Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Con motivo de la dictación de la Ley 20.886, que impuso la tramitación digital de los procedimientos judiciales civiles, cabe preguntarse cómo y de qué forma se afectarán las garantías del debido proceso legal. Esta normativa que termina con el antiguo expediente de papel que pasa a ser reemplazado por la carpeta electrónica, presenta varias ventajas, pero también representa un escenario complejo, y precisamente en consideración a este nuevo contexto es que nuestra investigación ha perseguido, como objetivo principal examinar las implicancias de la implementación de este sistema de tramitación electrónica en relación con los derechos y garantías de la persona dentro de un procedimiento judicial. Para ello, en base al método dogmático jurídico tradicional, se analizó la propia ley de tramitación electrónica recientemente implementada en nuestro país, especialmente en lo relativo a las posibles consecuencias de la aplicación de esta normativa desde el punto de vista de los elementos que conforman el debido proceso contenido tanto en nuestra Carta Fundamental como en las normas de los principales tratados internacionales que se refieren a esta materia. Adicionalmente se revisaron algunas experiencias internacionales sobre esta temática, para finalmente realizar un análisis crítico y formular propuestas concretas de modificaciones o correcciones a la normativa que signifiquen un avance en el resguardo de las garantías mencionadas. La justificación de este trabajo se debe a la importancia que significa el pleno respeto por las garantías del debido proceso en la modernización de la legislación, principalmente una legislación que viene a cambiar radicalmente la forma de tramitación de los procedimientos judiciales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El siguiente trabajo pretende indagar acerca de la vigencia, interpretación y aplicación que se ha dado de la institución del debido proceso, en los procedimientos judiciales de desafuero parlamentario en Chile. A partir del análisis de lo que puede entenderse que integra el debido proceso en nuestro sistema, en los instrumentos de derecho internacional y en la jurisprudencia, me propongo establecer si, según la naturaleza jurídica que se atribuya al desafuero, corresponde aplicar en la sustanciación y decisión sobre esta institución las garantías de un procedimiento racional y justo y si dicha aplicación está contemplada en el procedimiento que ordena el Código Procesal Penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio tiene como objetivo establecer el vínculo entre una de las instituciones pilares de nuestra legislación, como es el debido proceso, y los nuevos procedimientos laborales, en particular, el de aplicación general y el de carácter monitorio. Uno de los objetivos en la gestión del nuevo procedimiento laboral es otorgarle herramientas a los trabajadores para tener un acceso más expedito a la justicia, evitando mayores demoras y formalismos que iban en claro desmedro de la parte que a priori resulta más indefensa en un procedimiento extremadamente formal y costoso. Sin embargo, han existido críticas respecto a si se cumplen dichos objetivos, siendo ese el punto primordial de la presente investigación. Para aquello se hará un estudio respecto al Debido Proceso, su evolución histórica y la contingencia en que desarrolló dicha evolución, para luego ahondar en el derecho laboral, en particular, su aspecto procedimental, visto primero desde un contexto global, para luego focalizarse en el derecho del trabajo nacional Una vez establecido el contexto de la investigación, estudiaremos la génesis del actual procedimiento laboral, los objetivos planteados en dicha reforma, haciendo un particular análisis del procedimiento ordinario laboral y el procedimiento monitorio, en donde quizá se ha realizado un mayor cuestionamiento respecto a si las disposiciones establecidas, y las facultades inquisitivas otorgadas al juez del trabajo, a fin de favorecer a la parte considerada a priori, más desvalida, como es el trabajador, han implicado una clara vulneración a los principios de establecen un justo y racional proceso. En efecto, existen pequeños empresarios ( como en el caso de las PYMES) y comerciantes que no gozan de aquellas prerrogativas procesales, encontrándose en desmedro respecto a los trabajadores, lo cual ha implicado un detrimento en sus posibilidades de defensa, dado que su calidad de empleador no siempre se condice con una situación de superioridad respecto a los trabajadores. El presente estudio busca entonces establecer parámetros realmente justos respecto de las partes involucradas en conflictos de índole laboral, ya sea mediante la dotación de una defensoría para las PYMES o bien instancias preventivas que permitan evitar llevar los conflictos suscitados a Tribunales, los cuales, a razón de la eventual inequidad procesal, pueden resultar mas gravosos e injustos para empleadores sin la solvencia económica necesaria, desvirtuando el debido y justo proceso que en principio se pretendió establecer mediante la reforma procesal laboral.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo consiste en un análisis de los fallos del Tribunal Constitucional respecto a la prueba como una garantía mínima e indispensable dentro del debido proceso. Para lograr lo anterior, nuestra memoria comienza con una investigación exhaustiva del debido proceso y sus garantías, rescatando su concepto y regulación, señalados por la doctrina, jurisprudencia y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Además, estudiamos a fondo una garantía específica que es el derecho a la prueba, tomando en consideración el concepto de prueba, su aplicación en el derecho chileno y su carácter de derecho relativo. Finalmente, el tercer capítulo versa sobre un análisis concreto de diversos fallos del Tribunal Constitucional relativos a materias penales, administrativas, procesales, de quiebra y tributarias, cuyo fin es obtener directrices respecto a cómo esta Magistratura se ha pronunciado respecto a la prueba dentro de un debido proceso, y si procede, ver la evolución histórica de la postura del Tribunal al respecto

