La presente investigación doctoral fue elaborada en el año 2006 y reformulada en diciembre de 2010, elegí el tema “LA INFRACCION DEL DEBIDO PROCESO EN PROCESOS POR TERRORISMO” porque durante siete años [1998 a 2004] trabajé en la Sala Penal Nacional para casos de Terrorismo donde tuve la oportunidad de presenciar el juzgamiento de procesados por este delito, como el caso Lori Berenson Mejía en el nuevo juzgamiento llevado a cabo por los Jueces del Poder Judicial, así como viajar a diversos Establecimientos penales país, entre ellos, a Challapalca, Yanamayo, Quencoro, Cachiche, para llevar a cabo juicio orales por delito de terrorismo, así también desempeñar el cargo de Coordinadora a Nivel Nacional a raíz de la promulgación de los Decretos Legislativos 922 y 926 que declaró la nulidad de los procesos por delito de traición a la patria llevados a cabo por el fuero militar, el primero, y la nulidad de los juzgamientos llevados a cabo por los jueces sin rostro del Poder Judicial, el segundo, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad realizada por el Tribunal Constitucional, por lo que se me encargó primero conocer todos los casos que se tramitaron en el fuero privativo militar por delito de traición a la patria, siendo un total de 306 expedientes, para luego se proceda a declarar la nulidad del proceso y dictar un nuevo auto de inicio del mismo, asimismo conocer todos los procesos que a nivel nacional habían sido sentenciados por delito de terrorismo por jueces sin rostro del Poder Judicial para iniciar un nuevo juzgamiento respetando las reglas del debido proceso tal como lo dispusieron tanto las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como las diversas sentencias del Tribunal Constitucional Peruano. Este tema lo considero de mucha importancia porque es a partir de los casos por delito de terrorismo que los operadores jurídicos le dan una real dimensión a la aplicación de las reglas del debido proceso en un procedimiento penal, ya que antes de ello por ejemplo la motivación de resoluciones judiciales era nula o escasa, como en el caso, de las Ejecutorias de la Corte Suprema en la que la fundamentación se reducía a mostrarse conforme con lo opinado por el fiscal supremo en un no haber nulidad, sin explicar las razones de su decisión, así ocurrió también al momento de fundamentar un mandato de detención, no se explicaba las presencia de los tres presupuestos concurrentes para dictar detención, no se tomaba en cuenta que la detención era la excepción y la libertad la regla, tampoco se aplicaba el principio procesal del Non Bis In Idem el mismo que solo se aplicaba o conocía en su vertiente material y no procesal, desconociendo que con su aplicación se podía evitar la doble persecución múltiple o sucesiva de un proceso penal en trámite, tampoco se respetaba el derecho de defensa en sus diversas manifestaciones, de esta manera considero que conocer los principios procesales del debido proceso, nos permite administrar una justicia constitucionalizada, aún cuando contemos con normas inconstitucionales, como en el caso de los procesos sumarios. En este orden de ideas, debo señalar que el manejo de estos principios procesales, me han servido de guía para resolver casos penales cuando se presentaban vacíos legales en la aplicación de las normas procesales, en mi condición de Juez Especializado en lo Penal Titular de la Corte Superior de Justicia de Loreto .

No description available.

Un análisis desde el Derecho internacional general y el Derecho internacional de los derechos humanos nos permite vislumbrar la constitución de la obligación internacional del Estado de judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos. Esta obligación nace de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad del Estado por un sub-grupo de hechos internacionalmente ilícitos, es decir, las violaciones graves a los derechos humanos. El fenómeno que describimos se estructura jurídicamente a partir de la práctica jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha enriquecido el régimen jurídico de la responsabilidad internacional del Estado, estableciendo consecuencias jurídicas diferentes a las clásicas consecuencias reparatorias del Derecho internacional clásico. Así, cuando se configura la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos nace como obligación secundaria el deber del Estado de investigar, procesar y sancionar penalmente al responsable individual de la violación declarada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta obligación internacional del Estado ha sido calificada por Sergio García Ramírez, el actual presidente de la Corte, como el “Deber de Justicia Penal”. / Tesis

