Magíster en Ciencias, Mención Computación / En América Latina y alrededor del mundo las iniciativas de transparencia y gobierno abierto han aumentando en los últimos años. Los gobiernos están publicando datos abiertos para transparentar su administración, apoyar la toma de decisiones y promover el desarrollo. Es por ello, que los datos abiertos se han convertido en objeto de análisis y estudio. Esta tesis aborda el estudio de la apertura, capacidad de reutilización y accesibilidad de datos abiertos en algunos gobiernos de América Latina. En la primera parte de este trabajo se desarrolla el tema de datos, información y conocimiento, enfatizando las diferencias entre datos e información. También se profundiza en el tema de transparencia y su relación con la corrupción, el acceso a la información pública y el gobierno abierto. Posteriormente, se realiza una revisión bibliográfica sobre datos abiertos y gobierno abierto. También se estudian los usuarios de datos abiertos. Además, se plantean los posibles tipos de usos que los usuarios les pueden dar a los datos abiertos. Se hace una revisión de la literatura sobre dimensiones de datos (en sistemas de información cerrados) y a partir de ellas se propone dimensiones para los datos abiertos. Por otro lado, se realiza una revisión de la literatura sobre las métricas de evaluación de portales e información de transparencia. Considerando las dimensiones de datos abiertos planteadas, se propone una metodología genérica y métricas que permitan evaluar el nivel de apertura, usabilidad y accesibilidad de los datos de gobierno, particularmente los de transparencia. Por último, se valida la metodología evaluando el nivel de apertura, capacidad de reutilización y accesibilidad de los conjuntos de datos abiertos publicados en los sitios de transparencia de los gobiernos de Chile, Costa Rica y Uruguay. En la validación también se evalúan algunos sitios de estadística de los gobiernos que poseían datos abiertos. Esta validación concluye con un informe preliminar sobre datos abiertos de esos gobiernos, y con algunas recomendaciones sobre la publicación datos abiertos por parte de los gobiernos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objeto determinar si el actual diseño legislativo de la Ley Nº 20.285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante “Ley de Transparencia”, es efectivamente útil para el asentamiento en nuestro país de una cultura de ética pública y anticorrupción, al consagrar y regular de manera específica el principio de transparencia y el derecho fundamental de acceso a la información pública. Para tal fin, se hizo un análisis descriptivo de las disposiciones de la Ley de Transparencia, además de un análisis comparativo de sus disposiciones con las de otros cuerpos legales, vigentes y derogados en la medida de lo necesario. Del análisis realizado se llegó a 86 conclusiones que en general pueden resumirse en que si bien la Ley de Transparencia constituye un gran avance para la construcción de una cultura de ética pública, su actual redacción no es suficiente para alcanzar dicha meta, por lo que es necesario introducirle mejoras en pos de tal fin.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La consagración constitucional de los derechos humanos es un componente indispensable de todo Estado de Derecho, en que las acciones de los gobernantes se encuentran sujetas a lo dispuesto en su legislación y al respeto de los derechos reconocidos a toda persona. Estos dos límites constituyen el marco dentro del cual el Estado puede actuar válidamente. Esta memoria busca contestar la siguiente pregunta: ¿Es necesaria la consagración del Derecho de Acceso a la Información Pública en la Constitución Política de la República?