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 16/03/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis tiene por objeto analizar el concepto de Debido Proceso y su vinculación con el Derecho Administrativo. Conocida es la aplicación de dicha garantía en materia jurisdiccional, sin embargo, menos clara es la manera en que se aplica en el ámbito del Derecho de la Administración del Estado. Para un análisis adecuado de esta garantía, se estudia desde la construcción histórica del concepto hasta la manera en que la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema lo han entendido. Por medio del análisis jurisprudencial, se pretende dar respuesta principalmente a dos preguntas definitorias para determinar la manera en que el Debido Proceso se manifiesta en las decisiones administrativas; en primer lugar, si es que existe un Debido Proceso que sea autónomo del concepto ampliamente conocido en materia jurisdiccional; y en segundo lugar, si este concepto de Debido Proceso Administrativo autónomo puede extrapolarse y ser exigido no solamente en el área administrativa sancionadora sino que en todo tipo de actos administrativos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En este trabajo nos hemos propuesto demostrar que un proceso penal, dentro del nuevo sistema procesal penal, es anulable a causa del actuar negligente del abogado defensor, pues se estaría vulnerando la garantía del derecho a defensa técnica contenida en el artículo 19, Nº 3, inciso 2, de la Constitución Política de la República. Desarrollamos el trabajo basándonos en los principios del proceso penal y la implicancia que estos tienen en relación a lo que debe entenderse por derecho a defensa técnica dentro del contexto de un Estado de Derecho. El primer capítulo se centra en los fines del proceso penal dentro de éste modelo de Estado. El segundo capítulo busca explicar los principios que estructuran el nuevo sistema procesal penal, en especial, el principio acusatorio y de aportación de parte. Veremos: El principio acusatorio como derivación del sistema acusatorio, su evolución en la doctrina comparada; el principio de contradicción; el principio de aportación de parte; y la manifestación de éstos principios en el Código Procesal Penal. Los capítulos tercero y cuarto tratan sobre el derecho a defensa en general y el derecho a defensa técnica respectivamente. Veremos: Desde que momento nace la garantía a defensa del imputado; la posibilidad de la defensa del imputado a realizar una investigación independiente a la que realiza el Ministerio Público; el derecho a la defensa y el debido proceso; el concepto de defensa técnica y su evolución el la jurisprudencia comparada. Los capítulos quinto y sexto se centran en la defensa técnica dentro de nuestro país y los remedios procesales que existen en caso que sea vulnerada

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio pretende analizar las condiciones de Autonomía del Ministerio Público, órgano encargado de ejercer la acción penal pública y dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delitos, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicias y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / La presente tesis tiene como tema central de investigación, la aplicación y el respeto de los derechos enmarcados dentro del debido proceso legal por parte de la Administración, en la substanciación de los procedimientos sancionadores aplicados por esta. La inquietud surge del hecho que en la actualidad nos encontramos con un número importante de órganos de la Administración del Estado que ejercen jurisdicción (Tribunales Tributarios, el Servicio de Salud y Medio Ambiente, la Superintendencia de Valores y Seguros, entre otros). Ante esta realidad cabe preguntarse si el "brazo jurisdiccional" de la Administración del Estado está respetando a cabalidad, en la substanciación de sus procedimientos, el derecho del ciudadano a un debido proceso legal, expresado este en sus diversas garantías y principios.

Tesis (magíster en derecho) / El siguiente trabajo tiene como objeto en una primera parte determinar las características de los procesos migratorios y de la legislación migratoria a lo largo de la história de Chile, y continúa con la identificación del procedimiento de expulsión de un extranjero en el país. Luego, se caracteriza el debido proceso en materia internacional, y el respeto que se tiene por éste en el procedimiento de expulsión, para terminar con una serie de recomendaciones para una nueva institucionalidad migratoria