban impedidos de contratar con el Estado.

De acuerdo con lo resuelto por la Sentencia N°41-2023 de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, emitida bajo el expediente N° 00132-2022-0-0401-JR-CI-01, el presente informe analiza los siguientes dos problemas jurídicos. En primer lugar, el presente informe analizará si es que la señalada sentencia transgrede la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Para ello, se evaluará lo que la norma, la jurisprudencia y la doctrina señalan sobre las implicancias de dicha garantía. En segundo lugar, se analizará si existió justificación para que la sala evalúe la motivación del tribunal arbitral. Para esto, se establecerá, por un lado, los alcances de la motivación en los laudos que resuelven controversias derivadas de la ejecución de contratos suscritos bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y, por otro lado, los alcances del control judicial a estos. A consecuencia de lo analizado, se concluye que la sala vulnera la garantía de la debida motivación y, asimismo, que no existió justificación para cuestionar la motivación del Tribunal Arbitral. / According to the ruling of Judgment No. 41-2023 from the First Civil Chamber of the Superior Court of Justice of Arequipa, issued under case number 00132- 2022-0-0401- JR-CI-01, this report analyzes the following two legal issues. First, it will examine whether the mentioned judgment violates the guarantee of proper reasoning in judicial decisions. To do so, we will evaluate what the law, jurisprudence, and doctrine state regarding the implications of this guarantee. Second, we will analyze whether there was justification for the chamber to assess the motivation of the arbitral tribunal. For this purpose, we will establish, on the one hand, the scope of reasoning in awards that resolve disputes arising from contracts executed under the State Procurement Law and, on the other hand, the extent of judicial review of these decisions. Based on the analysis, it is concluded that the chamber violates the guarantee of proper reasoning and that there was no justification for questioning the motivation of the Arbitral Tribunal.