En el Perú, las contrataciones públicas son la actividad más importante del Estado para adquirir bienes, servicios y ejecutar obras. Sin embargo, dicha actividad enfrenta un desafío: la corrupción. En particular, a nivel sub-nacional, las compras irregulares han involucrado a autoridades Regionales y Locales por colusión, sobornos y presupuestos ficticios. En ese contexto, esta investigación tiene como unidad de análisis los Gobiernos Regionales de Callao y Ancash, durante las gestiones de Félix Moreno, y César Álvarez (2010-2017), quienes se encuentran involucrados en el caso Odebrecht. La constructora brasileña habría realizado una serie sobornos a los exgobernadores regionales mediante un esquema sumamente complejo de corrupción a cambio de ganar licitaciones, luego inflar sus costos con numerosas adendas, y repetir el ciclo de corrupción. Por ello, esta investigación pretende responder qué factores explican el funcionamiento de los mecanismos de corrupción de Odebrecht para adjudicarse contrataciones públicas de infraestructura en dichos gobiernos regionales (2010-2017). Se sostiene que la colusión entre políticos y empresarios depende de tres factores: i) eficacia del contratista, ii) contactos en el Estado y la Sociedad y iii) sofisticación del mecanismo de corrupción. De esa manera, dichos mecanismos pueden funcionar para obtener la buena pro, incluso con el cumplimiento de entrega de la obra en el tiempo acordado. El diseño de investigación es de tipo cualitativo, el cual realiza entrevistas semiestructuradas, revisión de documentos fiscales, judiciales y contractuales. Así, esta investigación pretende entender las dinámicas de corrupción en las contrataciones del Estado: un concurso sin competencias

La información que llega a las personas de a pie sobre corrupción, falta de ética, comportamiento amoral o abiertamente inmoral de algunos servidores y funcionarios públicos puede provocar, por un lado, indignación, que se expresa en sentimientos de rabia y diferentes formas de protesta; y, por otro lado, desinterés y hasta desprecio por los asuntos públicos.

Desde mediados del año 2000, luego que salieran a la luz diversos escándalos durante el gobierno de Alberto Fujimori que permitieron descubrir una compleja red de corrupción que capturó a diversas entidades del Estado a distintos niveles, surgieron una serie de iniciativas de política vinculadas con la lucha contra la corrupción. Una de las instituciones que estuvo inmersa en casos de gran corrupción durante la década del 90 y se posicionó como una entidad con alta vulnerabilidad a la incidencia de casos de pequeña corrupción fue la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –SUNAT. Por ello, desde el 2012 se puso en funcionamiento la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción, la cual tiene por objetivo el desarrollo de acciones de prevención y control de la corrupción dentro de los procesos institucionales de la entidad. La presente investigación tiene como objetivo explicar los alcances de los mecanismos de coordinación gubernamental en la implementación de políticas de control de la corrupción en la SUNAT durante el periodo 2012 - 2015. Según los resultados de la investigación, las principales limitaciones están relacionadas con el solapamiento de distintos dispositivos de política anticorrupción, vacíos dentro del funcionamiento del Órgano de Control Institucional - OCI, ineficientes sistemas de medición e identificación de riesgos de corrupción y desiguales capacidades técnicas entre las áreas encargadas de la política y las unidades operativas.

Ante la situación actual que atraviesan las empresas a nivel nacional e internacional frente a la comisión de actos de corrupción vinculados a la actuación de sus trabajadores, adquiere relevancia el análisis acerca de la necesidad o no de implementar programas de cumplimiento normativo (Compliance), en los términos establecidos en la reciente Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, y sus modificatorias. A partir de ello, se desprende que las empresas públicas deberán analizar, considerando los beneficios o desventajas, si tal medida resulta eficiente. Asimismo, se analiza la naturaleza y alcances del Compliance, a fin de determinar si existe un posible conflicto de competencia con las funciones del Sistema Nacional de Control. Finalmente, se proponen recomendaciones e incentivos a fin que las empresas públicas implementen tal iniciativa, pese a que la normativa no lo regula como una obligación. / Given the current situation of companies at national and international level against the commission of acts of corruption linked to the performance of their workers, the analysis of the need or not to implement regulatory compliance programs becomes relevant, in the terms established in the recent Law Nº 30424, Law that regulates the administrative responsibility or legal persons for the crime of transnational active bribery. From this, it follows that public companies must analyze, considering the benefits or disadvantages, if such a measure is efficient. Besides that, the nature and scope of Compliance is analyzed, in order to determine if there is a possible conflict of competence with functions of the National Control System. Finally, recommendations and incentives are proposed so that public companies implement such initiative, although the regulations do not regulate it as an obligation. / Trabajo de investigación

Durante la década de los noventa en el Perú no se contaba con un sistema de contrataciones del Estado, solo había una serie de disposiciones aisladas que regulaban la contratación pública. La disparidad de las normas (muchas de ellas emitidas atendiendo a situaciones específicas) no permitía que existiera un procedimiento claro para la ejecución y control adecuado del gasto público en lo que a bienes, servicios y obras públicas se refiere, lo cual facilitó los actos de corrupción en el sector público. En el año 1998 entró en vigencia la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con lo que se dio inicio al proceso de unificación de la normativa y de los regímenes coexistentes hasta entonces, creándose el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE (hoy OSCE).

La Municipalidad Distrital de San Marcos cambió de una etapa de escasez económica a una etapa de bonanza económica (Salas, 2011): pasó de recibir 400 mil soles en el año 2005 a 211.3 millones de soles en el año 2007, y un promedio de 115 millones de soles por año en el periodo 2010-2012 por concepto del canon minero (CEDEP, 2010; Instituto Nacional de Estadística, 2012; MIM, 2012), situación que ha configurado una nueva realidad política, social y económica en la población sanmarquina. Asimismo, esta realidad económica ha despertado intereses personales y de grupo en un sector de la población por ejercer cargos políticos en la municipalidad y así poder ser parte de los funcionarios que administran o toman decisiones sobre el abultado presupuesto municipal, sin importar, en muchos casos, si se adecúa o no a las normas o a los intereses de la ciudadanía.