La presente tesis propone analizar la importancia que representa un buen gobierno corporativo dentro de las empresas y, en consecuencia, el impacto que puede generar la aplicación de este tipo de organización institucional en la confianza en los actores inversionistas y en la economía como un todo. En la primera parte del trabajo se desarrolla las bases teóricas y conceptuales del gobierno corporativo, pretende establecer los rasgos que lo definen, su importancia desde el punto de vista empresarial, sus características, entre otros. En la segunda sección desarrollaremos el papel de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), abordaremos la normativa del gobierno corporativo a la luz de los cambios que han operado a lo largo de su regulación sobre Buen Gobierno Corporativo, y revisaremos sus antecedentes en el Perú y su regulación hoy en día. Por otro lado, analizaremos la regulación sobre gobierno corporativo en países como Colombia y Chile, con especial énfasis se menciona la legislación en relación a gobierno corporativo, en los referidos países. Finalmente, en la tercera sección se analizarán los cambios recientes en la regulación sobre Gobierno Corporativo, y se desarrollan dos instrumentos de vital importancia para las sociedades; estos instrumentos normativos contienen políticas de Buen Gobierno Corporativo que toda sociedad debe adoptar, a fin de adaptarse a los nuevos cambios. / Tesis

Tesis para optar al grado de Magíster en Administración (MBA) / No disponible a texto completo / La promulgación y entrada en vigencia en abril de 2009 de la Ley 20285 de transparencia y acceso a la información pública obliga a los órganos del Estado a disponer de herramientas y formas expeditas y rápidas, que atiendan y respondan los requerimientos que cualquier ciudadano u organización realice acerca de información que el organismo posea y administre. La aplicación de esta normativa encuentra a los órganos del Estado en una situación de precariedad estructural compleja de resolver en cuanto a la capacidad de responder a los requerimientos de información, sobre todo con aquella dimensión que se denomina Transparencia Pasiva y que se refiere a la información histórica acumulada por años en forma física, comúnmente sin respaldo y sin posibilidad de acceso rápido y expedito a ella. En las primeras 32 semanas de vigencia de la ley, según el informe n°8 de la Comisión de Probidad y Transparencia1 de noviembre de 2009, se han registrado 22073 solicitudes de información realizadas por ciudadanos y organizaciones a los diversos órganos del ejecutivo a los que se les aplica la norma, excluyendo a los municipios. De la investigación realizada (ver anexo 3) se desprende que no han tenido mayor dificultad para responder en tiempo y oportunidad cuando la información requerida corresponde a una antigüedad no mayor a 3 años. Esta situación se revierte cuando la información tiene una antigüedad superior a los 3 años. Y mientras más antigua es la información solicitada, más dificultoso es responder al requerimiento en forma rápida, eficiente y confiable. Para abordar esta necesidad Digital Systems, empresa orientada al desarrollo de tecnologías de la información y al diseño de sistemas de administración y procesamiento de datos para las empresas y organizaciones en general, ha diseñado una solución tecnológica para responder a la obligación que genera la 1 Informe n°8: http://www.leydetransparencia.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=7 Diciembre 30, 2009 Digital Systems Plan de Negocios MBA -ICCI 3 Ley de Transparencia a los órganos del Estado, específicamente las obligaciones que están asociadas a Transparencia Pasiva. El servicio consiste en el desarrollo de una Biblioteca Digital en la que se almacena la información documental, la que se organiza según una estructura y se le implanta un motor de búsqueda que permite realizar búsquedas exactas y rápidas. El mercado lo constituyen inicialmente los cerca de 620 órganos del Estado definidos por la normativa (ver anexo 2). Posteriormente ampliaremos la operación a las demás organizaciones públicas que no están sujetas a esta obligación (empresas públicas, poder judicial, poder legislativo y órganos contralores) y a las organizaciones privadas que operan en Chile y en países de Latino América para las que una solución como la planteada puede representar una solución que agrega valor a sus operaciones. La propuesta de valor se basa en que genera ahorros de dinero por la eliminación del almacenamiento de documentos físicos que implica; permite ahorros de espacio por el que se libera generando usos alternativos; y de tiempo por la posibilidad de encontrar rápidamente lo que se requiere. Esto redundará en no sólo cumplir con la ley y disminuir costos, sino que cumplir con calidad, promoviendo el uso de tecnología para el servicio más eficiente y expedito de los usuarios. Requiere de baja inversión; tiene buen retorno, proyectándose utilidades desde el año 2 de operación por más de $30 millones, superando el año 4 los $100 millones. Se ha transformado en