Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / El objetivo principal de este estudio es realizar una evaluación de coherencia, respecto de la forma en que la Fiscalía de Chile está implementando, bajo un enfoque estratégico, una política de calidad en los servicios que entrega. Para lo anterior, el principal insumo es el Plan Estratégico Institucional 2009-2015 y tres proyectos que, en su génesis, pretenden dar cuerpo a los servicios ofrecidos en el Plan. El estudio parte revisando los principales elementos componentes del Plan Estratégico, para luego explicitar y definir elementos de calidad en los servicios ofrecidos por la institución hacia sus principales usuarios las víctimas y testigos. A continuación, y bajo la Metodología de Marco Lógico, se abren los proyectos Tramitación de Casos Menos Complejos, Orientación Protección y Apoyo y Sistema de Información y Atención a Usuarios, incorporando árboles de problemas, objetivos y acciones, siempre bajo la secuencia acción-medio-causa-problema, permitiendo analizar de qué forma la intervención realizada, a través de cada proyecto, genera los medios que se enfocan directamente en la causa de un determinado problema. Del análisis se puede concluir que, en general, los tres proyectos revisados dan cuerpo a cada servicio ofrecido en el Plan. Por otro lado, todos agregan valor a la institución y a los servicios que reciben los usuarios, por tanto existe coherencia entre lo que se declaró, ejecutó y los resultados obtenidos. Sin embargo, existen aspectos, como por ejemplo la disminución de la carga laboral de los funcionarios respecto del proyecto Tramitación de Casos Menos Complejos, que no han sido medidos. Complementariamente se comprueba, a través de los indicadores autoimpuestos, que estos estándares si se están cumpliendo, cuestión que permite avalar en mayor o menor medida el logro de los objetivos planteados en los tres proyectos objeto de este estudio. En base al análisis realizado del proyecto Tramitación de Casos Menos Complejos, se recomienda a la organización, definir una carta declaración sobre calidad, para los distintos servicios que entrega y, mediante un enfoque por procesos, redirigir los esfuerzos en mejorar su principal servicio, cual es, dar solución a los conflictos penales, poniendo especial atención, por ejemplo, en la disminución de los términos de casos por archivo provisional y, enfocando los esfuerzos en aumentar las sentencias condenatorias. Respecto del proyecto Orientación Protección y Apoyo, se estima necesario complementar el modelo con técnicas de autocuidado que permitan al personal de la organización, que está en contacto directo con las víctimas, manejar de mejor forma la carga emocional que trae consigo el tomar mayor conocimiento de las investigaciones. Por último respecto del proyecto Sistema de Información y Atención a Usuarios, si bien los procesos declarativo y analítico se han desarrollando de manera coherente, en su puesta en marcha se recomienda utilizar la gradualidad en su implementación a nivel país, de manera que se atiendan de manera oportuna los inconvenientes propios de la puesta en marcha.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Roles contradictorios desarrollan el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública (en adelante, la Fiscalía y la Defensoría) en el proceso penal. Ejercer la persecución criminal versus asumir la defensa de los perseguidos criminalmente. Ambas instituciones, a través de indicadores relacionados con sus objetivos estratégicos, se presentan ante la ciudadanía como entidades exitosas, eficientes y eficaces. Uno de estos indicadores se refiere a los resultados que obtienen en los procesos penales en que intervienen. Si son tan exitosos en obtener estos resultados, sería lógico comprometer la obtención o mantención de ingresos y/o haberes al logro de ciertos resultados en los procesos penales en que intervienen. La forma como Fiscalía y Defensoría obtienen y construyen sus sistemas de medición de resultados en los procesos penales en que intervienen; la selección, generación y exposición pública de tales resultados, y; su incidencia en la evaluación de su gestión son el objeto de este trabajo. La metodología utilizada es de tipo cualitativo generado, sobre la base del análisis de los resultados expuestos en memorias y cuentas públicas de las Instituciones involucradas y en informes estadísticos elaborados para este trabajo, además de entrevistas a informantes claves. El indicador de eficacia y producto analizado es el resultado de los procesos penales en que intervienen Fiscalía y