Uno de los debates en el mundo del arbitraje es si el laudo arbitral debe ser controlado judicialmente por cada Estado nacional o, por el contrario, el Estado no debe ejercer control alguno sobre la autonomía de la voluntad empleada para pactar un arbitraje que escape del control estatal. El control judicial sobre el laudo se ejerce en muchos lugares del mundo, también en el Perú por supuesto. Ha sido previsto legislativamente desde las anteriores Leyes de Arbitraje y sigue estando regulado en la actual ley, de manera conforme con tendencias internacionales. Pero, ¿cuál debe ser el objeto del control, con particular referencia a la motivación del laudo? Este es el problema central que aborda la presente investigación. / Tesis

Uno de los debates en el mundo del arbitraje es si el laudo arbitral debe ser controlado judicialmente por cada Estado nacional o, por el contrario, el Estado no debe ejercer control alguno sobre la autonomía de la voluntad empleada para pactar un arbitraje que escape del control estatal. El control judicial sobre el laudo se ejerce en muchos lugares del mundo, también en el Perú por supuesto. Ha sido previsto legislativamente desde las anteriores Leyes de Arbitraje y sigue estando regulado en la actual ley, de manera conforme con tendencias internacionales. Pero, ¿cuál debe ser el objeto del control, con particular referencia a la motivación del laudo? Este es el problema central que aborda la presente investigación.

El propósito de este Informe es estudiar una serie de instituciones jurídicas en las áreas del Arbitraje y Derecho de la Construcción, a través del análisis de las posiciones de las partes y de la decisión del Tribunal Arbitral, en el expediente del Caso Arbitral N° 2879-2014-CCL. El objetivo es estudiar las instituciones (i) arbitrales de partes signatarias, partes signatarias por referencia, partes no signatarias y arbitraje multicontrato; y, (ii) del derecho de la construcción, de riesgo de ingeniería básica, cronograma contractual, time bar clauses y derecho a extensión de plazo. La metodología utilizada para estudiar estas instituciones es bibliográfica, en base al análisis de doctrina especializada, jurisprudencia y decisiones arbitrales, con una aproximación dogmática y funcional para la interpretación de los contratos celebrados por las partes y las normas aplicables, con especial atención a los usos y costumbres arbitrales y de la práctica constructiva. La conclusión principal del Informe es que el Tribunal Arbitral del Caso Arbitral N° 2879-2014-CCL hizo un uso adecuado de las instituciones arbitrales y del derecho de la construcción necesarias para resolver la disputa entre las partes, por lo que los laudos emitidos (Laudo Parcial y Laudo Final) en el caso fueron correctos. Para efectos de este Informe, estas decisiones y su sustento nos permiten estudiar las instituciones jurídicas desarrolladas para la mejor resolución de casos posteriores.

Tras analizar las posiciones de las partes y la decisión del Tribunal Arbitral, en el marco del expediente del Caso Arbitral N° 566-153-2001-CCL, llevado a cabo ante la Cámara de Comercio de Lima, el presente informe tiene como finalidad analizar, estudiar e investigar una secuela de instituciones jurídicas relacionadas a dos áreas distintas de derecho: Derecho Civil y Derecho de Arbitraje. En la primera se busca responder tres problemas jurídicos, relacionados a la aplicación de la responsabilidad extracontractual subjetiva, las teorías de unificación y separabilidad de las responsabilidades civiles y, finalmente, los criterios de responsabilidad contractual que debió aplicar el Tribunal al presente caso; mientras que, en la segunda, se busca responder dos problemas jurídicos, relacionados a la competencia de los árbitros y el principio de “congruencia”. De modo tal que, la conclusión principal del informe es que el Tribunal Arbitral del Expediente N° 566-153-2001-CCL realizó un uso inadecuado de las instituciones jurídicas civiles y arbitrales, lo cual conllevó a emitir un laudo que acarrea la anulación parcial del mismo, debiendo precisarse que los argumentos y fundamentos esgrimidos a lo largo del mismo -sobre la base legal, doctrina especializada y jurisprudencia arbitral- permitirán que contribuya a usar y estudiar correctamente las instituciones jurídicas para resolver de mejor manera las controversias futuras.

