Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación que a continuación presentamos, tiene por objeto analizar las percepciones de la cultura jurídica chilena respecto tres instituciones penales de gran relevancia en nuestro sistema penal chileno; dos de ellas corresponden a claras limitaciones del ius puniendi estatal. Por una parte, la prescripción penal, institución que extingue la posibilidad de persecución penal por haber transcurrido un determinado lapso de tiempo y en concomitancia con ciertos requisitos legales, y por otra, ciertas facultades discrecionales en la persecución penal que el nuevo sistema penal pone a disposición de los fiscales, por medio de las cuales puede eventualmente cesar la persecución de ciertos delitos. Por último, se analiza un principio clásico del derecho penal, el principio de presunción de inocencia. Como explica COSTA CARHUAVILCA1, aun cuando muchos sostienen que el principio de presunción de inocencia se trata de algún beneficio a favor del reo o una prebenda legislativa para “favorecerlo”, corresponde más bien a un límite de la actividad sancionatoria del Estado, dado que garantiza la libertad del acusado frente al interés colectivo de la represión penal. Este estudio es, por sobre todo, un estudio sobre ciertas limitaciones que nuestro sistema jurídico contempla respecto de la persecución penal estatal, sea como extinción de la misma en el primer caso, como facultad de ejercerla en el segundo, o como garantía en la tercera

La administración del Estado para cumplir con sus fines, se ha visto en la necesidad de incorporar potestades sancionatorias a un número cada vez mayor de sus órganos.Un ejemplo de esta situación es el notorio aumento de las Superintendencias en nuestro país, instituciones emblemáticas al momento de imponer sanciones. Aunque existen cuestionamientos acerca de la legitimidad de esta facultad del Estado de imponer sanciones, no podemos reconocer que es una realidad innegable. Es por ello que resulta cada vez más importante delimitar el ejercício de esta función, con mayor razón si, las sanciones impuestas siempre provocan un gravamen para los administrados, lo que puede ser reflejado en perjuicios monetarios o en ciertas restricciones no menores

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El artículo 16 numeral 2° de la Constitución Política de la República dispone la suspensión del derecho de sufragio respecto de la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. A partir de lo anterior, nuestra hipótesis consiste en que dicha suspensión, al imponerse antes de que la persona sea condenada por sentencia firme dictada en proceso penal, constituye una pena anticipada vulneratoria de la presunción de inocencia, principio que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico al encontrarse consagrado en tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentran vigentes. Será en este contexto que el objeto del presente trabajo, una vez determinado el carácter de derecho fundamental que reviste el sufragio, se centra en un análisis tanto histórico como semántico del artículo 16 numeral 2°, así como también en las consecuencias que su redacción genera en el trato de inocente que debe recibir el imputado.