Cien años después de la primera Convención Internacional de 1912 de lucha contra las drogas ilícitas, se ha sucedido un intenso camino de tratados, programas, discursos y realidades, para luchar contra la producción de drogas y desde donde se ha llegado hasta la identificación del problema, focalizado en las distintas formas de criminalidad organizada. Aún, en la academia persiste la dificultad en la determinación de las complejas relaciones entre uso de drogas y criminalidad,2 a pesar de los esfuerzos internacionales por fusionarlos cada vez más a nivel ideológico, político, jurídico y discursivo. América Latina, los países de la región andina y el Perú, en particular, han sido testigos protagónicos de esta historia de creciente represión, con leyes especiales, modelos basados en el control de la oferta, presupuestos provenientes de la cooperación internacional, principalmente de Estados Unidos.  Treinta años después, estamos lejos de una respuesta final. Los países de América Latina hemos recibido presiones que pretenden librar una guerra permanente –muy  funcional  a  terceros  intereses  geopolíticos–  contra el flagelo del narcotráfico, pero con pobres resultados. En este trabajo, pretendo mostrar las desviaciones, errores y omisiones de esta hoja de ruta, así como un intento de alternativa para abordar este problema, ahora que existen condiciones de debate mayores.

Facing the phenomenon of organized crime, the criminal justice system for legal persons is confronted with the need to adapt the theoretical structures in order to provide an answer to the challenges rising from the high degree complexity and volatility, common qualities of the contemporary societies. t he modern legislations claim different solutions, such as the vicarious liability “act like someone else” or “be in someone else’s place”, which allows transferring the responsibility or guilt of a person. t his, among others, is recognized as a dual justice system. It is believed that a specific justice system for legal persons should be reached and, taking into account its peculiarities, make it coexist with the proper system for physical persons. / Frente al fenómeno de la criminalidad organizada, el sistema de imputación penal para las personas jurídicas se enfrenta con la necesidad de adecuar las construcciones teóricas a fin de brindar respuesta a los desafíos que emergen del alto grado de complejidad y volatilidad que caracteriza a las sociedades contemporáneas. e n las legislaciones modernas se han ensayado diversas soluciones, tales como el sistema vicarial “del actuar por otro” o “en lugar de otro”, que permite transferir a la persona jurídica la responsabilidad o culpabilidad de su representante; el reconocimiento de un doble sistema de imputación, entre otros. Creemos que debe avanzarse hacia un sistema específico de imputación para las personas jurídicas que atendiendo a sus particularidades coexista con el sistema propio para las personas físicas.

La presente investigación se enfocó en determinar cómo la aplicación mixta del injusto organizacional y personal en la criminalidad organizada contribuiría a imputar a sus miembros inactivos, por lo que se abordaron discordancias normativas respecto a la sanción en casos de organizaciones criminales, las cuales aplican sanciones tanto a nivel organizacional como personal. Asimismo, el estudio se centró en desarrollar la figura de imputación subjetiva sistémica, con el objetivo de aplicar de manera conjunta el injusto organizacional y el injusto personal en delitos de criminalidad organizada, con el propósito de prevenir la impunidad de los miembros inactivos que contribuyen al funcionamiento delictivo de la organización. Finalmente se aplicó un enfoque metodológico cualitativo para lograr estos objetivos, permitiendo una comprensión más profunda de las complejidades involucradas en la imputación de este tipo de delitos. / The present investigation focused on determining how the mixed application of organizational and personal injustice in organized crime would contribute to charging its inactive members, so normative discrepancies were addressed regarding the sanction in cases of criminal organizations, which apply sanctions both at an organizational and personal level. Likewise, the study focused on developing the figure of systemic subjective imputation, with the objective of jointly applying organizational injustice and personal injustice in organized crime crimes, with the purpose of preventing impunity for inactive members who contribute to the crime. criminal operation of the organization. Finally, a qualitative methodological approach was applied to achieve these objectives, allowing a deeper understanding of the complexities involved in the imputation of this type of crimes.