El presente estudio tiene como objetivo demostrar que la omisión de pronunciamiento no es un vicio o defecto radical de nulidad, sino, todo lo contrario, es perfectamente subsanable, incluso ex officio por el juez o tribunal. Entonces, la omisión en el pronunciamiento -incongruencia omisiva- no debiera acarrear la decretación de nulidad por parte de los tribunales superiores, a diferencia de otro tipo de incongruencias (por exceso) donde sí ha llegado a quebrar el principio de congruencia. Las propuestas de este trabajo consisten en fortalecer el proceso civil, hacerlo más sencillo y ágil mediante alternativas interpretativas de nuestra legislación y la comparación con realidades externas al proceso civil peruano con la finalidad de encaminar a que el órgano judicial que dictó una resolución incompleta, pueda integrar las omisiones de pronunciamiento. Con este aporte, se evitaría la interposición de recursos de índole ordinario y extraordinario o amparos contra resoluciones de este tipo, generándose, con ello, una menor cantidad de resoluciones anulatorias. / The present study aims to demonstrate that the omission of pronouncement is not a vice or radical defect of nullity, but, on the contrary, it is perfectly rectifiable, even ex officio by the judge or court. Then, the omission in the pronouncement - omission inconsistency - should not lead to the decree of nullity by the higher courts, unlike other inconsistencies (by excess) where it has come to break the principle of congruence. The proposals of this work try to provide the civil process with simplicity and agility through interpretive alternatives of our legislation and comparison with realities external to the Peruvian civil process in order to direct the judicial body, which issued an incomplete resolution, to integrate the omissions of pronouncement. With this contribution, the filing of ordinary, extraordinary or amparo remedies against resolutions of this type would be avoided, generating, therefore, a lower number of annulment resolutions. / Tesis

La presente investigación trata un tema muy controvertido en el Derecho Societario, además se considera un tema de gran importancia en el mundo actual debido a los intereses y derechos que las acciones de Nulidad y de Anulabilidad de los acuerdos societarios tutelan y representan hoy en día. El estudio de la nulidad de los actos o negocios jurídicos se constituye en uno de los principales temas a abordarse en este ámbito debido a su considerable utilidad práctica, gran parte de casos judiciales se refieren a nulidad y fraude en los negocios jurídicos. El acto o negocio jurídico puede ser entendido como un supuesto de hecho conformado por la confluencia de manifestaciones de voluntad, cuando estamos ante actos sinalagmáticos, o por lo menos por declaración de una sola voluntad. Empero tales voluntades buscan surtir efectos en la vida real y jurídica de las partes que las manifiestan. Cuando dichos actos no surten los efectos queridos y esperados por las partes nos encontramos ante la figura de la ineficacia, la misma que consiste, según lo dicho, en la ausencia total o parcial de los efectos buscados por las partes al manifestar su voluntad. La nulidad es considerada por la doctrina mayoritaria como uno de los tantos supuestos de ineficacia de los actos jurídicos. / Tesis

No description available.

No description available.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En este trabajo nos hemos propuesto demostrar que un proceso penal, dentro del nuevo sistema procesal penal, es anulable a causa del actuar negligente del abogado defensor, pues se estaría vulnerando la garantía del derecho a defensa técnica contenida en el artículo 19, Nº 3, inciso 2, de la Constitución Política de la República. Desarrollamos el trabajo basándonos en los principios del proceso penal y la implicancia que estos tienen en relación a lo que debe entenderse por derecho a defensa técnica dentro del contexto de un Estado de Derecho. El primer capítulo se centra en los fines del proceso penal dentro de éste modelo de Estado. El segundo capítulo busca explicar los principios que estructuran el nuevo sistema procesal penal, en especial, el principio acusatorio y de aportación de parte. Veremos: El principio acusatorio como derivación del sistema acusatorio, su evolución en la doctrina comparada; el principio de contradicción; el principio de aportación de parte; y la manifestación de éstos principios en el Código Procesal Penal. Los capítulos tercero y cuarto tratan sobre el derecho a defensa en general y el derecho a defensa técnica respectivamente. Veremos: Desde que momento nace la garantía a defensa del imputado; la posibilidad de la defensa del imputado a realizar una investigación independiente a la que realiza el Ministerio Público; el derecho a la defensa y el debido proceso; el concepto de defensa técnica y su evolución el la jurisprudencia comparada. Los capítulos quinto y sexto se centran en la defensa técnica dentro de nuestro país y los remedios procesales que existen en caso que sea vulnerada