una necesidad creciente para los órganos del Estado por la obligatoriedad de la norma y la inexistencia de diseño y sistemas para gestionar dicha información. Diciembre 30, 2009 Digital Systems Plan de Negocios MBA -ICCI 4 El equipo gestor cuenta con experiencia en el diseño y desarrollo de sistemas documentales digitales y bases de datos electrónicas, además del conocimiento de los clientes y de su estado de necesidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El esquema de trabajo contempla cinco capítulos de desarrollo de la materia para finalizar con la exposición de las conclusiones. El primer capítulo explica la relevancia de la protección del derecho de acceso, expone una crítica a la técnica legislativa del doble articulado utilizada en esta normativa, y en general contextualiza el marco regulatorio expuesto por dicha ley. El segundo, tercer y cuarto capítulo, tratan cada uno en forma separada el Régimen Especial de Transparencia que rige al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Calificador de Elecciones, respectivamente. Cada uno de estos capítulos incluye la exposición del marco normativo de transparencia aplicable, un análisis de transparencia activa, un análisis de transparencia pasiva, y una descripción y crítica de las respectivas acciones legales. Finalmente, el capítulo quinto de esta tesis tiene como objetivo dar cuenta de los estándares de transparencia exigidos por el derecho internacional y la experiencia comparada. En resumen, en atención a la importancia del derecho fundamental de acceso a la información pública y a la obligación impuesta por la Constitución a todos los órganos del Estado de respetar y garantizar este derecho, esta memoria tiene como propósito realizar un análisis completo de estos regímenes especiales de transparencia, con la finalidad de examinarlos y verificar si su regulación especial encuentra una legítima justificación y si contribuye o no a dar un real cumplimiento y protección del derecho de acceso a la información, en conformidad a lo dispuesto por nuestra Carta Fundamental y los estándares de transparencia del derecho internacional

La presente tesis propone analizar la importancia que representa un buen gobierno corporativo dentro de las empresas y, en consecuencia, el impacto que puede generar la aplicación de este tipo de organización institucional en la confianza en los actores inversionistas y en la economía como un todo. En la primera parte del trabajo se desarrolla las bases teóricas y conceptuales del gobierno corporativo, pretende establecer los rasgos que lo definen, su importancia desde el punto de vista empresarial, sus características, entre otros. En la segunda sección desarrollaremos el papel de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), abordaremos la normativa del gobierno corporativo a la luz de los cambios que han operado a lo largo de su regulación sobre Buen Gobierno Corporativo, y revisaremos sus antecedentes en el Perú y su regulación hoy en día. Por otro lado, analizaremos la regulación sobre gobierno corporativo en países como Colombia y Chile, con especial énfasis se menciona la legislación en relación a gobierno corporativo, en los referidos países. Finalmente, en la tercera sección se analizarán los cambios recientes en la regulación sobre Gobierno Corporativo, y se desarrollan dos instrumentos de vital importancia para las sociedades; estos instrumentos normativos contienen políticas de Buen Gobierno Corporativo que toda sociedad debe adoptar, a fin de adaptarse a los nuevos cambios.

Para la Obtención del grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas / Una rápida lectura de cómo se manifiesta el Estado moderno en Chile, nos proporciona la conclusión de que se han incorporado diferentes agentes que colaboran con la función pública y que dichos agentes se encuentran interconectados. De esta diversidad y multiplicidad de vínculos se obtiene que la función pública tiene hoy más que nunca límites difusos con el sector privado. Ya quedó obsoleta una visión piramidal de la estructura del Estado, para dar paso a modernas teorías que visualizan más bien una red de influencia recíproca, donde operan entidades de diversos ámbitos, con diferentes intereses y tamaños, nacionales e internacionales. En un contexto de corrupción del Estado y específicamente en relación a la participación en el delito de Cohecho que pueda involucrar al sector público, se hace necesario encontrar una definición de función pública y de agentes de la Administración pública, que resulte aplicable a todos aquellos agentes del Estado y colaboradores que por su falta de probidad puedan afectar el correcto funcionamiento de la Administración, así como también identificar las figuras contractuales y plataformas donde actualmente es posible ver la forma como se está vinculando el Estado con los particulares, en qué modo el Estado chileno previene la corrupción y un análisis de la legislación que regula el cohecho y la penalización de las personas jurídicas dados los vínculos, relaciones y canales de comunicación que