Reformula la posición de la regulación de la nulidad del acto procesal, los remedios procesales y el recurso de reposición en el Código Procesal Civil, a fin de adecuarlos según sus alcances y funciones en el proceso, así como diferenciarlos de los recursos de apelación y de casación. Regula como principios del tratamiento de las nulidades procesales, el rol y alcance de las formalidades y el rol del interés público. Promueve propuestas para el tema de las notificaciones, que es uno de los aspectos más vulnerables para configurar vicios procesales, con el objetivo de que se autoricen normativamente nuevas modalidades de notificación por la vía tecnológica. / Tesis

El tema de investigación es la nulidad procesal como causa de dilación de los procesos judiciales, habiéndose tomado como muestra, procesos de divorcio por causal resueltos por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema en el año 2009. En la actualidad existen procesos judiciales cuyo fallo de última instancia se está emitiendo con mucha dilación, causando perjuicio a los usuarios que solicitan tutela jurisdiccional; siendo una de las causas, la nulidad procesal en que se incurre en la tramitación de los mismos; lo que origina que las sentencias u otros actos procesales emitidos en primera y segunda instancia sean declaradas nulos, incluso en más de una oportunidad, retardando innecesariamente la emisión de la sentencia definitiva. Por ello, tanto Jueces como Auxiliares Jurisdiccionales deben tener mayor cuidado al momento de tramitar los procesos; es decir, cuidando de que, cada acto procesal por más sencillo que sea, que puede ser desde una notificación, hasta calificación de demandas, proveídos de escritos, sentencias, entre otros; se realicen en forma adecuada desde el principio hasta el final. Asimismo, los Fiscales, Asistentes de Función Fiscal y Abogados litigantes, también deben coadyuvar en que los procesos se tramiten en forma adecuada; ya que también están inmersos en la administración de justicia, pudiendo comunicar a los Jueces de alguna nulidad procesal que adviertan cuando tengan contacto con el proceso, para que éste, en forma inmediata reoriente el proceso como corresponda. A fin de no incurrir en nulidades procesales, las Cortes Superiores de Justicia, deberían promover más programas de capacitación para sus integrantes; asimismo, se podría sancionar a pedido de parte, a aquellos Jueces que incurran en reiteradas nulidades procesales, para que de esa manera pongan mayor cuidado en el desempeño de sus funciones. / Tesis

Esta investigación versa sobre la práctica de algunos proveedores en incluir en sus contratos cláusulas abusivas de contratación, el cual es un procedimiento prohibido por nuestro ordenamiento jurídico mediante el Código Civil Peruano del 1984 y también por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, las cuales, no obstante legisladas por dispositivos legales vigentes y revisadas administrativamente mediante el ente designado para ello, siguen causando estragos en los derechos de los consumidores, desencadenando así, una serie de conflictos, que, en nuestra opinión, configurarían un tipo de abuso de derecho. En este sentido y para su total comprensión, se abordará los aportes dogmáticos pertinentes relacionados a los contratos por adhesión y la relación de consumo posteriormente establecida a la celebración del mencionado contacto, para luego estudiar las teorías de invalidez e ineficacia del negocio jurídico a la luz de lo regulado mediante el Código Civil y el Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre las cláusulas abusivas de contratación, para luego, configurar aquel tipo de prácticas como antijurídicas y, en consecuencia, lesivas del ordenamiento jurídico peruano. El análisis que realizaremos sobre el tema en cuestión nos permitirá realizar un aporte sobre la aproximación legislativa que se debería tener en Perú sobre las cláusulas abusivas de contratación; para que así, se concluya que aquellas deben entenderse por nulas al configurarse un tipo de abuso del derecho del proveedor en el papel de predisponente contractual. / Tesis

