Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Las fuentes del derecho pueden ser materiales o formales, entendiendo por fuente un "hecho creador o generador de derecho". Las fuentes materiales son todos los factores y elementos que provocan la aparición y determinan el contenido de las normas jurídicas, es decir, son un conjunto complejo de factores de toda índole: morales, religiosos, políticos, económicos, ideológicos, sociales, étnicos, geográficos, etc. En Cambio, las fuentes formales son los actos por los cuales los contenidos materiales logran una formulación positiva, destacándose, entre otras, la constitución política del estado y la ley. Así la presente memoria contiene la legislación electoral de Chile desde 1810 hasta 1970, también incluye la legislación electoral en la praxis chilena, concluyendo con un caso concreto de aplicación de dicha legislación. Para exponer las materias recién señaladas se ha seguido una ordenación capitular, es decir, este trabajo se ha dividido en tres capítulos a través de los cuales se van abordando los diversos temas que se indican.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La trayectoria institucional de Chile y su actividad cívica se ha construido a través de distintos mecanismos de participación, siendo “la elección” y más aún, los procesos electorales, uno de los principales métodos que ha caracterizado la democracia chilena y el ejercicio de la soberanía. Esta trayectoria es iniciada hace ya 200 años. Desde 1810, con el Acta de instalación de la Primera Junta de Gobierno, e incluso antes (desde la época indiana), nuestro país se ha ido modelando en base a la participación y la democracia. Por lo que en el primer capítulo analizar la historia de Chile, a través de los distintos procesos electorales parlamentarios y presidenciales, insertándolos en la contingencia política, económica y social del país. En el segundo capítulo, se ilustra la evolución legislativa electoral chilena, se recopila sistemáticamente, la normativa relevante que en materia electoral se ha dictado a través de la historia de Chile. Se trata de una presentación práctica dirigida a aquellos que deseen conocer la legislación relevante promulgada y publicada durante los años estudiados; para luego analizar las leyes presentadas en base a la ciudadanía y el derecho de sufragio. Finalmente se aproxima la primera jurisprudencia electoral, presentándose los órganos competentes en el conocimiento de los asuntos electorales y algunos ejemplos de jurisprudencia electoral emanada de los Cuerpos Legislativos y la contenida en la Gaceta de los Tribunales.

Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado Leida ante la Comisión Universitaria / El 12 de noviembre de 1874 se promulgaba la leí de elec­ciones vijente. El pais entero aplaudía con entusiasmo su advenimiento considerándola corno leí redentora que venia a salvar, de las influencias ilejítimas i del privilejio de las mayorías, la li­bertad del voto i la representacion de las minorías. Si ella no satisfizo las aspiraciones mas avanzadas en esta materia ni todas las exijencias de los partidos, habla, al mé­nos, consagrado la justa i conveniente representacion de las minorias por medio del voto acumulativo en la cámara de diputados i del limitado en las municipalidades. La antigua leí habla sido enteramente trastornada; la misma constitucion política estendiendo el personal del se­nado i estableciendo su eleccion por provincias, habla ayu­dado a esta trasformacion eminentemente liberal. La creacion del poder electoral i su organizacion por me­dio de la junta de mayores contribuyentes que sustituye a las municipalidades en el ejercicio de toda funcion electo­ral, la prohibicion impuesta ala junta receptora para obje­tar, por si misma, a los sufragantes su calidad de electores, la importantísima reforma de la presuncion de la renta por el hecho de saber leer i escribir que equivale a la forma mas intelijente ente i la única aceptable del sufrajio universal i la justicia electoral por jurados, importaban innovaciones tan tracendentales que los partidos de oposicion, condenados de or­dinario a una forzosa abstencion, sacudieron su letargo i se aprestaron a la lucha que debia presenciar el año 1876 i en el cual, por una coincidencia casual, iba a verificarse la re­novacion total de todos los poderes públicos que emanan de eleccion directa n indirecta del pueblo. Desde que se presentó el proyecto al congreso hasta que fué lei de la República trascurrió un largo espacio de tiem­po,‑no porque se la hubiese sometido a una detenida discu­sion, que se contrajo casi esclusivamente a los puntos mas importantes tales como la base de los mayores contribuyen­tes, el voto acumulativo, etc.,‑sino porque mirada con cier­to recelo por una fraccion del senado, permaneció en la carpeta de la cámara por mucho tiempo. La urjencia que se reclamaba en su despacho cuando se lograba ponerla en discusion, urjencia que decia con los je­nerales i vehementes deseos de efectuar la próxima eleccion bajo su imperio, fué causa de que, descuidando sus deta­lles, quedasen en ella algunos vacios que llenar, alunas de­ficiencias que salvar. Pronto la revision i aclaracion jeneral de la lei se hizo necesaria, i el proyecto titulado de i, Aclaraciones, presen­tado por el gobierno, vino a satisfacer, en parte, esta nece­sidad. (Lei de 17 de agosto de 1875.) Pero llegó el momento de ser sometida a la práctica. En­tonces se notaron nuevas deficiencias que fué indispensable salvar por medio de otras leyes promulgadas por telégrafo. Bajo el imperio de la nueva lei de elecciones i sus com­plementarias del mismo año se han efectuado las elecciones de Congreso i Municipalidades. Este primer ensayo ha ve­nido a manifestar, a la vez que la escelencia de los princi­pios que le sirven de base, la subsistencia de algunos defec­tos de detalle en su reglamentacion. Esponerlos, reuniendo mis observaciones en un solo cuer­po, e indicar los medios de remediarlos, son el objeto del presente trabajo, que no tiene otro fin que propender al per­feccionamiento de una lei tan importante.