actualmente se dan entre la ciudadanía y la Administración 8 Pública. En el presente trabajo se precisa analizar la legislación que penaliza a las personas jurídicas por el delito de cohecho y encontrar contextos, regulaciones y procedimientos y luego tratar de llegar a áreas problemáticas, por ejemplo, en cuanto a la interacción de las personas jurídicas con el Estado o en cuanto a las circunstancias bajo las cuales la ciudadanía organizada puede desempeñar la función pública. Si se entiende que las personas jurídicas forman parte de la Administración Pública en un sentido puramente funcional, es decir, porque las actividades que realicen satisfacen las necesidades y servicios que un sector u organismo del Estado está llamado a otorgar a los ciudadanos, podemos incluir a una gran cantidad de agentes que en forma permanente o esporádica, pagados con fondos públicos o no y que además, no necesariamente se rigen directamente por la LOC de Bases de la Administración del Estado. La falta de probidad de agentes “funcionales” pero no “formales”, en algunos casos pudiera afectar la correcta prestación del servicio, pero no podría imputárseles necesariamente un incumplimiento a la Ley o pretender de ellos una responsabilidad mayor a la específica actividad comercial, laboral o incluso voluntaria que desempeña. Sin embargo, es una definición funcional de empleado público la que otorga el artículo 260 del Código Penal (CP), aplicable a todas las personas imputadas por delitos funcionarios del Título V del Libro II del CP, incluyendo el Cohecho. En su aplicación pueden darse un sin fin de situaciones donde se hace necesario 9 analizar los contratos que las personas jurídicas firman antes de desempeñar una función pública. Por otro lado, tampoco resultaría aplicable una definición meramente formalista de agente de la Administración Pública en el escenario actual, en el sentido de que solamente aquellas personas, jurídicas o naturales que forman parte de un escalafón funcionario dentro de la estructura de un organismo del Estado, nombradas con las formalidades y por la autoridad que señala la ley, ejercerían la función pública, ya que tampoco parece realista dadas las figuras actuales de participación del sector privado en la función pública como la tercerización, subcontratación, proyectos con fondos del Estado, concursos y licitaciones y otras ampliamente extendidas en el escenario actual. Por lo tanto, esta tesis analiza las reformas en el ámbito de la penalización de las personas jurídicas y pone acento en uno de los delitos por los cuales actualmente son sancionables las personas jurídicas en Chile, como es el Cohecho y cómo son sancionables las personas jurídicas que participen de dicho delito. Junto con esta problemática respecto a la real participación del sector privado como agentes de la función pública, existe otra, en relación a abordar el problema dogmático que debió enfrentar el legislador penal al hacer imputables por el delito de Cohecho y otros delitos a las personas jurídicas por virtud de la Ley 20.393. Hay ciertos temas que tienen relación con lo anterior, como por ejemplo, si las personas jurídicas deben o no resultar beneficiadas por la comisión del delito y 10 cómo deben cumplir con el deber de supervisión y administración como una de las condiciones de inimputabilidad. En el análisis son relevantes dos tratados internacionales anticorrupción ratificados por Chile. Resulta interesante reflexionar respecto al objetivo principal de dichos tratados, que es la lucha contra la corrupción, y cómo en Chile se ha modificado la legislación para dar cumplimiento a los tratados. Los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile que buscan combatir la corrupción y que dieron al legislador chileno un mandato para que modifique las normas referidas al delito de Cohecho y a la imputabilidad de las personas jurídicas, son principalmente dos: la Convención Interamericana de Derechos Humanos contra la corrupción de 1996 y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de 2003, cada uno de los cuales tiene su propia definición de función pública que coincide con la definición del CP chileno y señalan directrices y procedimientos que los países miembro deberían implementar para combatir la corrupción. Junto con la búsqueda de una coherencia legislativa para cumplir con el mandato de los tratados interacionales mencionados, en el ámbito de la Administración Pública en Chile desde hace años se presenta un esfuerzo por digitalizar los procedimientos y organismos estatales y también por transparentar la información pública. Dos importantes leyes que se relacionan con este esfuerzo son, por ejemplo, la Ley de Transparencia de 2008 y la nueva Ley del Lobby de 2014, que se analizarán también como anexos en esta tesis junto con la Ley 11 20.500 relacionada con la protección de la probidad y la participación ciudadana. También resultan importantes los actuales procesos de compra y licitaciones, así como el espacio que el particular sistema chileno da a los "proyectos con fondos del Estado”, lo que también pudiera tener importancia con la investigación del delito de Cohecho y con las personas jurídicas que participan de estos procesos. Por lo tanto, en el presente trabajo interesa el análisis del tipo Cohecho y legislación y reformas relacionadas con este delito, la reforma que hizo imputables a las personas jurídicas respecto de dicho delito, también el análisis del especial sistema de organización del Estado chileno, para lo cual me apoyaré en las páginas web oficiales de los diferentes organismos del Estado, además de la legislación y los tratados internacionales anticorrupción mencionados que han inspirado las reformas.