Defensoría. El análisis reveló que los datos con que trabajan ambas instituciones no son del todo confiables, pues se basan en la digitación manual y las cifras finales dependen de que se registren fielmente ciertos eventos que se pueden verificarse en los procesos penales, lo que no ocurre en todos los casos. En cuanto a la selección y presentación pública de los resultados de su desempeño en los procesos penales se revela que la Fiscalía presenta cifras de sentencias condenatorias que incorporan todo tipo de procedimientos, incluyendo aquellos en que no hay debate ni controversia y que la Defensoría construye un indicador propio a partir de la sanción solicitada por la Fiscalía por escrito, todo lo cual permite a ambas entidades presentarse como exitosas. Finalmente se constata que ni la Fiscalía en sus Convenios de Desempeño Colectivo, ni la Defensoría, en sus compromisos con DIPRES incorporan indicadores relativos a los resultados de los procesos penales en que intervienen, aunque la falta de gobernabilidad total de Fiscalía y Defensoría sobre el indicador es un argumento atendible. Se concluye la necesidad de homologar parámetros y criterios de registro de los resultados de los procesos penales de la Fiscalía y la Defensoría, incorporando en este ámbito al Poder Judicial. Adicionalmente, es indispensable contar con una autoridad que lidere esta labor y consolide una estadística mínima común, la que no existe actualmente.

No autorizada por el autor para ser publidada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mucho se discute sobre el sentido genuino de la celebración del bicentenario de la Independencia. Para unos, la Junta tiene en cierto modo un sentido fundacional. Olvidan que Chile, si es que no el Estado mismo, con su constitución jurisdiccional e instituciones fundamentales, se remontan al siglo XVII. Dentro de este marco aparece el Fiscal de la Real Audiencia, oficio cuyo origen más remoto se encuentra en la Roma del ius civile, e inmediato en la Europa del utrumque ius, y de éste al Estado indiano y finalmente a las constituciones y códigos decimonónicos. Esta historia es la que queremos abordar aquí. En este contexto, y de acuerdo a lo planteado por algunos historiadores , el origen del Estado de Chile, con el de sus principales instituciones, conformadas por el Presidente, el Ejército, la Judicatura y el Pueblo, se remontan y comienzan a afianzarse desde fines del siglo XVI y principios del XVII. Y es que a través de sus naturales cambios y proyecciones, siempre se dejaran entrever, con mayor o menor claridad, sus matrices iniciales. Esta aseveración nos permite mirar al bicentenario no sólo como una fecha de celebraciones, sino como una verdadera instancia de reflexión en torno a los orígenes de nuestro país, su identidad, su territorio, su patria y, especialmente, sus instituciones y los hombres encargados de servirlas. Tal es el caso de la Judicatura, y en lo que será el objeto fundamental de estudio para esta memoria de prueba, de los Fiscales, a partir de su inicio como oficio hasta su consagración institucional, como parte integrante del Poder Judicial. En ese sentido, el entendimiento de la trayectoria institucional de la Judicatura supone conocer, con la mayor exactitud posible, a quienes la han servido desde sus inicios hasta nuestros días. En tal dirección se enmarca el presente trabajo, bajo la reserva de ser los primeros puntales para un próximo estudio, más acabado y exhaustivo, del Ministerio Público y sus integrantes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio pretende analizar las condiciones de Autonomía del Ministerio Público, órgano encargado de ejercer la acción penal pública y dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delitos, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito central de este trabajo consiste en analizar el principio de objetividad que debe guiar la actividad persecutora del Ministerio Público como órgano exclusivo a cargo de la dirección de la investigación penal. Éste es concebido por nuestro sistema procesal penal como una consecuencia directa del principio de legalidad y viene a entregar una directriz fundamental que debe guiar la actividad investigativa del Ministerio Público, lo que se traduce en el deber de investigar con igual celo tanto aquellos hechos o circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también aquellos que le eximan de ella, la extingan o atenúen. Lo anterior nos plantea inmediatamente la idea de que nuestro legislador ha entendido la función del Ministerio Público no como un persecutor a ultranza, sino muy por el contrario, éste tendría una función consistente en ser lo que algunos llaman “custodio de la ley”, imprimiéndole características, que en opinión de parte de la doctrina lo alejan de su real misión en el sistema procesal penal, razón por la que se han formulado fuertes críticas respecto de su existencia, postulándose incluso su abolición de nuestro sistema y su reemplazo por otros principios que impliquen deberes acordes con la misión del Ministerio Público como ente persecutor. Nuestro estudio se basará en analizar las distintas críticas que se han formulado al respecto y comprobar que tan razonables resultan ser éstas, para formular finalmente una propuesta al respecto