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo intenta realizar un análisis crítico a la Ley Nº 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral (LTLCGE), temática fundamental en una República Democrática como la constitucionalmente vigente en nuestro país, resultas de lo cual periódicamente el pueblo elector y soberano debe participar en las votaciones populares que la normativa constitucional taxativamente prevé, sea para elegir autoridades y representantes, sea para adoptar importantes decisiones plebiscitarias, y cuyo destino final suponga, en ambos casos, determinar las grandes directrices políticas de la nación estado y designar a sus conductores. Por lo demás, el tema propuesto toma particular relevancia en nuestro país por cuanto es en sede constitucional que se perfila el sistema electoral público. El gasto electoral, justamente, e influido el fenómeno por factores de diverso orden que tendremos la posibilidad de revisar, ha logrado un posicionamiento de opinión pública además de un ámbito de relevantes transferencias financieras y de dinero. Así, por ejemplo, el crecimiento económico sostenido que ha presentado nuestro país unido a la estabilidad de sus instituciones políticas, sociales y económicas; ocasiona la mayor confianza del inversionista y la correlativa generación de ingentes recursos económicos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con fecha 29 de noviembre del año 2012 se promulgó la Ley Nº 20.640 que “establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes” (en adelante la Ley), cuya publicación y entrada en vigencia tuvieron lugar el día 6 de diciembre del año 2012. Esta ley busca regular la participación de los partidos políticos en elecciones primarias para la nominación de candidatos a los cargos de Presidente de la República, Senador, Diputado y Alcalde. La ley contempla la opción de la existencia de pactos intrapartidarios, así como también la participación de candidaturas independientes patrocinadas, dejando a elección de los partidos políticos la norma que determinará el padrón electoral de los electores con derecho a sufragio (contenido en el artículo 20 de la Ley). Para el ejecutivo, la promulgación de esta Ley se justifica en la urgente necesidad de perfeccionar las instituciones democráticas. Esto, ya que en la actualidad existen diversos signos que vendrían a reflejar un posible debilitamiento de la institucionalidad, tales como (i) la baja en la participación electoral; (ii) el envejecimiento del electorado; y por sobre todo (iii) el aumento en la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos (Mensaje 119-359, 2011). Así, la ley que establece un sistema de elecciones primarias se enmarca dentro de una serie de reformas políticas adoptadas por el ejecutivo, dentro de las cuales se encuentra la ley de inscripción automática y voto voluntario, la elección directa de los Consejeros Regionales, la iniciativa ciudadana de ley y el incentivo a la realización de plebiscitos comunales. Dentro de esta serie de medidas, se considera especialmente relevante la institución de un sistema de primarias voluntarias y vinculantes para la selección de los candidatos a la mayoría de los cargos de elección popular, ya que ésta vendría a refrescar el proceso democrático del país, persiguiendo una mayor transparencia y representación de los partidos políticos. Todo lo señalado anteriormente hace necesaria la existencia de un análisis crítico de la Ley Nº 20.640 y de la realidad política en la que ella se inserta, ya que lo que motivó al legislador a dictar una ley que busca instaurar un sistema de elecciones primarias en nuestro país, nos obliga a analizar la presente ley no sólo desde una óptica jurídica, sino también desde la óptica de las ciencias políticas y de la realidad política y electoral actual. Es por eso que el presente trabajo tendrá por objeto la realización de un análisis crítico de la ley en cuestión con especial énfasis en la génesis de la misma, que es donde se insertan las diversas discusiones en torno a la realidad política actual y a la necesidad de fortalecimiento del sistema democrático y electoral

