Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Nuestro trabajo de investigación aborda el espinoso tema del fraude procesal consumado; es decir, aquel escenario en que la víctima del fraude procesal lucha por enervar los efectos de una sentencia (o acto equiparado a ella) fraudulenta pasada en autoridad de cosa juzgada. La justificación de nuestra investigación se halla en los problemas que suscita, actualmente, el remedio que le ha procurado nuestro Código Procesal Civil: el proceso de “nulidad de cosa juzgada fraudulenta”. Por su parte, nuestros objetivos son: i) Demostrar la deficiente técnica procesal de nuestro legislador en la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil; la misma que no permite a las víctimas del fraude procesal recibir una adecuada y efectiva tutela jurisdiccional para enervar los efectos de la «cosa juzgada fraudulenta»; ii) Demostrar que el fraude procesal es una conducta humana que ocasiona vicios de procedimiento y de juicio; y que, por ende, no se trata de un vicio más del proceso, sino de un causante más de los mismos; y iii) Demostrar la conveniencia de no establecer un plazo para enervar la «cosa juzgada fraudulenta», y que dicha medida no atenta contra la seguridad jurídica. La hipótesis que nos hemos planteado es la siguiente: «La regulación del artículo 178 CPC no responde a las exigencias de un Estado Constitucional, ni permite que se pueda brindar tutela jurisdiccional efectiva a la víctima del fraude procesal en nuestro país». La metodología que empleamos es la histórico-dogmática y, en la medida de nuestras posibilidades, comparativa. Finalmente, nuestra conclusión principal es que la técnica procesal empleada por nuestro legislador respecto a la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil es deficiente. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación que se exponemos en las líneas siguientes tiene entre sus objetivos más importantes determinar si a futuro se puedan dar criterios jurisprudenciales uniformes que puedan ayudar a dar una clara y justa interpretación a las regulaciones anteriormente descritas, y así determinar si realmente existe en esta situación un problema de técnica legislativa o de índole casuística. Todo este análisis introductorio también nos inclina a señalar una gran pregunta en torno a la cual nos enfocaremos en la parte conclusiva de la investigación en la presente obra, y sobre la cual pretendemos establecer una respuesta clara y precisa. La respuesta que podamos dar al final de la presente investigación tiene como objetivo central poder servir de guía a la doctrina laboral sobre los mecanismos y los criterios jurídicos que deben de abordarse al momento de tratar las instituciones en comento, así como poder aclarar e identificar los problemas concretos que pueden surgir de la aplicación simultanea de estas mismas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto global de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias, y constituye, en lo particular, una nueva recopilación, análisis y extracto de los fallos dictados con respecto al Derecho de Familia. Los múltiples cambios sociales han originado importantes reformas a la normativa de filiación y matrimonio. A las modificaciones sustanciales introducidas por la nueva legislación en materia de familia, debe añadirse la creación de los Tribunales de Familia, que configuró un sistema totalmente novedoso en lo concerniente a resolver las disputas particulares sobre la materia. La aplicación de la Nueva Ley de Matrimonio Civil no estuvo exenta de dificultades, por cuanto los tribunales tuvieron que ir definiendo y adoptando posturas respecto de la interpretación de las nuevas instituciones, interpretación que varía entre los distintos tribunales y también al interior de un mismo tribunal en espacios temporales diversos. Esta presentación se centrará en la institución del matrimonio, especialmente en lo referido a su constitución, efectos y nulidad. Atendido el aumento sostenido que han tenido las uniones de hecho al interior de nuestra sociedad, el presente trabajo considera un análisis particular al respecto, enfocado principalmente en los efectos que, a falta de regulación orgánica, ha debido reconocerle la jurisprudencia nacional. Para analizar esta situación lo hemos subsumido bajo el artículo 102 del Código Civil.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La situación no es diferente en la realidad nacional. De un tiempo a esta parte, varios procedimientos de uso común han sido profundamente modificados por el legislador, específicamente, a través de la reforma en materia procesal penal; las reformas en los procedimientos ante los tribunales de familia y en materia laboral. En su régimen recursivo, las modificaciones han pasado por suprimir el recurso de nulidad (casación) y dejar sólo el de apelación; o viceversa. Inclusive, en los nuevos procedimientos, progresivamente se ha reducido la posibilidad de recurrir de apelación hasta casi suprimirlo, dejando sólo el recurso de nulidad como recursus propiamente tal, y se han creado nuevos recursos en determinados procedimientos (a modo ejemplar, el nuevo recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral). Así las cosas, el primer objetivo de esta memoria es exponer y contrastar el régimen recursivo de los principales procedimientos de nuestra legislación, circunscrito a la doble instancia y la anulación. Luego de realizado este análisis, revisaremos sí estos cambios en nuestro sistema, cumplen con las garantías procesales consagradas en la constitución que informan a los recursos. Para ello, a fin de alcanzar las respuestas a todas las inquietudes planteadas, resulta imprescindible analizar y comprender cuáles son los fines de los regímenes recursivos en la dogmática procesal: sus fines constitucionales, el principio de certeza jurídica, y el derecho a la defensa técnica. Todo ello será abordado en el primer capítulo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo efectúa una recopilación actualizada de la jurisprudencia desarrollada por nuestros Tribunales de Justicia a partir del año 1995 y hasta el 2008, en lo referente a normas del Código Civil que tienen relevancia con temáticas relativas a los contratos civiles. El objeto primordial del mismo es junto con efectuar una actualización cronológica de la jurisprudencia existente sobre contratos, analizar la misma en búsqueda ya sea de nuevos criterios jurisprudenciales o la confirmación de criterios ya asentados en el ámbito jurídico. Este trabajo se aboca al estudio de la nulidad en general, rescisión y otras sanciones civiles a través de la Jurisprudencia de los Tribunales de Justicia de nuestro país, determinando sus avances, particularidades, y distintas formas de interpretación de las normas que regulan estas materias. La metodología de trabajo consiste en la exposición de los principales hallazgos en cuanto a la evolución de criterios jurisprudenciales relativos a la nulidad en general, rescisión y otras sanciones civiles, desarrollados y contrastados a la luz de la jurisprudencia y doctrina actuales. Posteriormente, se presentan las modificaciones efectuadas a los artículos atingentes a la materia en el Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil, en pos de su actualización en orden cronológico. Por último, el presente trabajo expone las sentencias analizadas en el arduo trabajo de investigación llevado a cabo, mediante un sistema de fichas que facilita su análisis