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta monografía comenzará con un capítulo introductorio en el que nos plantearemos la necesidad de controlar o no al Ministerio Público. Luego dedicaremos un capítulo a cada sistema, empezando por una descripción breve de cada uno de éstos, para luego dar paso a un análisis de fondo de la forma en que se controla al órgano persecutor tanto a nivel administrativo, judicial, como político. A continuación seguiremos con un capítulo destinado a la comparación de los distintos sistemas nacionales en función de los siguientes criterios: Principios que informan su actuación y mecanismos de control. Por último, finalizaremos con un apartado de conclusiones generales en el cual trataremos de determinar cual de estos sistemas es el que mejor combina eficiencia con protección de garantías en el proceso penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente tesis pretende ofrecer una lectura crítica, desde la óptica de la criminología (en particular la desarrollada durante los años sesenta, denominada crítica o radical), sobre la aplicación de las salidas alternativas al procedimiento penal, por parte de los Fiscales del Ministerio Público, de acuerdo a las instrucciones generales dictadas por el ente persecutor, fundadas en sus directrices de política criminal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El nuevo sistema de justicia penal introdujo vías alternativas de solución a los conflictos penales. En este sentido, las salidas alternativas son herramientas que tiene el Estado para suspender la función persecutora, renunciando al juicio penal respectivo. La acogida de estas salidas por parte de los Tribunales se ha evidenciado en la aplicación de estos mecanismos en un sinnúmero de casos de diversa naturaleza, tales como aquellos que dicen relación con delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, en el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, en causas relacionadas con delitos económicos y de corrupción, entre otros. Así las cosas, las salidas alternativas se constituyen como una solución rápida y eficaz del conflicto penal. En general, la aplicación de las salidas alternativas resulta pertinente e idónea en un gran número de casos, sin embargo ha sido ampliamente discutido su uso en cierto tipo de delitos en atención a la gravedad y trascendencia de los hechos y personas involucradas. Un claro ejemplo de ello es lo que sucede en el ámbito de los delitos de corrupción; este tipo de ilícitos ha adquirido gran relevancia en los últimos años por la cantidad, complejidad y exposición pública que traen aparejados los mismos, además, por sus características particulares, y a pesar de no ser un fenómeno exclusivo del sector público, estos hechos no sólo menoscaban las bases del sistema político imperante, sino que también producen un gran impacto en la sociedad y socavan las instituciones que sustentan el régimen democrático. El objetivo por tanto de este trabajo es analizar la utilización de cada salida alternativa en los distintos tipos de delitos relacionados a la corrupción y el rol que cumplen en su aplicación ciertos intervinientes procesales, desde una perspectiva crítica

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca dilucidar cuáles son los estándares que debiera cumplir un órgano como la Fiscalía según los principios establecidos en la Convención de Derechos del Niño y comparar dicho ideal con el caso chileno. Para ello se compone de una revisión de los principios del derecho penal juvenil que se desprenden de los principales instrumentos internacionales en la materia vigentes y los deberes que, por ende, corresponde exigir al Ministerio Público chileno en virtud de ellos, y una exposición de la forma en que se ha respondido a este deber de implantar un sistema penal juvenil coherente con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva del persecutor en Chile.