La tesis se propone estudiar el impacto del debido proceso judicial en el arbitraje mediante la lectura y evaluación de la jurisprudencia sobre anulación del laudo. El debido proceso no resulta el mismo para un proceso judicial que para un arbitraje, de ahí que sea importante determinar si existen elementos del debido proceso judicial que hubiesen sido insertados en el arbitraje. La aplicación desmedida del debido proceso judicial al arbitraje podría derivar en la inoperatividad de esta institución. El trabajo encuentra que el debido proceso judicial no ha tenido una repercusión significativa y extendida en el ámbito arbitral. La única excepción material radica en el tema del derecho a la debida motivación del laudo, al que se le aplica el estándar de la motivación de las sentencias judiciales. Fuera de ello, la tesis concluye que otras afectaciones al debido proceso no tienen preponderancia como vicios invocados a nivel judicial pues usualmente estas son subsanadas dentro del procedimiento arbitral (lo que no es viable cuando el vicio consiste en un problema en la motivación). En suma, es razonable sostener que los jueces han aplicado una noción correcta del debido proceso en el arbitraje, sin desnaturalizar la esencia y estructura de esta institución. / Tesis

En este artículo académico se analiza la problemática de si es factible se aplique el recurso de anulación como mecanismo de revisión de la aplicación del control difuso en la jurisdicción arbitral, a más de 10 años de haberse regulado la figura del control difuso arbitral, vía precedente vinculante, en el Expediente N° 00142-2011-PA/TC., Caso Minera María Julia, con el objetivo de que se instituya dicha causal como supuesto de procedencia del recurso de anulación de laudo, antes que como supuesto del amparo arbitral, a fin de determinar si el recurso de anulación se constituye en la vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, más idónea para ejercitar un adecuado control difuso arbitral o si se trata de una vía previa. Así mismo si es legítimo se recurra al amparo cuando un árbitro ha ejercitado control difuso, consciente de que el ejercicio de este por los árbitros aún tiene serios cuestionamientos cuando del control de su constitucionalidad se trata. Con la atingencia de que no existe la posibilidad de recurrir al mecanismo de la consulta, en los extremos de lo prescrito en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil, por remisión, como bien lo hacen los magistrados en la jurisdicción ordinaria cuando se ha ejercitado control difuso, ante el vacío en su regulación en la Ley de Arbitraje – Decreto Legislativo N° 1071.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el expediente judicial N° 155-2012-0-1817-SP-CO-02, el cual versa sobre un proceso de anulación de laudo arbitral. La elección del expediente radica, principalmente, en la vigencia actual de una indeterminación de los alcances de la revisión judicial en los procesos de anulación de laudo cuando se evalúa la garantía de debida motivación. En ese sentido, se analiza i) la procedencia de un pedido de nulidad sustentado en la afectación al derecho al debido proceso, en el cual no se presentó reclamo previo o solicitudes contra el laudo, ii) los alcances del examen judicial de la motivación del laudo arbitral y iii) las implicancias del incumplimiento del deber de revelación como causal de anulación de laudo por la supuesta afectación al derecho a un juez imparcial. Tras ello, se concluye que i) cualquier pedido de anulación basado en la afectación a los derechos al debido proceso y a la prueba puede contenerse en las causales taxativas de anulación de laudo y no puede inaplicarse el requisito de reclamo previo; que ii) el examen judicial de motivación de los laudos arbitrales únicamente puede corroborar la existencia de motivación y la motivación interna entendida como logicidad; y, finalmente, que iii) el incumplimiento del deber de revelación no es una vulneración al derecho a un juez imparcial, pero es posible que se interprete como una vulneración al derecho de defensa y como una contravención a las normas arbitrales (como causal de anulación), siempre y cuando sea acreditado.