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Esta investigación versa sobre la práctica de algunos proveedores en incluir en sus contratos cláusulas abusivas de contratación, el cual es un procedimiento prohibido por nuestro ordenamiento jurídico mediante el Código Civil Peruano del 1984 y también por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, las cuales, no obstante legisladas por dispositivos legales vigentes y revisadas administrativamente mediante el ente designado para ello, siguen causando estragos en los derechos de los consumidores, desencadenando así, una serie de conflictos, que, en nuestra opinión, configurarían un tipo de abuso de derecho. En este sentido y para su total comprensión, se abordará los aportes dogmáticos pertinentes relacionados a los contratos por adhesión y la relación de consumo posteriormente establecida a la celebración del mencionado contacto, para luego estudiar las teorías de invalidez e ineficacia del negocio jurídico a la luz de lo regulado mediante el Código Civil y el Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre las cláusulas abusivas de contratación, para luego, configurar aquel tipo de prácticas como antijurídicas y, en consecuencia, lesivas del ordenamiento jurídico peruano. El análisis que realizaremos sobre el tema en cuestión nos permitirá realizar un aporte sobre la aproximación legislativa que se debería tener en Perú sobre las cláusulas abusivas de contratación; para que así, se concluya que aquellas deben entenderse por nulas al configurarse un tipo de abuso del derecho del proveedor en el papel de predisponente contractual.

En la actualidad, el aumento del tráfico patrimonial ha aportado significativos ingresos al sistema económico y tributario peruano. Estas disposiciones patrimoniales se manifiestan con la celebración de un negocio jurídico. No obstante, mientras más ascienden los índices de las transferencias, más se acrecientan las formas de defraudación y criminalidad entre los sujetos intervinientes y en la administración pública. El ordenamiento jurídico peruano otorga ciertas medidas para evitar o, en todo caso, subsanar algunas deficiencias en la celebración de un negocio; pues en algunos casos, una de las partes intervinientes obra con una finalidad completamente ilícita. Así pues, por ejemplo, para los actos celebrados por un sujeto sin un poder de representación o estando este ya se encuentra extinto, el Código Civil sanciona con la imposibilidad del acto de surtir efectos jurídicos respecto del representado. La complejidad y confusión que genera el uso y aplicación de la ineficacia en los operadores de derecho ha generado que pocas veces sea invocada en un proceso civil; es por ello que considero que con la aplicación de un remedio jurídico más comprensible y conducente, se podrá disminuir el índice de fraude al momento de la celebración de un negocio jurídico.

A la luz de la Casación Laboral N° 15216-2018-Lima, el presente informe jurídico tiene como propósito analizar la nulidad de despido por embarazo para el caso de una trabajadora que sufrió la interrupción natural de su gestación y posterior a esta comunicación fue despedida por su empleador, quien le imputó, en la carta de preaviso de despido, la comisión de dos faltas graves previstas en los literales a) y d) del artículo 25 de la LPCL, referidas respectivamente al incumplimiento de las obligaciones laborales que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral y la entrega de información falsa con la intención de causarle un perjuicio al empleador. Teniendo en cuenta lo anterior, el informe concluye que no se ha configurado ninguna de las faltas graves, pues la entrega del CITT y la epicrisis para acreditar el embarazo y la interrupción natural de la gestación, no constituyen una obligación de trabajo; asimismo, no resulta válida la subsunción de la falta de entrega de una documentación, en la causal de entrega de información falsa. Así también, mediante los métodos de interpretación sistemática y de la “ratio legis” se colige que la nulidad de despido alcanza a la trabajadora que sufrió la interrupción natural de su embarazo, a su vez, según lo previsto en el literal e) de la LPCL se determina la configuración de un despido nulo. Finalmente, se concluye que la trabajadora podría haber solicitado como pretensión subordinada, la reposición por haber sido objeto de un despido fraudulento. / In light of Labor Cassation No. 15216-2018-Lima, the purpose of this legal report is to analyze the nullity of dismissal due to pregnancy in the case of a worker who suffered the natural interruption of her pregnancy and was fired after this communication by his employer, who charged him, in the dismissal notice letter, with the commission of two serious offenses provided for in subparagraphs a) and d) of article 25 of the LPCL, referring respectively to the breach of labor obligations that involves the breach of good labor faith and the delivery of false information with the intention of causing harm to the employer. Taking into account the foregoing, the report concludes that none of the serious offenses has been configured, since the delivery of the CITT and the epicrisis to prove the pregnancy and the natural interruption of the gestation, do not constitute a work obligation; Likewise, the subsumption of the lack of delivery of a documentation is not valid, in the cause of delivery of false information. Likewise, through the methods of systematic interpretation and the "ratio legis" it is inferred that the nullity of dismissal reaches the worker who suffered the natural interruption of her pregnancy, in turn, as provided for in literal e) of the LPCL determines the configuration of a null dismissal. Finally, it is concluded that the worker could have requested, as a subordinate claim, her reinstatement for having been the subject of a fraudulent dismissal.