Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la actualidad, nuestro país cuenta con un sistema de determinación legal de penas que se encuentra inmerso dentro del Código Penal chileno, cuerpo normativo que data de 1874. Dicho sistema se encuentra inspirado por el sistema clásico liberal el cual establece marcos penales rígidos que tienen como objetivo reducir el arbitrio judicial, estableciendo penas divididas en grados, cuya extensión se precisa estrictamente. El propósito ideal que persigue el sistema chileno es un grado de personalización de la pena, teniendo en cuenta cada caso concreto. Para ello tiene a la vista no sólo la pena que el legislador impone al delito, sino también el nivel de ejecución de éste, el grado de participación del hechor, las circunstancias modificatorias de responsabilidad y la extensión del mal causado. Sin embargo, en la determinación judicial de la pena, la aplicación de este sistema legal conlleva la realización por parte del juez de operaciones casi matemáticas y de escasa flexibilidad, lo que se traduce muchas veces en resultados que no reflejan la intención del legislador ni respeta los límites al ius puniendi derivados de una concepción de un Estado Democrático de Derecho. Por ejemplo, delitos de grave connotación social a los cuales la ley impone alta penalidad pueden finalmente recibir una sanción menor, que no satisface las expectativas ni de la víctima ni de la sociedad; y a la inversa, delitos de menor importancia reciben sanciones excesivas, vulnerando con ello principios básicos del Derecho Penal. No desconocemos que en la actualidad los tribunales se ciñen a la ley al momento de determinar las penas. También aceptamos que existe un margen que delimita la extensión que el juez puede recorrer al determinar una pena. Negarlo significaría admitir que en Chile existe un sistema rígido, que no da posibilidad alguna al juez para decidir e individualizar la sanción. El problema radica en que los márgenes establecidos por el legislador al juez y las reglas impuestas para la determinación de la pena concreta, son inapropiados con un Estado Democrático de Derecho. Siendo éste el estado actual de la situación, nuestra investigación tiene como interrogante principal la siguiente: ¿Cuál es el grado de coherencia existente entre el sistema de determinación de penas del Código Penal chileno y un Estado Democrático de Derecho? Para responder esta interrogante, hemos recurrido a las siguientes preguntas secundarias: - ¿Cuáles son los elementos de un Estado Democrático de Derecho atingentes al sistema de determinación de la pena? - ¿Cuáles son las teorías para la determinación de la pena? - ¿En qué consiste el sistema de determinación de penas del Código Penal chileno? - ¿De qué forma el sistema de determinación de penas del Código Penal chileno se relaciona con un Estado Democrático de Derecho? Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo general de nuestra investigación será analizar cuál es el grado de coherencia existente entre el sistema de determinación de penas del Código Penal chileno y un Estado Democrático de Derecho. Por su parte, los objetivos específicos son los siguientes - Determinar cuáles son los elementos de un Estado Democrático de Derecho atingentes al sistema de determinación de la pena. - Describir las teorías para la determinación de la pena. - Analizar en qué consiste el sistema de determinación de penas del Código Penal chileno. - Establecer de qué forma el sistema de determinación de penas del Código Penal chileno se relaciona con un Estado Democrático de Derecho.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio pretende analizar las condiciones de Autonomía del Ministerio Público, órgano encargado de ejercer la acción penal pública y dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delitos, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado.

Tesis (magíster en derecho, mención derecho público) / La existencia de una jurisdicción electoral en un Estado democrático y de derecho, acrecienta las posibilidades de materialización de las garantías democráticas para los ciudadanos. La existencia en Chile de un sistema jurisdiccional independiente del Poder Judicial constituye un aporte para la construcción de un Estado Democrático de Derecho en Chile y para la materialización de los derechos democráticos de sus habitantes. La necesidad de reforzar este sistema por medio de mecanismos procesales más eficaces, que importen un incentivo del acceso a dichas formas de solución de conflicto de carácter estrictamente electoral, ayudan en el mismo sentido, a la luz de los sistemas comparados y de las problemáticas suscitadas en los sistemas de elección municipal y de representantes, al perfeccionamiento de la promoción y defensa de tales derechos.

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