El presente trabajo tiene como objetivo analizar el expediente judicial N° 155-2012-0-1817-SP-CO-02, el cual versa sobre un proceso de anulación de laudo arbitral. La elección del expediente radica, principalmente, en la vigencia actual de una indeterminación de los alcances de la revisión judicial en los procesos de anulación de laudo cuando se evalúa la garantía de debida motivación. En ese sentido, se analiza i) la procedencia de un pedido de nulidad sustentado en la afectación al derecho al debido proceso, en el cual no se presentó reclamo previo o solicitudes contra el laudo, ii) los alcances del examen judicial de la motivación del laudo arbitral y iii) las implicancias del incumplimiento del deber de revelación como causal de anulación de laudo por la supuesta afectación al derecho a un juez imparcial. Tras ello, se concluye que i) cualquier pedido de anulación basado en la afectación a los derechos al debido proceso y a la prueba puede contenerse en las causales taxativas de anulación de laudo y no puede inaplicarse el requisito de reclamo previo; que ii) el examen judicial de motivación de los laudos arbitrales únicamente puede corroborar la existencia de motivación y la motivación interna entendida como logicidad; y, finalmente, que iii) el incumplimiento del deber de revelación no es una vulneración al derecho a un juez imparcial, pero es posible que se interprete como una vulneración al derecho de defensa y como una contravención a las normas arbitrales (como causal de anulación), siempre y cuando sea acreditado.

Este articulo tiene como objetivo, analizar las posibilidades de solicitar la actuación de prueba que tiene el imputado en una investigación penal, donde la norma procesal procura garantizar la participación en igualdades. A la vez otorga privilegios innecesarios a la fiscalía, para que sea quien en la investigación penal discrecionalmente determine sobre que actuaciones se efectuarán, encontrando ahí limites la actuación de prueba para el imputado. Esto se torna más complejo, cuando el juez de la investigación preparatoria quien debería equilibrar las desigualdades no ha comprendido su labor imparcial y obligación de actuar con razonabilidad, para que no exista ninguna limitación de generar prueba. Una vez denegada la realización de una diligencia solicitada, no hay mecanismos eficientes que garanticen al abogado defensor la posibilidad de generar prueba a favor de los intereses del imputado e incluso por la forma diferente de denominar a la prueba en las etapas del proceso penal, hace que se conciba a la denegatoria de actuación de diligencias de investigación como una circunstancia intrascendente sin vinculación con el derecho a probar / The objective of this article is to analyze the possibilities of requesting the performance of evidence that the accused has in a criminal investigation, where the procedural norm seeks to guarantee participation in equalities. At the same time, it grants unnecessary privileges to the prosecution, so that it is who in the criminal investigation discretionally determines what actions will be carried out, finding there limits to the performance of evidence for the accused. This becomes more complex when the preparatory investigation judge who should balance the inequalities has not understood his impartial work and obligation to act reasonably, so that there is no limitation to generate evidence. Once the completion of a requested procedure is denied, there are no efficient mechanisms that guarantee the defense attorney the possibility of generating evidence in favor of the defendant's interests and even due to the different way of naming the evidence in the stages of the criminal process, makes that the refusal to carry out investigative proceedings be conceived as an inconsequential circumstance unrelated to the right to prove.