El artículo 139 de nuestra Ley general de Sociedades (LGS) regula los llamados acuerdos impugnables , siendo estos, aquellos cuyo contenido sea contrario a la Ley general de Sociedades, se opongan al estatuto o al pacto social o lesionen, en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas, los intereses de la sociedad. En el mismo artículo se hace mención a los acuerdos que incurran en causal de anulabilidad prevista en la Ley, o en el Código Civil. Sin embargo, el problema comienza cuando once artículos más adelante (artículo 150) se regula en la LGS la denominada Acción de Nulidad, que prevé: “Procede la acción de nulidad para invalidar los acuerdos de la junta contrarios a normas imperativas o que incurran en causales de nulidad previstas en esta ley o en el Código Civil. Cualquier persona que tenga legítimo interés puede interponer acción de nulidad contra los acuerdos mencionados en el párrafo anterior, la que se sustanciará en el proceso de conocimiento. La acción de nulidad caduca al año de la adopción del acuerdo respectivo”.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La nulidad de derecho público constituye uno de los pilares fundamentales de la institucionalidad pública chilena. Ella es la sanción de ineficacia jurídica consagrada en el artículo 7º de la Constitución Política de la República que otorga una efectiva operatividad al principio de juridicidad de los actos estatales. Sobre la base del señalado principio constitucional y la sanción que conlleva su vulneración se estructura el Estado de Derecho en que está organizada nuestra convivencia y se garantiza el pleno respeto a los derechos fundamentales asegurados en la Carta Fundamental. Ahora bien, la naturaleza y características de esta nulidad no es un tema de convergencia en la doctrina nacional. Una parte de ella atribuye a la nulidad de derecho público las características de operar ipso iure, de ser insanable e imprescriptible, constituyendo una sanción aplicable a los actos emanados de cualquier órgano público (constituyente, legislativo, judicial, administrativo o contralor). Otra parte de la doctrina, además de discutir las características antes anotadas, no excluye la aplicación en esta materia de los principios y normas del derecho común. Además, restringe la sanción de nulidad a los casos de actos emanados de los órganos administrativos, diferenciando la consecuencia jurídica en relación a la entidad del vicio en que incurren. Como consecuencia de ello, existirían actos inexistentes, nulos de pleno derecho, anulables y actos no invalidables. En razón de lo señalado precedentemente, el estudio profundizado de esta materia constituye a la vez un vacío y una exigencia ineludible para la doctrina nacional. En efecto, salvo el tratamiento sistemático efectuado por el profesor Eduardo Soto Kloss, la nulidad de derecho público no ha sido analizada de una manera sistémica y profundizada. Lo anterior ha motivado el desarrollo de la presente memoria de grado, la cual tiene por objeto lo siguiente: (i) efectuar un breve análisis de las principales tesis y doctrinas que se han planteado en torno al concepto de la nulidad de derecho público, sus características y su ámbito de aplicación, y, (ii) analizar de manera sistemática el tratamiento que la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores e inferiores de justicia han dado a esta institución entre los años 1990 y 1999, determinando los principios que se han asentado.

En la actualidad, el aumento del tráfico patrimonial ha aportado significativos ingresos al sistema económico y tributario peruano. Estas disposiciones patrimoniales se manifiestan con la celebración de un negocio jurídico. No obstante, mientras más ascienden los índices de las transferencias, más se acrecientan las formas de defraudación y criminalidad entre los sujetos intervinientes y en la administración pública. El ordenamiento jurídico peruano otorga ciertas medidas para evitar o, en todo caso, subsanar algunas deficiencias en la celebración de un negocio; pues en algunos casos, una de las partes intervinientes obra con una finalidad completamente ilícita. Así pues, por ejemplo, para los actos celebrados por un sujeto sin un poder de representación o estando este ya se encuentra extinto, el Código Civil sanciona con la imposibilidad del acto de surtir efectos jurídicos respecto del representado. La complejidad y confusión que genera el uso y aplicación de la ineficacia en los operadores de derecho ha generado que pocas veces sea invocada en un proceso civil; es por ello que considero que con la aplicación de un remedio jurídico más comprensible y conducente, se podrá disminuir el índice de fraude al momento de la celebración de un negocio jurídico. / Tesis