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Si bien se han suscitado en el último tiempo varias discusiones en torno al sistema electoral chileno -que incluso originaron determinadas reformas legales tales como la inscripción automática de los ciudadanos en el Registro Electoral, la voluntariedad del voto y la implementación de mecanismos para ejercer el derecho de sufragio desde el extranjero-, poco se ha discutido respecto de un grupo amplio de personas que se ven restringidas de ejercer su derecho constitucional de sufragio: las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios. En este trabajo pretendemos abarcar la situación actual del derecho de sufragio de este grupo de individuos, distinguiendo la situación de aquellos ciudadanos que se ven impedidos de ejercer el derecho de sufragio que detentan, de quienes se ven impedidos porque la Constitución Política de la República de Chile les suspende tal derecho y de quienes pierden su calidad de ciudadano de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y consecuencialmente, pierden su derecho de sufragio. Sostendremos que ambas situaciones deben ser urgentemente revisadas por el Estado de Chile para tomar las medidas pertinentes en orden a, por un lado, velar porque aquellas personas que detentan el derecho constitucional de sufragio efectivamente puedan ejercerlo, no obstante privados de libertad en establecimientos penitenciarios, y, por otro lado, acabar con la exclusión de la democracia y la ciudadanía que se ha plasmado en grupos vulnerables.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El artículo 16 numeral 2° de la Constitución Política de la República dispone la suspensión del derecho de sufragio respecto de la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. A partir de lo anterior, nuestra hipótesis consiste en que dicha suspensión, al imponerse antes de que la persona sea condenada por sentencia firme dictada en proceso penal, constituye una pena anticipada vulneratoria de la presunción de inocencia, principio que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico al encontrarse consagrado en tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentran vigentes. Será en este contexto que el objeto del presente trabajo, una vez determinado el carácter de derecho fundamental que reviste el sufragio, se centra en un análisis tanto histórico como semántico del artículo 16 numeral 2°, así como también en las consecuencias que su redacción genera en el trato de inocente que debe recibir el imputado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar el reconocimiento normativo y práctico de los derechos de sufragio y de petición de las personas privadas de libertad en Chile. Para el análisis normativo, se ha realizado una extensa revisión bibliográfica, que incluyó textos legales y literatura relacionada publicados en nuestro país. Su objetivo fue constatar si existe o no una regulación explícita que tutele el ejercicio de los derechos fundamentales de sufragio y petición en las personas privadas de libertad, y si existe información acerca del modo en que dichos derechos se están ejerciendo. El análisis práctico, por su parte, se ha realizado a partir de la información obtenida desde 4 entrevistas realizadas a autoridades del Poder Judicial, el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) y Gendarmería de Chile, en las que se recogieron sus percepciones acerca del estado actual en que se encuentran la normativa y el ejercicio de ambos derechos. Para complementar lo anterior, se describe y analiza la situación normativa del Derecho comparado y el ejercicio concreto de los derechos fundamentales mencionados en Colombia y España, seleccionados por las buenas prácticas en estas materias. Se concluye que aun existiendo un reconocimiento normativo, éste es en extremo escaso, lo que trae aparejado, como consecuencia, la inobservancia en la práctica de ambos derechos fundamentales. Finalmente, se proponen formas de mejorar la condición actual de las personas privadas de libertad, en cuanto al ejercicio de los derechos analizados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El esquema de trabajo contempla cinco capítulos de desarrollo de la materia para finalizar con la exposición de las conclusiones. El primer capítulo explica la relevancia de la protección del derecho de acceso, expone una crítica a la técnica legislativa del doble articulado utilizada en esta normativa, y en general contextualiza el marco regulatorio expuesto por dicha ley. El segundo, tercer y cuarto capítulo, tratan cada uno en forma separada el Régimen Especial de Transparencia que rige al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Calificador de Elecciones, respectivamente. Cada uno de estos capítulos incluye la exposición del marco normativo de transparencia aplicable, un análisis de transparencia activa, un análisis de transparencia pasiva, y una descripción y crítica de las respectivas acciones legales. Finalmente, el capítulo quinto de esta tesis tiene como objetivo dar cuenta de los estándares de transparencia exigidos por el derecho internacional y la experiencia comparada. En resumen, en atención a la importancia del derecho fundamental de acceso a la información pública y a la obligación impuesta por la Constitución a todos los órganos del Estado de respetar y garantizar este derecho, esta memoria tiene como propósito realizar un análisis completo de estos regímenes especiales de transparencia, con la finalidad de examinarlos y verificar si su regulación especial encuentra una legítima justificación y si contribuye o no a dar un real cumplimiento y protección del derecho de acceso a la información, en conformidad a lo dispuesto por nuestra Carta Fundamental y los estándares de transparencia del derecho internacional