En el marco de la etapa de ejecución contractual en el sector público existen distintos mecanismos e instrumentos legales que pueden ser utilizados tanto por la Administración Pública como por el particular, de tal manera que se requiera proteger los derechos e intereses involucrados. Ello cobra especial importancia al tratarse de contrataciones públicas que implican la satisfacción de un interés general particularmente sensible como es la erradicación de la desnutrición crónica infantil en el territorio peruano. En tal sentido, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA fue un intento para procurar implementar acciones conforme las políticas públicas en línea con lo antes indicado. Sin embargo, a partir del análisis de la normativa de Contrataciones del Estado y los términos y condiciones particulares respecto de la ejecución del Contrato N° 010-2012- MIDIS-PRONAA para la adquisición del producto “papilla”, se observa una considerable responsabilidad por parte del PRONAA en relación a la falta en el deber de procura y garantía del interés general involucrado, tras haber generado desabastecimiento, ineficiencia en el uso de los recursos públicos, riesgo a la salud, entre otros. Dicha responsabilidad involucra, entre otros factores, acciones o inacciones en el uso de mecanismos legales a disposición de la Entidad para poder satisfacer las necesidades de la población, así como procurar e instar el cumplimiento de la empresa Consorcio de Alimentos S.A.C. para cumplir con la finalidad pública de la contratación. / Within the scope of the contractual execution stage in the public sector there are different mechanisms and legal instruments that could be used both by the Public Administration and by the private part regarding the rights and interests involved and required to be protected. This is particularly important when dealing with public contracts that involves the satisfaction of a particularly sensitive general interest, such as the eradication of chronic child malnutrition in the Peruvian territory. Therefore, the National Food Assistance Program – “PRONAA” was an attempt to attempt to take actions in accordance with public policies in line with the abovementioned. However, based on the analysis of the regulations of Public Procurement and the particular terms and conditions regarding the execution of Contract No. 010-2012-MIDIS PRONAA for the acquisition of the product "papilla", a significant responsibility of PRONAA is noted regarding the duty to seek and guarantee the general interest involved, after having generated shortage, inefficiency in the use of public resources, risk to health, among others. Such responsibility involves, among other factors, actions or inactions related to the use of legal mechanisms available to the Entity to fulfill the needs of the population, as well as to seek and encourage the compliance of the company “Consorcio de Alimentos S.A.C.” in order to satisfy the public purpose of the contract.

El presente informe tiene por finalidad examinar si el laudo arbitral cuestionado en el proceso judicial de anulación iniciado bajo el Expediente N° 155-2012 fue válidamente anulado de manera parcial. Primero, examinaremos el derecho a la debida motivación de los laudos como garantía del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual, si bien el fondo de la motivación de los laudos no se puede revisar en sede judicial, los árbitros deberán demostrar los razonamientos que los llevaron a laudar en favor de la parte vencedora. Segundo, se analizará el derecho a la prueba en sede arbitral, y determinaremos cuál es el estándar de valoración probatoria que puede ser cuestionado en el proceso de anulación. Tercero, desarrollaremos el derecho a ser juzgado por un árbitro imparcial e independiente como garantía del debido proceso arbitral, en el marco de un viaje realizado entre un árbitro y uno de los letrados que representaba a una de las partes del proceso, el cual no fue revelado ante la solicitud de la presunta parte afectada por dicha circunstancia. En ese sentido, examinaremos si la parte afectada por dicha falta de revelación podía utilizar algún medio impugnatorio para cuestionar dicha supuesta falta de imparcialidad e independencia, luego del cierre de instrucción del arbitraje y la fijación del plazo para laudar. / The purpose of this report is to examine if the arbitral award challenged in the annulment proceeding in Case No. 155-2012 was validly partially annulled. First, we will examine the right to the motivation of the awards as a constitutionally protected content of the right to effective judicial protection, which, although the merits of the motivation of the awards cannot be reviewed in court, the arbitrators must demonstrate the reasoning that led them to the award in favor of one of the parties. Second, we will analyze the right to evidence in arbitration, and we will determine what is the standard of evidentiary assessment that can be challenged in the annulment process. Third, we will explain the right to be judged by an impartial and independent arbitrator as a right of the due process of arbitration, in the context of a trip made between an arbitrator and one of the lawyers representing one of the parties to the arbitration, which was not disclosed at the request of the alleged party affected by such circumstance. In this regard, we will examine whether the party affected by such non-disclosure could use any means to challenge such alleged lack of impartiality and independence, after the closing of the arbitration proceedings and the setting of the time limit for the award.