El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Busca determinar bajo parámetros objetivos como se viene utilizando el instituto de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta que implica la existencia del fraude procesal, a fin de concluir si su empleo se condice con la normativa respectiva, esto es, que se busca combatir el fraude procesal, o si por el contrario si se pretende una nueva revisión de lo actuado en el proceso primigenio, es decir, el proceso en el que se emitió la resolución judicial que se impugna por fraude procesal, lo que ciertamente constituiría una clara expresión de la mencionada cultura de litigiosidad y por ende una causa de la demora en la resolución de los procesos judiciales. La existencia del fraude procesal ha motivado que se hayan diseñado instituciones a fin de combatir y desaparecer los efectos que el mismo ha generado en el proceso, a manera de ejemplo en Bolivia y Chile se ha establecido la revisión de sentencias a través de sendos recursos ante las Cortes Supremas de dichos países. / Tesis

La presente Tesis está referida a la “nulidad de actos jurídicos de disposición y gravamen de bienes en el proceso penal”, es decir, a los actos celebrados por el imputado o condenado por la comisión de un delito y eventualmente por el tercero civil. Pues como se sabe, el artículo 97° del Código Penal establece que: “Los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los actos celebrados de buena fe por terceros”. A su vez el artículo 102° del Código Penal dispone que: “El Juez resolverá el decomiso o pérdida de los efectos provenientes de la infracción penal o de los instrumentos con que se hubiere ejecutado, a no ser que pertenezcan a terceros no intervinientes en la infracción”. Estas normas concuerdan con lo dispuesto por los artículos 11° y 15° del Código Procesal Penal y el artículo 188°-A del Decreto Legislativo 959; normas estas últimas que además, hacen referencia a la nulidad de actos por los cuales se establecen gravámenes sobre los bienes, los mismos que pudieran afectar el cumplimiento del pago de la reparación civil o resarcimiento del daño, así como el decomiso de instrumentos, efectos o ganancias del delito.

Se presenta el análisis descriptivo y explicativo de la naturaleza jurídica de la casación penal, resaltando y explicando sus finalidades; en especial, se hace énfasis en su diseño normativo en el Código Procesal Penal y el tratamiento que le viene dando la Corte Suprema, como Tribunal de Casación. Mostramos además el desarrollo sistemático y fundamentado de las instituciones y aspectos jurídicos relacionados a la casación penal, como por ejemplo, el sistema de recursos en el Código Procesal Penal, el recurso de Nulidad en el Código de Procedimientos Penales, el Interés Casacional, la Voluntad Impugnativa, la Doctrina Jurisprudencial, con la finalidad de comprender, precisar y explicar el cumplimiento de la finalidad principal de la recurso de casación en el marco de aplicación del referido cuerpo normativo. PALABRAS CLAVE: Casación, Nomofilaxis, Uniformadora de la Jurisprudencia, Dikelógico, Recurso de Nulidad en el Código de Procedimientos Penales, Interés Casacional, Voluntad Impugnativa, Doctrina Jurisprudencial. / --- We present a descriptive and explanatory analysis of the legal nature of the criminal appeal, highlighting and explaining its aims, in particular, emphasizes regulatory design in the Code of Criminal Procedure and the treatment that is giving the Supreme Court, as the Court of Cassation. We show consistent and reasoned development of institutions and legal aspects related to the criminal appeal, for example, the system resources in the Code of Criminal Procedure, the motion to vacate in the Code of Criminal Procedure, the appellate Interest, Will challenging this, the case law, in order to understand, specify and explain the performance of the main purpose of the appeal under application of such regulatory body. KEYWORDS: Cassation, Nomofilaxis, uniformity of jurisprudence, Dikelógico, Appeal for Annulment in the Code of Criminal Procedure, appellate Interesting, challenging this Will, jurisprudence.

En virtud del instituto de la Cosa Juzgada las resoluciones que hayan adquirido tal autoridad (resoluciones consentidas o ejecutoriadas) son inmutables, es decir, que las mismas no pueden ser materia de variación o alteración alguna; asimismo, respecto de los hechos materia de pronunciamiento no cabe debate alguno en el procedimiento en el que se ha expedido la resolución ni en ningún otro procedimiento. Esta institución en nuestro medio ha sido elevada a la categoría de mandato constitucional contenido en el artículo 139 inciso 13 de la Carta Política, según el cual constituye principio y derecho de la función jurisdiccional la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. De manera que, y como reza el adagio latino del non bis in idem, frente a la sentencia ejecutoriada no cabe sino cumplir su mandato, sin que pueda volverse a discutir el asunto ya debatido (...)