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal han venido sucediéndose diversas modificaciones al sistema procesal. El legislador tomando en consideración las diversas modificaciones que han sucedido en Europa y en algunos países americanos ha estimado que el sistema procesal chileno debe descansar en los principios de oralidad, inmediación, oficialidad, publicidad y concentración, entre otros. En consideración a lo expuesto, la presente Memoria, haciéndose cargo de la trascendencia y complejidad del tema, tiene como objeto particular analizar la Ley N° 20.260, específicamente en lo relativo al párrafo 5º De los Recursos. Para ello, en la primera parte de este trabajo, pretendemos entregar una visión general de la normativa que regula a los recursos procesales y un análisis de los recursos judiciales en general. Luego analizaremos brevemente las principales modificaciones introducidas por la Ley Nº 20.087 y particularmente en cuanto a las modificaciones introducidas en materia de recursos, para luego estudiar la historia de la Ley Nº 20.260 y analizar cada uno de los recursos que esta nueva ley incorpora al ordenamiento jurídico laboral. Concluimos este trabajo con un estudio de la nulidad en general, para terminar analizando el recurso de nulidad laboral introducido por la Ley Nº 20.260 y sus semejanzas y diferencias con el tradicional Recurso de Casación. En definitiva, este trabajo, pretende ser una herramienta útil para comprender en su conjunto, las modificaciones que en materia laboral se han introducido al régimen de recursos procesales existente en materia laboral.

Analiza la manera que el ordenamiento jurídico peruano regula la declaración de ineficacia estructural de la emisión de un título valor; tomando como punto de partida, una sentencia judicial controvertida que resuelve acerca del acto o hecho de emitir, girar o suscribir títulos valores como manifestación de voluntad destinada a la producción de efectos jurídicos regidos por la ley civil. Para ello, se realizó la presente tesis de tipo jurídica, siguiendo el método dogmático, en el cual se utilizó técnicas de recolección de datos como el análisis de documental y jurisprudencial. Concluyendo, que la naturaleza jurídica del acto de emitir o suscribir un título valor, como “acto jurídico” o “negocio jurídico”, la jurisprudencia nacional no asume un criterio unívoco, siéndole aplicable las disposiciones reguladas en el Código Civil sobre los requisitos de validez, así como las causales de nulidad del acto jurídico. Sin embargo, se considera que el hecho de ser un acto jurídico y no un negocio jurídico, no afecta en lo substancial la validez y la operatividad del título valor, en tanto documento cambiario destinado a la circulación. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Establece cómo se ha venido utilizando el concepto orden público en las decisiones emitidas por los señores Jueces Supremos en las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia del Perú, esto es, si existe una clara delimitación del concepto de orden público respecto a otras instituciones cómo buenas costumbres, normas imperativas, fin ilícito, objeto jurídicamente imposible, enmarcado como causal de nulidad del acto jurídico, para ello se ha considerado al orden público como un standard jurídico que trasciende a la norma jurídica y en mérito a los más elevados principios rectores ya sea económicos, sociales, jurídicos, éticos; que lo integran, no solo pone límite a la autonomía de la voluntad, sino que la hace posible, en tanto los principios que lo integran sirven a los particulares como parámetro, permitiendo el logro del fin esencial: Justicia. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto global de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias, y constituye, en lo particular, una nueva recopilación, análisis y extracto de los fallos dictados con respecto al Derecho de Familia. Los múltiples cambios sociales han originado importantes reformas a la normativa de filiación y matrimonio. A las modificaciones sustanciales introducidas por la nueva legislación en materia de familia, debe añadirse la creación de los Tribunales de Familia, que configuró un sistema totalmente novedoso en lo concerniente a resolver las disputas particulares sobre la materia. La aplicación de la Nueva Ley de Matrimonio Civil no estuvo exenta de dificultades, por cuanto los tribunales tuvieron que ir definiendo y adoptando posturas respecto de la interpretación de las nuevas instituciones, interpretación que varía entre los distintos tribunales y también al interior de un mismo tribunal en espacios temporales diversos. Esta presentación se centrará en la institución del matrimonio, especialmente en lo referido a su constitución, efectos y nulidad. Atendido el aumento sostenido que han tenido las uniones de hecho al interior de nuestra sociedad, el presente trabajo considera un análisis particular al respecto, enfocado principalmente en los efectos que, a falta de regulación orgánica, ha debido reconocerle la jurisprudencia nacional. Para analizar esta situación lo hemos subsumido bajo el artículo 102 del Código Civil.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mucho se discutió antes de la dictación y publicación de la ley N°19.880, de Bases del Procedimiento Administrativo (LBPA), la legitimidad de la potestad invalidatoria de los órganos de la Administración. En cumplimiento del mandato constitucional contenido en la Carta Fundamental de 1980 en cuanto a regular la creación de los actos administrativos, junto con la regulación del silencio administrativo, la LBPA en su artículo 53 efectivamente consagró el poder de volver sobre sus propios actos por razones de ilegalidad. Sin embargo, en la discusión y posterior positivización de la norma en cuestión surgió y surgen a la fecha algunos inconvenientes interpretativos que deben ser aclarados. En particular, la técnica legislativa no hizo más que recoger de manos de la doctrina y de alguna parte de la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, la existencia y obligatoriedad por parte de la Administración de declarar como nulos sus propios actos en caso de ilegalidad y arbitró alguna medida para que los particulares afectados recurrieran en contra de los actos que invalidan a otros anteriores.