Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria expone el Derecho Administrativo Sancionador en su fase procedimental. Plantea que el ejercicio por la Administración de las potestades sancionadoras que la ley expresamente le ha atribuido, debe conformarse a un “debido procedimiento administrativo sancionador”, al que atribuye un marcado carácter garantista, pues, adhiriendo a lo planteado recientemente por el Tribunal Constitucional (STC Nº 2.682), este “es similar al penal”. Así, dicho procedimiento administrativo está integrado por principios tales como el derecho al juez natural, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser notificado de los cargos, el derecho a la prueba, la presunción de inocencia, el derecho al recurso, etcétera. Conforme a la “regla” que importa el “debido procedimiento administrativo sancionador”, en los términos antes referidos, analiza los procedimientos administrativos sancionadores específicos de las superintendencias en relación a tres aspectos críticos: delegabilidad de la potestad sancionadora (principio del juez natural), distinción entre órgano instructor y órgano sancionador (principio de imparcialidad) y ejecución del acto administrativo de sanción (mientras están pendientes recursos deducidos en su contra). Sobre el particular, advierte la existencia de sustantivas diferencias entre superintendencias, tanto normativas como prácticas, que estima inaceptables ya que algunas de ellas (a diferencia de otras) no observarían los principios que integran el debido procedimiento administrativo sancionador y, muy especialmente, por violentarse así el principio de la igualdad ante la ley entre quienes son perseguidos por superintendencias distintas, y más aún si se considera que estas, al menos nominalmente, tendrían la misma naturaleza jurídica. 6 Como solución sugiere el establecimiento de una ley con carácter general, o al menos en relación a las superintendencias, que establezca los principios del debido procedimiento administrativo sancionador, y por lo pronto, la aplicación, con carácter general, al menos en relación a ellas, de las disposiciones legales más conformes a dichos principios que contenga cualquiera de las leyes que individualmente las rige.

El presente informe tiene como objetivo presentar y analizar los principales problemas jurídicos del expediente N° 0061-2019-OEFA/DFAI/PAS, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en contra de Pan American Silver Huarón S.A. por la comisión de dos (2) presuntas infracciones, tras el reporte de la emergencia ambiental del 12 de diciembre de 2017, ocurrida en el depósito de relaves N° 5 de su unidad minera “Huarón”, ubicada en el distrito de Huayllay, provincia y departamento de Pasco. Sobre el particular, los principales problemas jurídicos que versan en el referido expediente son los siguientes: Determinar si la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos resolvió el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Pan American Silver Huarón S.A. vulnerando el principio de verdad material; Determinar si la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas inició el procedimiento administrativo sancionador en contra de Pan American Silver Huarón S.A. vulnerando el principio de tipicidad; y, Determinar si la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos resolvió el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Pan American Silver Huarón S.A. vulnerando el principio del debido procedimiento. / Trabajo de suficiencia profesional