La presente Tesis titulada “El Principio de Imprescriptibilidad en los Delitos Contra la Humanidad en el proceso de Judicialización Peruano”, forma parte de una investigación desarrollada por varios años en que hemos estado inmersos en el proceso de judicialización de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco del conflicto armado interno que atravesó el Perú (1980-2000). A través de esta investigación presentamos y analizamos diversas corrientes y posturas que han sido adoptadas por la comunidad internacional en el tratamiento de estos crímenes. Además de presentar alternativas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos a fin de contribuir principalmente a erradicar los mecanismos de impunidad, a la integración del derecho nacional a los estándares internacionales en materia de derecho humanos, y a consolidar una formación de jurisprudencia sobre la materia. La investigación y procesamiento de crímenes contra los derechos humanos perpetrados en el periodo de violencia (1980-2000), se encuentran en estrecha relación con limitaciones de la acción penal: (i) la excepción de prescripción; (ii) la violación al principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal. La aplicación de las reglas de prescripción reguladas en el ordenamiento legal peruano no permite el procesamiento y condena de hechos que constituyen delitos contra la humanidad por lo que el simple paso del tiempo podría generar la impunidad de los crímenes más atroces y horrendos cometidos durante el proceso de violencia que vivió el Perú. Asimismo el procesamiento de estos crímenes como delitos comunes en aras de no violar el principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal limitaría el acceso a la justicia de cientos de victimas. En ese sentido, una solución, solo desde la perspectiva de la legislación nacional, sería la aplicación de otros tipos delictivos concretos de la Parte Especial del Código Penal (Ej. se puede recurrir al tipo de lesiones graves en vez del tipo penal de tortura). Sin embargo, esta solución no presenta la magnitud del hecho en tanto crimen contra los derechos humanos, y de otro lado, una de las consecuencias más graves es la aplicación de las reglas de prescripción correspondientes a estos tipos delictivos, que mayoritariamente tienen términos cortos para su prescripción, generando la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos. En ese sentido, la presente Tesis postula que en el análisis del procesamiento de crímenes contra los derechos humanos se debe atender a interpretaciones que integren el derecho nacional con el derecho internacional. Con ello no se pretende dejar de lado a la legislación nacional, todo lo contrario, se busca presentar respuestas concretas e integradas que argumenten en contra de la impunidad de estos actos.

Busca la verdad por el cual los procesos de terrorismo transgredieron el principio del debido proceso, a fin de determinar la importancia de este principio procesal en el tiempo, así como de incorporar un correctivo en la legislación peruana, acorde a los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos suscritos y aprobados por el Perú. Este tema es considerado de mucha importancia porque es a partir de los casos por delito de terrorismo que los operadores jurídicos le dan una real dimensión a la aplicación de las reglas del debido proceso en un procedimiento penal, ya que antes de ello por ejemplo la motivación de resoluciones judiciales era nula o escasa, como en el caso, de las Ejecutorias de la Corte Suprema en la que la fundamentación se reducía a mostrarse conforme con lo opinado por el fiscal supremo en un no haber nulidad, sin explicar las razones de su decisión, así ocurrió también al momento de fundamentar un mandato de detención, no se explicaba las presencia de los tres presupuestos concurrentes para dictar detención, no se tomaba en cuenta que la detención era la excepción y la libertad la regla, tampoco se aplicaba el principio procesal del Non Bis In Idem el mismo que solo se aplicaba o conocía en su vertiente material y no procesal, desconociendo que con su aplicación se podía evitar la doble persecución múltiple o sucesiva de un proceso penal en trámite, tampoco se respetaba el derecho de defensa en sus diversas manifestaciones, de esta manera considero que conocer los principios procesales del debido proceso, permite administrar una justicia constitucionalizada, aún cuando se contenga con normas inconstitucionales, como en el caso de los procesos sumarios. / Tesis

La sentencia Osorio Rivera y familiares vs. Perú, trata sobre un caso de desaparición forzada ocurrido en el año 1991; tuvo sentencia por la Corte IDH en el año 2013. Tiene relevancia analizar este caso hoy en día debido a los argumentos planteados por la Corte para sentenciar que, efectivamente, este es un caso de desaparición forzada y las medidas de reparación innovadoras que se dieron para los familiares. El objetivo principal de este trabajo es analizar los argumentos planteados por la Corte IDH para resolver las cuestiones de fondo: cómo se asevera, en este caso, que existió una desaparición forzada y la responsabilidad internacional del Estado peruano en ello; problemas jurídicos secundarios como: excepciones preliminares planteadas por el Estado peruano, los procesos llevados en el fuero interno, adaptación a los estándares internacionales del tipo penal de desaparición forzada en nuestra legislación a lo largo de este caso, los derechos de las víctimas y las medidas de reparación planteadas en la sentencia, en favor de los familiares de la víctima directa. Si bien hoy en día vivimos un contexto político, social, económico distinto al de aquella época, existe aún trabajo pendiente por parte del Estado y la sociedad para reparar y reconciliar a la población; la adaptación o no, del Derecho a dicha tarea repercute directamente en la posibilidad que tenemos, como sociedad, de adaptar nuestras instituciones (en todos sus ámbitos) a fin de asegurar y garantizar los Derechos Humanos y que crímenes como este no se vuelvan a repetir.