El artículo parte de la premisa de que, si bien ya nadie discute si la administración puede regular el procedimiento administrativo, no se puede desconocer que el parlamento es el órgano competente para dictar las normas que reglamentan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos frente a la administración. Seguidamente, el estudio realiza un análisis de la armonización entre el principio de competencia y los de legalidad y eficiencia, y la importancia de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas las audiencias de este tipo. Finalmente, se desarrollan los principales aspectos de la relación entre el procedimiento administrativo y la tutela judicial efectiva, así como algunas nuevas funciones del procedimiento administrativo como la información y el consenso