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En una licitación pública la propuesta técnica presentada por los oferentes resulta fundamental a la hora de determinar la contratación administrativa de bienes y servicios para el Estado; dicho documento, en ciertos casos, contiene antecedentes cuyo público conocimiento puede afectar sus derechos (e intereses legítimos) comerciales y económicos. Frente a dicha problemática, el ordenamiento jurídico contempla la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre ellos, el secreto comercial cuya regulación influencia aquella que es propia del Derecho Administrativo. La eventual colisión entre ambos bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, la transparencia en su dimensión del derecho de acceso a la información y los derechos subjetivos económicos y comerciales, se ha resuelto casuísticamente por el Consejo para la Transparencia en aplicación de la excepción contenida en el número 2º del artículo 21 de la Ley Nº 20.285, cuyo argumento ha devenido en el asentamiento de criterios orientadores para efectos de determinar la procedencia de dicha causal de reserva, que incorpora normas de carácter constitucional, legal y reglamentaria, y un análisis en concreto sobre la naturaleza de la información y su posición en el mercado.

Brazilian municipalities are required to prepare and publish financial statements and make them available to everyone through electronic media. Therefore, the objective of this research is to verify whether the municipalities of Greater Florianopolis Region published their financial statements (2000-2013) on internet, these reports were prepared in compliance with Act 4,320/1964 and the Fiscal Responsibility Law (FRL). Checklists were developed to organize the financial statements in the official websites of 22 municipalities. According to the research crite- ria, there was a low level of availability of balance sheets (Act 4,320/1964) and financial statements of the Fiscal Management Report (RGF) and the Summary Report of Budget Execution (RREO). The absence of balance sheets publications was 86.36%, 92.21% for RGF’s financial statements, and 92.86% for the RREO’s financial statements. More than half of the analyzed municipalities did not issued any financial statements on the Internet. / Los municipios brasileños están obligados a preparar y publicar estados financieros y ponerlos a disposición del público a través de los medios electrónicos. Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo comprobar si se publican en Internet los estados financieros elaborados por los municipios de la Región Gran Florianópolis, según la Ley 4.320/1964 y la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) para los años 2000-2013. Se desarrollaron listas de verificación para organizar los esta- dos financieros en las páginas web de los 22 municipios. Según el criterio de evaluación, hubo una baja disponibilidad en Internet del balance financiero de la Ley 4.320/1964, de los estados financieros del Informe de Gestión Fiscal (RGF) y del Informe del Análisis de Ejecución Presupuestaria (RREO). La ausencia de publicaciones de balances financieros fue 86,36%, 92.21% de los estados financieros del RGF, y 92,86% para los estados financieros del RREO. Más de la mitad de los municipios analizados no publicó ningún estado financiero en Internet. / Os municípios brasileiros são obrigados a elaborar e a publicar demonstrativos contábeis e disponibilizálos em meios eletrônicos de acesso público. Neste contexto, o objetivo deste artigo é verificar se estão publicados na internet os demonstrativos contábeis elaborados pelos municípios da Região da Grande Florianópolis em atendi- mento à Lei n.º 4.320/1964 e à Lei de esponsabilidade Fiscal (LRF), referentes aos anos de 2000 a 2013. Foram elaborados checklists para organizar a observação dos demonstrativos contábeis nos sítios eletrônicos oficiais dos 22 municípios. Constatou-se um baixo nível de disponibilização na internet tanto para os balanços da Lei n.º 4.320/1964 quanto para os demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e do Relatório Resumido de Exe- cução Orçamentária (RREO), conforme o critério da pesquisa. A ausência das publicações foi de 86,36% para os balanços da Lei n.º 4.320/1964, de 92,21% para os demonstrativos do RGF, e de 92,86% para os demonstrativosdo RREO. Mais da metade dos municípios analisados não publicou demonstrativos na internet.